La crucial españolidad de Abengoa

Sevilla/En un mes y una semana tendrá que estar resuelto el expediente de la solicitud que el grupo Abengoa ha hecho con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas, una ayuda de 249 millones de euros que, si se concede, recibirían seis sociedades filiales sobre las que recaen las verticales del negocio del grupo cotizado andaluz. Repetimos, del grupo cotizado andaluz. Porque el ente administrativo que debe resolver el expediente abierto en abril de 2021, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no parece entender que si Abenewco 1 es una sociedad instrumental creada bajo el paraguas de Abengoa SA para dar garantías a los acreedores que firmaron la primera reestructuración del grupo, las sociedades que percibirían las ayudas no son más que parte de una estructura para organizar la operativa de la empresa cotizada fundada en Sevilla en 1941.

Pero la SEPI considera que Abengoa Agua, Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Solar España, Abengoa Operación y Mantenimiento e Instalaciones Inabensa son entes ajenos a su sociedad matriz, a la que no reconoce como interlocutora para hablar del rescate del grupo que encabeza. Así consta en un burofax de la propia SEPI cuyo contenido fue desvelado por este diario el pasado viernes, que se escuda en el procedimiento administrativo para negarse a reunirse con el consejo de administración de Abengoa SA, tal como éste le ha solicitado varias veces desde octubre pasado. La respuesta hasta ahora era inexistente. Y sólo se ha producido cuando se le interrogó a la SEPI por qué no sólo no se reunía con los consejeros de Abengoa, sino por qué ni siquiera contestaba a las peticiones del órgano de gobierno de la cotizada, que representa a todos los accionistas, incluido el Estado español, que es el mayor partícipe a título individual, con algo más del 3,5% del capital.

El argumento, además, es exactamente el mismo que durante meses los consejeros de Abengoa han escuchado al responsable de la asesoría jurídica de Abengoa, Mario Pestaña Sartorius, que era ratificado –como casi todos los movimientos que hacen para bloquear a los consejeros que legítimamente representan a la propiedad– por la administración concursal, que ejerce EY Abogados, para impedir que Clemente Fernández y sus consejeros, José Alfonso Murat y José Joaquín Martínez Sieso, expusiesen el rescate alternativo que plantean.

¿A quién sirve la SEPI?

Y no es un detalle menor, porque supone que el Gobierno se está alineando con los intereses de los principales acreedores que buscan a toda costa el mismo objetivo del fallido tercer rescate, el denominado Vellocino: separar sea como sea la matriz Abengoa SA del resto del grupo y con ello dificultar cualquier reclamación por lo ocurrido en la empresa desde 2016, que como ha demostrado la investigación periodística hecha por este periódico incluye la creación de una estructura opaca en Holanda y Luxemburgo y unos supuestos rescates que sólo han perjudicado patrimonialmente a la empresa en beneficio de esos mismos acreedores.

Que el Gobierno, que no vendió las acciones como la banca y los fondos en 2017 mientras al mercado se le decía que la empresa resurgía y en realidad se impedía que el dinero de la refinanciación llegase al grupo mientras se la exprimía con intereses y comisiones por encima de los 400 millones de euros, sea ahora cuando menos cómplice, si no cooperador necesario, porque Terramar vincula su oferta a la concesión de los 249 millones, resulta no sólo chocante, sino kafkiano.

Como lo es que ni siquiera acepten conocer qué alternativas quieren plantear los consejeros de Abengoa y que tienen dos características que la SEPI –esto es, el Gobierno–, debería tener más que en cuenta.

Por un lado, que el esquema que quieren presentar Fernandez, Murat y Martínez Sieso mantiene el grupo Abengoa unido, sin separarse de su matriz y, por tanto, el Estado, como cualquier accionista, no perdería lo invertido en la cotizada andaluza, que en su caso supera los 400 millones de euros.

Y, en segundo lugar, y no menos importante, Abengoa seguiría siendo española, porque los financiadores que entrarían en la operación junto con los accionistas, los lideraría capital español. Con una propuesta inclusiva que diese soluciones a todos los grupos de interés.

Porque es un hecho que si la oferta presentada por Terramar Capital LLC se ejecuta, lo que pasa porque el Gobierno conceda la ayuda de 249 millones de euros, el 70% del grupo que se le arrebatará a los accionistas de Abengoa será de este comisionista estadounidense (del que hay muchas dudas de que tenga la capacidad real de poner 200 millones y, por tanto, oculta a los verdaderos inversores) y el 30% restante quedrá en manos de los tenedores de otras deudas del grupo Abengoa, singularmente el New Money 2 (NM2) y al Senior Old Money (SOM). En ambos casos, la mayoría de estas deudas las acapara el fondo de inversión KKR, uno de los más relevantes del mundo.

Dicho de otra forma, el Gobierno daría 249 millones a fondos extranjeros para que una empresa que se considera estratégica deje de ser española.

Tecnología estratégica

Que Abengoa mantuviese su españolidad debería ser una cuestión crucial para el Gobierno de España. Los argumentos son innumerables. La propiedad de patentes en tecnologías claves en la era del cambio climático (relacionadas con la desalación del agua o la generación eléctrica en plantas termosolares capaces de producir incluso durante varias horas nocturnas, por citar los ejemplos más evidentes) ya sería suficiente. Si a ello sumamos un proyecto vital para Defensa, como el submarino de la clase S80, que usa un sistema de propulsión anaerobia que da a la nave de la Armada española unas capacidades tácticas y de discreción sin parangón en las flotas del resto del mundo, no debería ni albergarse la duda.

Por ello, negarse siquiera a conocer cómo y qué inversores españoles están dispuestos a salvar Abengoa resulta no sólo llamativo, sino digno de pedir responsabilidades, que no puede soslayarse detrás del procedimiento administrativo.

Porque, además, esa postura contribuye, o se hace cómplice, del secuestro al que tienen sometida la empresa los directivos que traicionaron a los accionistas en diciembre de 2020 y que no han tenido problema en poner a la cotizada en concurso de acreedores, de acuerdo con los bancos y fondos que según los accionistas han expoliado a la compañía, y que impiden cualquier otra fórmula de rescate que no pase por asegurar el éxito de Terramar.

Y aún más grave, cuando el propio consejo de administración de Abengoa le ha advertido a la SEPI que esos directivos que impiden que por el cauce administrativo de esas seis sociedades se plantee su esquema de rescate alternativo, argumento que ahora hace suyo el Gobierno, tienen asegurados cientos de miles de euros en comisiones de éxito si es Terramar el nuevo dueño de la ficción que llaman el grupo Abenewco, que en realidad no es más que el grupo Abengoa excluyendo a su matriz.

Aún menos lógica tiene la postura de la SEPI si se atiende a las informaciones que señalan en público que el trámite del rescate vinculado a la oferta de Terramar está muy retrasado y no dará tiempo a que pueda aprobarse antes del 30 de junio, cuando ya se sabe que la Comisión Europea se niega en rotundo a dar más plazo para la concesión de estas ayudas vinculadas a la pandemia. Por no hablar de las informaciones en privado que señalan que en la SEPI temen que Terramar acabe por causar un escándalo que deje en pañales la polémica creada por el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra. Y más, teniendo en cuenta, que los planes financieros reales prevén una reducción drástica en 2023 del pago en nóminas y en Seguridad Social, que como ya explicamos hace un par de semanas, la empresa no ha desmentido y que supondrán un ajuste de empleo, por más que eso sí trate de negarlo para impedir una rebelión de la plantilla.

El juez también decidirá

Finalmente, incluso aunque la SEPI permitiese que Abengoa pasara a manos extranjeras, la articulación de cómo se rompe el grupo societario dependerá en exclusiva del juez del concurso, que también podría (seguramente debería) interesarse por las alternativas al rescate planteado por Terramar, porque la prioridad de ese proceso debe ser mantener el empleo y la empresa a flote mediante un convenio con los acreedores del grupo.

A la vista de cómo resultaron los rescates de Abengoa homologados por el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, que en relidad nunca rescataron ni el negocio ni el empleo (reducido drásticamente) y que ha provocado una querella con indicios de delito, según la Fiscalía Anticorrupción, extremar la prudencia respecto a una operación que liquidaría la matriz de Abengoa parece un requisito para las autoridades, sean judiciales o gubernativas.