Un acuerdo esperanzador para la regeneración institucional de Andalucía

Las 90 Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía acordadas por el Partido Popular y Ciudadanos se estructuran en tres grandes apartados. El primero de ellos (Regeneración democrática e institucional) es sin duda el más coherente y mejor elaborado, pues contiene un conjunto de propuestas sobre reformas institucionales de hondo calado que confirman las expectativas de cambio en la forma de gobernar.

La supresión de los aforamientos de los cargos públicos, su separación si son imputados por delitos de corrupción, la despolitización y profesionalización de la administración, la limitación de los mandatos de los presidentes y consejeros de la Junta de Andalucía, la reforma de la Cámara de Cuentas, el redimensionamiento e independencia informativa de RTVA, la supresión del Consejo Consultivo, la revisión y ampliación de la Ley de transparencia, la evaluación de las políticas públicas, la independencia funcional de la Intervención General, la transparencia en los contratos y concursos públicos, o la reforma de la ley electoral, son algunas de las medidas previstas que pueden cambiar la forma de proceder de la administración autonómica.

Un cambio que, de producirse, la hará más cercana a los ciudadanos, más eficiente, más moderna y democrática, y posibilitará que Andalucía destaque entre las comunidades autónomas por primera vez en algunos indicadores de calidad institucional, aunque sería necesario precisar algunas de las medidas.

No se puede decir lo mismo del segundo bloque de medidas (Reformas económicas y fiscales para el empleo y la prosperidad en Andalucía), donde se combinan algunas iniciativas acertadas, con otras rechazables, siendo la mayor parte de carácter continuistas o posponen su definición hasta que se elabore una estrategia, una ley o se pronuncien los expertos.

Supresión del impuesto de Sucesiones

En el ámbito fiscal sí existen concreciones que vienen presididas por la intención de bajar impuestos (Sucesiones y Donaciones, IRPF, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), lo que implicará una reducción de ingresos públicos, lo que unido al aumento por el aumento de sueldos y la provisión de nuevos servicios públicos generará un aumento del déficit, a no ser que se produzcan reducciones significativas de gastos en funciones u organismos que no están explicitados.

También en empleo se enuncian algunas medidas significativas, especialmente en relación a los autónomos y la puesta en marcha de un cheque-formación para el empleo, cuyos planes se abrirán a la colaboración público-privada.

Sin embargo, en política de desarrollo económico las propuestas concretas son escasas, limitándose a iniciativas que son continuidad de las que se vienen aplicando o que aplazan su definición, y cuando se hacen algunas precisiones, como en el “aumento de la inversión en I+D+i para poner a Andalucía a la altura del resto de la UE”, se cae en la ingenuidad de creer que el desarrollo de la innovación se alcanza solo con más gasto público, sin tener en consideración que los equipos, investigadores y proyectos no se improvisan.

Economía productiva

La debilidad programática en lo referente a la economía productiva es consecuencia del escaso debate económico en Andalucía y, singularmente, en el ámbito parlamentario. Es por ello, que lo más preciso en el acuerdo sea lo referido al ámbito del sector público (fiscalidad, sistema de financiación autonómica), pero no así lo que el Gobierno puede hacer para incentivar la economía productiva, para favorecer un clima de competencia, para aumentar la inversión productiva, para mejorar la formación de los recursos humanos, para favorecer el emprendimiento y aumentar el número de empresas y su tamaño o para estimular la colaboración empresarial y la diversificación productiva.

La base de cualquier sociedad es la capacidad de su economía para generar las rentas y empleos que soporten las aspiraciones de la sociedad y, en particular, a un sector público al que se le demandan más y mejores servicios. Por tanto, al Gobierno regional le compete favorecer la actividad empresarial, lo que no implica subvencionar a las empresas, sino facilitar su actividad. Y para lo cual se debe asegurar la máxima seguridad jurídica posible, lo que exige un marco normativo de calidad y menos complejo del existente, un sistema judicial ágil, y unas administraciones públicas colaboradoras, estables y previsibles en sus comportamientos. Asimismo, un marco de competencia estimulante para la innovación y unas infraestructuras convencionales y tecnológicas que faciliten la competitividad de las empresas.

Además, el gobierno debe adoptar iniciativas positivas para favorecer la colaboración empresarial, la promoción exterior, la atracción de la inversión o la innovación. Estas líneas de actuación se concretan en centenares de actividades de las administraciones (a algunas de la cuales se hacen referencia en el acuerdo) y también en evitar intromisiones perturbadoras.

Servicios públicos

El tercer grupo de medidas (para la reactivación de los servicios públicos en Andalucía) engloba básicamente la política social y se inicia con el “reconocimiento y dignificación de nuestros servidores públicos”, un enunciado que es inobjetable y en el que se incluye acabar con la precariedad y la equiparación salarial a la media nacional.

El deseo de los partidos firmantes del acuerdo de recabar el apoyo de los empleados públicos es comprensible, pero no parece razonable que los empleados públicos sean unos privilegiados respecto a las condiciones de trabajo de los profesionales que trabajan en puestos semejantes en el sector privado, y debe tenerse en cuenta que los salarios privados de los andaluces son de los más bajos de España, que los salarios de los servidores públicos se nutren de los impuestos sobre los salarios de todos andaluces y que el coste de la vida de Andalucía es inferior a la media nacional.

En sanidad se realizan algunas promesas positivas, como la reducción de las listas de espera, la mejora de la transparencia, la libre elección de especialista, el refuerzo de la atención primaria o la eliminación de la obligación de la exclusividad laboral para los profesionales sanitarios, pero el título del apartado –Una sanidad pública universal de calidad– mantiene la quimera de una sanidad universal que no es financiable públicamente y de la que más del 30% de los andaluces ha emigrado a la privada en una tendencia en crecimiento.

Excelencia educativa

Las medidas referentes a educación las preside un título absolutamente compartible: Una educación que promueva la excelencia y garantice la igualdad de oportunidades. De su contenido se puede destacar el refuerzo contra el fracaso escolar y en las competencias de matemáticas y lectura, el programa de bilingüismo, el estatuto de la profesión docente, la libre elección de los centros por las familias o las mejoras de las infraestructuras educativas.

Todas apuntan a mejorar la calidad de la educación y tendencialmente a la excelencia educativa, aunque debería definirse un proyecto a medio-largo plazo que exigiría explicitar un sistema de financiación para que la educación de excelencia sea accesible a todos los niños, un sistema de gobernanza eficaz y un compromiso de esfuerzo e innovación de los docentes. Por lo pronto, más que la educación gratuita de cero a tres años y la práctica gratuidad de la universidad lo que habría que ir implementando es la educación de excelencia universal desde los 3 años hasta la educación secundaria.

El pacto también incluye otras medidas sociales (dependencia, conciliación familiar, diversidad sexual, igualdad de género,...) que desarrollan la aplicación de valores sociales de creciente aceptación, aunque también suponen costes añadidos cuya financiación no se explicita.

En resumen

En resumen, un acuerdo programático esperanzador, especialmente en lo que hace referencia a la regeneración democrática e institucional, que desarrolla iniciativas interesantes en otros ámbitos, pero que peca de continuismo y falta de ambición para diseñar un proyecto de cambio profundo a medio-largo plazo, y limitaciones también a corto plazo por la falta de equilibrio presupuestario con la reducción de impuestos y la mejora de los servicios públicos.

Parte de estas limitaciones pueden derivarse del deseo de evitar el enfrentamiento con importantes colectivos y por los potenciales costes políticos de enunciar un proyecto de reformas más profundas en un año electoral.