El Gobierno PSOE-IU tarda 26 meses en aprobar la primera ley de su pacto

Más de 780 días han tardado PSOE e IU en aprobar la primera ley del pacto de Gobierno en la Junta de Andalucía firmado en abril de 2012 entre ambas formaciones como consecuencia de los resultados de las elecciones autonómicas. El pacto de Gobierno contiene 256 medidas y 28 leyes, pero hasta el día de ayer ninguna de las normas aprobadas pertenecía a este acuerdo. El Parlamento había aprobado hasta ayer 10 leyes (y más de 20 decretos ley) y tiene otras dos leyes en capilla (investigación con preembriones y el decreto ley de reducción de trabas administrativas que se tramita como proyecto de ley), pero sólo la ley de transparencia pertenece a la Biblia, como algunos de los dirigentes llaman al acuerdo de Gobierno. Los partidos auguraron un "vendaval" de leyes del pacto en este periodo de sesiones que por ahora no ha llegado a brisa de verano.

La ley de transparencia entrará en vigor un año después de su publicación en el BOJA, es decir, coincidirá con el periodo estival de 2015. El texto original como anteproyecto daba un plazo de seis meses, pero en la presentación del proyecto en febrero ya incluyó un año en una disposición final. La Junta se ha dado este plazo para preparar a su cuerpo administrativo para la tarea, pero probablemente la puesta en marcha de la ley se retrasará hasta principios de 2016 por el desarrollo reglamentario que requiere. Prácticamente coincidirá con la entrada en vigor de la ley básica, aprobada por el Gobierno en diciembre de 2013 y con un periodo de carencia de dos años para su entrada en vigor. La Junta ha respetado el plazo dado a las entidades locales para su adaptación.

Los partidos han trabajado en la norma los últimos meses para paliar sus carencias, de manera que el texto aprobado en el debate final celebrado ayer en el Parlamento llegó muy consensuado y con las aportaciones de los agentes sociales incorporadas en su caso. Las novedades con respecto al texto conocido son escasas. En el debate de dictamen se incorporó por petición de IU a las iglesias, confesiones, comunidades y otras entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas como sujeto obligado a facilitar el detalle de sus cuentas si, en un año, perciben ayudas por encima de los 100.000 euros o cuando al menos el 40% de sus ingresos anuales sean públicos. Están entidades se han incorporado al mismo nivel que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

El PP ha introducido ocho enmiendas al texto final, cuatro de ellas votadas ayer. Tres están relacionadas con el respeto a la autonomía de los ayuntamientos y la cuarta establece un límite de mandato de cinco años al director del Consejo de Transparencia que se creará al efecto para hacer efectivo el cumplimiento de la ley. La idea original era que este director, de reconocido prestigio y competencia profesional, pudiese renovar por igual periodo, pero ya no será posible. Ésta es una de las primeras limitaciones de mandato que se establecen en este tipo de organismos públicos. El PP sin embargo no consiguió que la elección de este director sea por mayoría cualificada en el Parlamento. PSOE e IU votaron a favor de que se elija por mayoría simple.

El diputado del PP Jaime Raynaud (por ausencia por enfermedad del diputado Rafael Salas) se quejó no obstante de que han sido 92 las enmiendas aceptadas por el PP. El argumento principal del PP para la oposición a la ley fue que la ley aplaza a una futura norma los principios de buen gobierno, lo que recogería un código de conducta para los altos cargos. Pese a que el PP ha hecho de esta queja la base de su negociación, la legislación básica que también afectará a los altos cargos de la Junta recoge muchas de las reivindicaciones expresadas, como la negativa a aceptar "para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".

El PP pidió que se recogiera en la norma andaluza las retribuciones de los altos cargos, los contratos de los directivos de las empresas públicas, las relaciones laborales de los familiares o información sobre la deuda pública, la provincialización de los presupuestos, las encomiendas de la gestión o las actas de las reuniones de los viceconsejillos "que habrían evitado casos como los ERE", dijo Raynaud.

La diputada del PSOE Verónica Pérez expresó la intención de la Junta de regular el buen gobierno en un próximo Estatuto de altos cargos que recoja este tipo de limitaciones. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, rubricó este compromiso y se felicitó por el primer paso dado con la aprobación de la ley de transparencia. "Es la ley más importante de la legislatura y Andalucía se equipara a las democracias más avanzadas y consolidadas", finalizó. Habrá que esperar a su desarrollo en la práctica.