La oportunidad perdida de las Atarazanas de Sevilla

Una oportunidad única perdida. La sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva ha lamentado en un comunicado que las obras que se realizan en las Reales Atarazanas de Sevilla no hayan permitido la oportunidad de valorar la recuperación de la cota original de edificio medieval. Este colectivo ha criticado el modo de proceder durante la rehabilitación y que no se haya permitido realizar sus trabajos con anterioridad al inicio de las obras, sino de manera simultánea, algo que no habría permitido la revisión del proyecto con idea de realizar esa excavación que en principio estaba contemplada pero que finalmente, debido a la información obtenida en los sondeos, no se ha podido llevar a la práctica.

La sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva recuerda en su comunicado las distintas cartas, normativas y recomendaciones que advierten de que antes de intervenir en un edificio histórico se debe hacer una actuación arqueológica acorde al alcance de la obra. En el caso concreto de las Atarazanas remiten específicamente a lo recogido en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla Sector 13 , aprobado definitivamente en 2006, donde se establece una cautela arqueológica con respecto al subsuelo de las Atarazanas de grado máximo.

En los sondeos realizados en 1993, momento en el que la Junta de Andalucía se hace con la propiedad del astillero medieval, se estableció que la cota histórica estaría a 5 metros bajo la superficie actual del edificio.

“Y este fue un caballo de batalla, que retrasó la ejecución del proyecto y que acabó en un convenio de compromiso. Pero a nadie se le ocurrió comprobar si ese dato era cierto. La aplicación de la norma vigente habría supuesto una revisión de la información arqueológica existente merced de las técnicas actuales (recordemos que la intervención de 1993 se realizó con los inconvenientes que un contexto afectado por el nivel freático conlleva para la lectura estratigráfica)”, señalan los arqueólogos.

En este punto son muy críticos con la manera en la que se han desarrollado los trabajos. Se ejecutan las obras, señalan, “se relega a los arqueólogos a actuar en un rincón, junto a la muralla y, como resultado de esa intervención, realizada de manera simultánea a las obras y no antes, se comprueba que la cota histórica estaba a unos 2,5 metros bajo la superficie actual y no a los 5 metros que antes se barajaban”.

Si se hubiera contado con esta información en el momento oportuno, añade el comunicado, el proyecto habría tenido la oportunidad de valorar la idoneidad de recuperar la cota histórica del astillero alfonsino, en parte del edificio o en su totalidad, tan sólo con invertir “unos miles de euros” en hacer unos sondeos que no comprometieran una inversión de más de 11 millones de euros. “Obviamente, ya es tarde, no podemos volver a la casilla de salida y paralizar de nuevo sine die un proyecto necesario para la ciudad. No obstante, sí podemos hacer una reflexión sobre este particular y plantear esta reforma para un futuro”.

En este sentido, insisten en que se pone de manifiesto que la arqueología “no sólo es necesaria, sino imprescindible” para comprender un edificio histórico, “no parasita ningún proyecto ni es ninguna clase de imposición caprichosa o chantaje”. Es obligatoria la realización de excavaciones previas, dentro de las actuaciones de diagnóstico, “tan necesarias como los sondeos geotécnicos y los análisis patológicos del edificio. Proyectar y actuar a ciegas, sin hacer estos estudios previos, sin conocer lo que guarda el subsuelo, es una temeridad que puede acarrear serios inconvenientes a nivel patrimonial y económico, entre otros”, añaden.

Por último, la sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva indica que la tutela del patrimonio cultural es competencia exclusiva de la administración autonómica y a ella corresponde aplicarla conforme a las normas vigentes. “La ambigüedad de nuestra ley de patrimonio histórico de Andalucía (14/2007) y la inexistencia de criterios uniformes conlleva, en ocasiones, la adopción de medidas no acordes a las necesidades de protección de nuestro patrimonio. Es por eso, que se hace necesario que la legislación sea más precisa y contundente en sus determinaciones, en coherencia con las cartas internacionales sobre patrimonio histórico”.