El ex presidente del Consorcio Estepa-Sierra Sur reitera ante el juez que no se enteró de las irregularidades

El alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE), que presidió el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur de 2014 a 2019, volvió a declarar el 17 de febrero como investigado ante el Juzgado número 2 de Estepa, que instruye las diligencias previas que se siguen por la trama con la que se desviaron fondos a la empresa Magno Medioambiental del Levante, controlada por el secretario (José Antonio Mañas) y el gerente o jefe de planta (Manuel Ibáñez). En respuestas a la fiscal y su abogado -de nuevo se negó a responder a las acusaciones o al resto de defensas- reiteró que no se enteró de las irregularidades y que firmaba lo que el secretario le indicaba, tras preguntar si todo estaba correcto, dando por hecho que se cumplían con los requisitos legales, según han indicado fuentes del caso.

Esta declaración (la anterior fue en agosto) estaba fijada desde diciembre. Pero se le ha preguntado sobre las novedades que han trascendido desde entonces sobre la investigación, como el contrato con Magno de 2016, anterior al que dio origen a la investigación (de 2018). La Policía supo del mismo por una copia hallada en uno de los registros y, según el cual, la empresa ya fue subcontratada tras un acuerdo entre la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur y el Consorcio, para que éste les prestara los camiones de recogida de residuos, que no se cumplió según previsto (durante mucho tiempo se siguieron usando los camiones que ya tenía la Mancomunidad) aunque Magno sí recibió el dinero, unos 120.000 euros al año. Según fuentes del caso, la nueva fiscal habría preguntado además a Carrión por supuestos pagos que Magno habría recibido del Consorcio con anterioridad a ese contrato, desde 2014.

El ex presidente aseveró que entiende que Magno trabajaba con el Consorcio desde antes, aunque desconocía la fecha, lo mismo que las razones de por qué, habiendo existido esa relación previa, no constan contratos suscritos con Magno antes de 2016. En relación a ese contrato de 2016, el alcalde de Casariche declara desconocer las razones por las que carece de fecha y registro de salida y se encontró una copia en el domicilio de otros de los investigados, el jefe de la planta del Consorcio. El ex presidente del Consorcio asegura que no recuerda que nadie le comentara que se dieran copias a personas ajenas.

Sobre ese contrato, sí recuerda que la Mancomunidad pidió auxilio por algún problema con sus camiones, pero que no comparó ese contrato con el firmado con Magno y ni siquiera recuerda haberlos leído, entendiendo de nuevo que se "han cumplido las cuestiones técnicas y jurídicas". También dice desconocer que Magno fuera a poner a disposición del consorcio camiones.

A preguntas de su abogado, insistió en que durante su mandato se prestaron los servicios del Consorcio, que éste "tiene servicio jurídico" y no se le informó de ninguna anomalía y que tampoco la Cámara de Cuentas hizo advertencias, insistiendo en que creía que todo lo que le pasaban para firmar estaba en orden.

Por otro lado, reiteró que desconocía de que se estuviera produciendo ninguna irregularidad y que firmaba muchos documentos, "cien o más", que a veces le llevaban incluso al Ayuntamiento, convencido de que se había seguido el procedimiento "técnico y legal" con "normalidad", incluidas las licitaciones públicas. No obstante, llega a admitir que entre esos cientos le podrían colar alguno.

Igualmente, respondió que era el secretario del consorcio (según las investigación policial, el cabecilla de la trama) el que debía informarle de "cualquier incidencia", aunque nunca lo hizo, como ninguna otra persona, ni de forma verbal ni por escrito.

Un papel importante en el "nivel político"

El último informe elaborado por la Udef a raíz de la documentación incautada en los distintos registros domiciliarios que se han hecho, atribuye a Basilio Carrión junto al ex alcalde de Los Corrales, Juan Manuel Heredia (hoy diputado y responsable del área de Empleado Público de la Diputación) un papel destacado, en un "nivel político", para que haya sido posible ese desvío de fondos hacia la empresa del secretario (que también lo fue de la Mancomunidad y, durante un tiempo, del Ayuntamiento de Los Corrales).

IU ya ha solicitado que se cite también a Heredia, que se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía, como investigado ante el juez, aunque se sigue a la espera de que la fiscalía se pronuncie si debe hacerse en este mismo juzgado, al ser un caso "conexo", o en el de Osuna, por el de la jurisdicción de los municipios integrados en la Mancomunidad.