Basuras, denuncias y batallas políticas en la Sierra Sur

Hace mucho que el vuelo de las gaviotas observado desde tierra adentro dejó de ser sólo indicativo de que el mar está cerca. Es señal también de la existencia de vertederos. Pasando Estepa y enfilando hacia Herrera, ayudan a localizar el complejo medioambiental Mata Grande, la planta del Consorcio Estepa-Sierra Sur a la que van los residuos de 67.000 vecinos de 17 municipios, que es noticia por dos motivos.

Uno es la operación policial para esclarecer los contratos de los que se benefició una empresa creada por el secretario de la entidad y el jefe de la planta. El otro, supuestas anomalías en el proceso de selección y reciclado, con porcentajes distintos a los recogidos en los informes, que denunció días después un empleado, ex secretario local del PSOE de Lora de Estepa dimitido hace poco junto a su ejecutiva por diferencias con la dirección provincial. Su prueba han sido fotos tomadas con el móvil, en las que se veían las cintas de separación de residuos paradas y restos de compost junto a olivos.

En poco más de dos semanas, ha habido 16 inspecciones de la delegación territorial de Desarrollo Sostenible y visitas del Seprona, sin que hayan detectado anomalías en ese sentido. Este jueves el actual presidente del Consorcio, Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde socialista de Estepa, intentó arrojar luz sobre ambas cosas, aunque sólo lo logró a medias.

17 ayuntamientos, 13 con alcaldes del PSOE

Convocó una junta general con los ayuntamientos (13 con alcaldes del PSOE, dos del PP, uno de IU y otro independiente) para dar cuenta sobre los “acontecimientos”. Pero no tuvo validez, porque el secretario investigado, el único en el ente, notificó que no asistiría porque se iba a tratar un asunto judicializado, con lo que no hubo fedatario público.

El regidor estepeño, que asumió la presidencia en octubre de 2019, trasladó que quiere que el Consorcio se persone como acusación particular, aunque la decisión no se pudo tomar. Asegura que ha pedido asesoramiento jurídico y técnico a la Diputación para garantizar el funcionamiento del consorcio mientras tanto y ver si se puede contar con otro secretario. Pero insiste en que no puede apartar de forma cautelar a esas dos personas. Para abrir expediente disciplinario necesita conocer el sumario y los hechos. “No puedo utilizar las publicaciones periodísticas”.

Muñoz asegura no conocer mucho más de lo ocurrido que lo publicado, aunque abrió una investigación interna. El 30 de enero se personó en las instalaciones la policía judicial pidiendo documentación de un contrato. Como investigados, declararon en la Policía de Antequera el secretario, el jefe de planta, dos administrativos y el anterior presidente del Consorcio y todavía alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE), que sigue estando en la junta general. También Muñoz Quirós. Hay denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Un contrato de camiones para transportar la basura

La investigación se centraría en la empresa Magno Ambiental del Levante S.L., de la que fueron socios y administradores esas dos personas, aunque luego pasó a sus esposas. Se habrían adjudicado al menos un contrato de prestación de servicios: camiones de transporte de residuos. Para ese fin, en el presupuesto de 2020, había 1,3 millones, pero Muñoz dice que la empresa ya no trabaja para el consorcio. Las explicaciones, que repitió en una visita posterior para la prensa al vertedero, resultaron insuficientes para el resto de partidos.

Otras anomalías y sospechas denunciadas por la oposición

El alcalde de Pedrera, Antonio Nogales (IU), advirtió de “irregularidades desde hace mucho” y de que presidentes que han tenido una asignación de más de 40.000 euros al año no pueden decir que no saben qué ocurre. Insistió en que se deben “acelerar los trámites” para suspender al jefe de planta y al secretario” y pidió que se cambie la asesoría jurídica, al frente de la cual estaría un compañero de bufete del hijo del secretario investigado. El alcalde de La Roda, Juan Jiménez (PP), cree que todo ha sido una “pantomima” y que presidente y secretario se habrían puesto de acuerdo para retrasar la necesaria toma de decisiones.

En cuanto al otro aspecto que ha ensombrecido más que la envergadura de las alas de las gaviotas lo que ocurre en la planta, el alcalde de Estepa quiso responder mostrando las instalaciones y los escritos tras las inspecciones, que concluyen con un “no se observan vertidos en sitios no contemplados de la Autorización Ambiental” o similares.

El funcionamiento de la planta

En la planta trabajan unas 25 personas, entre camioneros, operarios y administrativos. La basura llega por la noche. Desde las 07:00 se va pasando por una cinta de triaje y se intenta separar la que viene mezclada por medios mecánicos, imanes para latas, y a mano, los plásticos, que se prensan y almacenan hasta que los retira un gestor autorizado.

Es en esa cinta donde trabaja el que ha denunciado que no se recicla en el porcentaje que se dice, del 30%. Este jueves no estaba en su puesto. De ocho trabajadores que debe haber a diario, tres se han cogido horas sindicales y otro de asuntos propios.

La materia orgánica se desprende por gravedad y se deposita bajo una cubierta durante ocho meses y se va volteando, antes de pasarla por otra máquina de “afino” y sacar el compost que se vende para agricultura.

Los restos que no van al compost y que no se reciclan van al vertedero.

Ya hay uno sellado junto a otro vaso en el que se opera, revestido de una capa impermeable, sobre el que se extienden la basura y se tapa con capas de grava y arena. En la planta muestran también las balsas hasta las que se canalizan los contaminantes lixiviados, el líquido que deja la basura y que se deja hasta que se evapora.

“Defiendo el buen funcionamiento de la planta, lo demás está en manos de la justicia”, apostilla el alcalde de Estepa.