IU pide que el ex alcalde de Los Corrales, hoy diputado del PSOE, declare como investigado por la trama del Consorcio

IU, personada en las diligencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa por el desvío dinero público a una empresa del secretario y del jefe de planta del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, ha pedido que se cite a declarar como investigado al ex alcalde de Los Corrales, Juan Manuel Heredia, que es concejal, diputado provincial y forma parte del equipo de gobierno socialista de la Diputación de Sevilla, al frente del área de Empleado Público.

La petición se produce después de que en el último informe elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Udef, notificado a las partes el 27 se enero, la Policía le atribuya un papel determinante, dentro de un "nivel político", en el "organigrama criminal" liderado presuntamente por José Antonio Mañas, que sigue siendo secretario-interventor de ese Consorcio, desde el que se desviaron fondos públicos a una empresa, Magno Ambiental del Levante, controlada por Mañas y el jefe de planta del Consorcio, Manuel Ibáñez.

La propia policía requirió a Juan Manuel Heredia para que declarase como investigado en relación a los nuevos hechos, aunque se acogió a su derecho a no hacerlo, a la espera de lo que ocurra con el juzgado.

En este caso, las irregularidades se habrían cometido en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur, donde Mañas también es secretario-interventor y que presidió Heredia entre 2012 y enero de 2020. Se encarga de la recogida de residuos en 6 municipios, incluido Los Corrales, y firmó en 2016 contrato con el Consorcio, del que se terminó beneficiando la empresa de Mañas. Ese contrato es anterior incluso al que dio origen a la investigación, del año 2018, también entre el Consorcio de Medio Ambiente y Magno.

Pero hay otra conexión con el Ayuntamiento de Los Corrales, en el que Mañas ejerció igualmente como secretario a partir de 2017 tras el fallecimiento del anterior, con Heredia como alcalde.

Ese Ayuntamiento, según la investigación, habría pagado a Magno más de 7.000 euros por dos informes sobre un punto limpio, que no constan en el Consistorio.

El Ayuntamiento había contratado antes, en 2014 a otro supuesto implicado clave para la Policía, el abogado J. M. F. que, según los agentes, mantiene una relación personal con un hijo de Mañas, y que ha ejercido en el Consorcio (dos contratos desde 2011, por el que intentó que le reconocieran una relación laboral) y en la Mancomunidad. El letrado terminó siendo reconocido como personal laboral del Consistorio en octubre de 2017, cuando ya es Mañas el que firma como secretario interventor el informe favorable, que se reconoce en una resolución de Alcaldía pocos días después.

Cuando entró un nuevo interventor y Mañas tuvo que irse, el alcalde intentó crear, supuestamente, un "puesto ad oc" para Mañas como vicesecretario del Consistorio, según concluye la investigación.

En lo que respecta a la Mancomunidad de la Sierra Sur, Heredia propuso como presidente ceder los tres camiones que recogían la basura al Consorcio y que éste prestara el servicio con otros nuevos, asumiendo también el pago de seguros y en mantenimiento. No consta que la propuesta se votara pertinentemente.

Pero el contrato se firmó, con fecha de inicio de el 1 de enero de 2016 y vigencia de 8 años. El Consorcio, que entonces presidía Basilio Carrión (alcalde de Casariche y ya investigado en la causa judicial) terminó subcontratando ese servicio con Magno.

La Mancomunidad se comprometió a un pago anual de 118.800 euros más IVA al Consorcio (parte lo abonó, otra es deuda reconocida) y Magno fue recibiendo más de 120.000 euros. Pero durante buena parte de esos años la empresa o no puso ningún camión y siguieron usando o los mismos o alguno del Consorcio.

Además, la mancomunidad siguió pagando seguros o ITV. Esos tres camiones que eran de la mancomunidad terminaron siendo propiedad de Magno, uno adquirido en 2017, y los otros dos en 2019, por 181 euros.

Como el secretario, encargado de velar por la legalidad de los acuerdos y de comprobar antes de pagar a los proveedores que los servicios contratados han sido realizados, estaba supuestamente en la trama, nunca saltaron las alarmas.

Los investigadores creen que existe una "estrecha relación" entre el convenio propuesto por Juan Manuel Heredia y la "defraudación" de fondos públicos del Consorcio a través de Magno, lo que permite considerar la "existencia de un plan preconcebido por éste, Mañas y la participación necesaria del abogado y Basilio Carrión". La Policía también cree que Heredia porrogó reiteradamente el presupuesto de la Mancomunidad desde 2016 para evitar el control de cuentas.