Abengoa: crónica de un año sin cotizar

Sevilla/Miles de accionistas llevan un año preguntándose por qué los dos últimos consejos de administración de Abengoa han demostrado tanto interés en dejarlos a cero. La pregunta tiene sentido, porque si alguien tiene que tener interés en salvar al grupo de ingeniería andaluz son sus propietarios, porque ellos perderán toda su inversión de lo contrario. Pero ni el consejo de administración que presidió Gonzalo Urquijo, que despreciaba a los accionistas y los consideraba prescindibles –no tenia empacho en decir que la empresa era de los acreedores aun cuando éstos la habían vendido–, ni el actual, pese a ser elegido para lo contrario, han querido nunca pactar con los accionistas una solución.

La respuesta más clara es que los accionistas son, para los acreedores, que ha liderado el Banco de Santander desde que impuso la destitución de Felipe Benjumea –hecho probado por la Audiencia Nacional en sentencia firme–, un obstáculo que eliminar.

La destitución de Benjumea llevó al traste la ampliación de capital que necesitaba Abengoa en 2015 para superar sus problemas, coincidentes con otras cotizadas españolas y que tenían incluso más deuda –Acciona, por ejemplo–. En realidad, el objetivo era que la empresa no se reflotarla bajo la dirección de su hasta entonces presidente, en una operación en la que participaron parte de los accionistas históricos –algunos familiares–. Pero las traiciones las carga el diablo, y tras la defenestración impuesta, la ampliación de 600 millones nunca se llevó a cabo. En un par de meses, Abengoa estaba en preconcurso de acreedores, tras fracasar un intento desesperado por introducir un socio industrial –la familia Riberas–, una historia que merece un relato independiente.

Con la declaración de preconcurso, las intrigas habían puesto a la mayor empresa con centro de decisión en Andalucía al borde de la quiebra. Y no cualquier quiebra, la mayor que se haya visto en España.

Tres falsos rescates

¿Qué hicieron entonces los acreedores? Formalmente llegaron a un convenio de reestructuración que implicaba fuertes quitas. Los proveedores sí se las aplicaron pero los acreedores financieros no tanto. Se hicieron con fortísimas garantías y al mismo tiempo, se quedaron con el 95% del capital, algo que en principio no era imprescindible, porque las garantías cubrían el dinero nuevo que aportaron. Y ahí radica una de las claves: aportaron menos del inicialmente previsto, prácticamente sólo la mitad. Y la reestructuración que levantó el preconcurso en noviembre de 2016, al año de haberse solicitado, se ejecutó en la primavera de 2017 sin la suficiente fortaleza para asegurar la viabilidad. No es una opinión: lo reconoció el ex director general de Abengoa Joaquín Fernández de Piérola, aunque actuando como consejero de Abengoa Concession Investments Limited (ACIL), sociedad británica preexistente al preconcurso pero clave porque de ella dependía la joya de la corona del grupo, Atlantica Yield. En las cuentas de 2016 de ACIL, según consta en documento público en Reino Unido firmado por Piérola, los consejeros de la sociedad –el propio Piérola y Christian Anders Digemose, un especialista en velar por los intereses de los acreedores en reestructuraciones financieras, cuyo papel es clave en lo que los accionistas llaman el “expolio” de la empresa, pues al mismo tiempo que era parte de Abengoa, dirigía el entramado luxemburgués y la fundación opaca holandesa que desveló el Grupo Joly– señalan que el rescate pactado no asegura la viabilidad de la matriz, Abengoa SA. Lo dicen sin tapujos. En inglés, pero sin tapujos.

Al mismo tiempo, a los mercados, la dirección de la empresa, presidida por Gonzalo Urquijo, dice lo contrario, que la nueva Abengoa tiene futuro. Lo que sitúa la gestión en el ámbito del reproche penal, como ya reconoce la Fiscalía, al menos indiciariamente.

Y es que algo no encajaba. Recuerdo haberlo pensado en esos mismos días de abril de 2017, al editar las informaciones sobre la salida del capital de los acreedores. ¿Si Abengoa tiene futuro, por qué los bancos y los fondos vendían rápidamente y a precios de derribo sus acciones, lo que suponía teóricamente asumir grandes pérdidas?, me preguntaba. Vendieron casi todo el papel en muy pocos días. Y aún hoy no está claro a quién, aunque una parte sean algunos de los minoritarios que están atrapados en Abengoa.

La insuficiencia del rescate financiero no tardó en salir a relucir. Porque ni la vuelta al negocio tradicional que Urquijo vendía era suficiente –la hemeroteca avala que es algo que en los diarios del Grupo Joly ya advertimos entonces– ni, sobre todo, se había refinanciado las necesidades reales para reflotar el grupo.

En 2018, Urquijo plantea otro rescate y oculto en él, con rebuscadísima ingeniería financiera y el confuso lenguaje que la acompaña, la entrega del capital de nuevo a los acreedores. Esa reestructuración se aprueba en 2019. Pero como el anterior, no es un rescate como tal, sino un paso en el proceso, como ha reconocido incluso Urquijo en junta de accionistas. Y el objetivo es liquidar Abengoa SA, para maximizar la recuperación para los acreedores, aunque miles de familias lo pierdan todo. De accionistas y de trabajadores.

Termina 2019, y Abengoa le ha dicho de nuevo al mercado que el futuro es esplendoroso. La presentación del día del inversor, celebrado el 15 de septiembre de ese año, es para enmarcarla.

Y cuando arranca 2020, empieza a verse cuál es el destino previsto. Abengoa nunca rinde cuentas del ejercicio 2019, todavía no se han aprobado siquiera. Y con la excusa perfecta de la pandemia, oculta la realidad y espera hasta mayo –impidiendo la impugnación en la jurisdicción Mercantil de la junta de marzo de 2019– para monta la tercera y última reestructuración para llevar a liquidación la matriz.

Indicios de delito y querella

La mayoría de los accionistas están todavía ajenos a la que se avecina. Pero no todos. Inversión Corporativa, el vehículo societario que usaban las familias fundadoras de Abengoa para gobernar el grupo, sí atisba la jugada. Y en junio se querella contra el consejo de administración de Urquijo, aún en ejercicio, ante la Audiencia Nacional.

La empresa alarga y alarga la firma de ese rescate y pone varias veces en duda la viabilidad. El 14 de julio, el día que más claro lo dice, la CNMV suspende la negociación de las acciones de Abengoa. Acaban de cumplir un año en suspenso. (De hecho BME argumenta en enero de 2021, cuando saca a Abengoa del índice general de la Bolsa de Madrid, que CNMV suspendió la cotización porque la empresa había dicho que ésta no era viable, una explicación muy distinta a la que dio en junio pasado el presidente actual del regulador bursátil, Rodrigo Buenaventura. al atribuirlo a la no presentación de las cuentas).

En agosto, Urquijo pone las cartas boca arriba. Y lo que en mayo era un rescate para reequilibrar el patrimonio negativo neto de Abengoa SA, se convierte, con el plan Vellocino, en la separación de la matriz del resto del grupo, a la que se sitúa entonces en preconcurso, que ya depende de una filial interpuesta, Abengoa Abenewco 1. Sobre ella se ha vaciado todo el valor de la matriz.

Durante el verano del año pasado ocurren dos hechos que truncan ese plan. La Junta de Andalucía no ve nada clara su participación en ese rescate. Ni se le dan garantías jurídicas ni le gusta lo que oye de los accionistas, que, ahí está el segundo hecho, se rebelan, se agrupan en Abengoashares, y se ponen a luchar para impedir que les “roben la empresa”. Ha pasado un año desde que no pueden vender sus acciones y la lucha continúa.

Por el camino lograron destituir a Urquijo y su consejo. Y que la Junta andaluza, gobernada por PP y Cs, nunca aceptase ser cómplice del Gobierno del PSOE, parte activa de ese rescate y que exigía para cerrar el rescate la participación del Ejecutivo autonómico. E incluso nombrar otro consejo, no sin dificultades, porque no pudo ser a la primera. Pero ese consejo les traicionó el mismo día que fue elegido, el 22 de diciembre. Quedaban 9 días para intentar ejecutar el Vellocino, antes de que acabase 2020. No lo lograron.

Comienza enero y Urquijo y su consejo se van de la filial operativa donde habían estado atrincherados desde su destitución en noviembre en la matriz. Ven imposible ese rescate. El nuevo consejo, de acuerdo con los acreedores, se empeña vanamente en intentarlo.

Concurso ¿y liquidación?

A finales de febrero y escasos días de que sea también destituido, el consejo pide el concurso voluntario y, con la cooperación necesaria del juez Mercantil, Miguel Ángel Navarro Robles, logra impedir su segura destitución, pues los votos de los accionistas estaban ya emitidos.

Con ello también se intenta ejecutar el mismo plan Vellocino pero por la vía concursal. Y un año después, así continúa. La única salida que se le da al grupo es la venta de su filial operativa –que formalmente no está en concurso–, y el único comprador que hay, Terramar Capital, está especializado en despiezar empresas al borde de la quiebra. La propia Abenewco 1 amanece hoy, de nuevo, en causa de disolución, a la espera de que llegue la enésima prórroga de los acreedores para extender el vencimiento de su deuda. Se esperaba para ayer, tras agotarse el plazo el viernes pasado. Pero tampoco llegó. Y si esta vez no ocurre, todo el grupo tendrá que situarse en concurso. Y el grupo liquidarse con una venta por piezas. El juez Navarro Robles, instado ahora también por el administrador concursal, EY Abogados, ha vuelto, ademas, a impedir que los accionistas puedan ejercer sus derechos, al permitir un cambio de régimen en el concurso que impide que tomen ninguna decisión sobre el negocio o el patrimonio.

Si el objetivo es enterrar todo lo que se ha hecho desde 2015 con la liquidación de la matriz, o incluso del grupo entero, los acreedores no han medido que todo este culebrón tiene ya una vida paralela en los juzgados. La querella presentada en la Audiencia Nacional se volvió a presentar en Sevilla, cuando el Juzgado Central de Instrucción número 4, aunque apreció indicios de delito, se declaró incompetente porque sólo había una empresa sevillana, Inversión Corporativa, como perjudicada. Hoy hay cien accionistas más adheridos a la querella.

Y otros muchos, según conocieron los hechos que esta crónica resume y que han sido contados con detalle en el último año en el Grupo Joly, se decidieron a denunciar ante la Fiscalía, que hizo suyas esas denuncias, que ha sumado a la misma querella. Los fiscales acaban de pedir que la investigación regrese a la Audiencia Nacional, al haber miles de perjudicados en toda España y ver indicios de delitos de administración desleal, contra el mercado, societario y estafa.

Los accionistas, que aún se preguntan por qué siguen queriendo laminarlos y hacerles perder su inversión, no cejan en la pelea: siguen luchando por situar al frente de la compañía a su líder, Clemente Fernández González, y hallar una fórmula para comprar la filial, salvarla, y evitar, aportando al concurso recursos, la liquidación de Abengoa SA el mismo año que ha cumplido ochenta años.