Tribuna Económica
Carmen Pérez
Un bitcoin institucionalizado
Sevilla/La petición del concurso voluntario que hicieron ayer los administradores de Abengoa S. A. supone un movimiento que, aunque lógico por haber fracasado el rescate, resulta extemporáneo. En primer lugar, porque la decisión la toma un consejo al que le queda apenas una semana al frente del grupo, un hecho que no pasa desapercibido para cualquier observador que siga la evolución del grupo de ingeniería fundado en Sevilla en 1941.
Este consejo fue elegido el 22 de diciembre por los accionistas de la compañía con un mandato: controlar el grupo y revertir un rescate que consumaba el vaciamiento de la matriz histórica y dejaba a los propietarios de la cotizada como dueños de una empresa sin activos ni negocios, pero con fuerte deuda y pleitos. Sin embargo, desde el mismo día de la elección, el consejo traicionó ese mandato y se alineó con la dirección anterior, que presidía Gonzalo Urquijo, para tratar de ejecutar ese mismo rescate.
Los accionistas reaccionaron con celeridad, y el mismo 30 de diciembre, ya habían solicitado otra junta general extraordinaria para destituir a Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva Smith, a los que consideran unos traidores, aunque Abengoa no acusó recibo hasta el 4 de enero, día en el que uno de los consejeros dimitió por no compartir esa hoja de ruta contraria al interés de quienes les eligieron.
El consejo ha estado todo este tiempo intentando que el Gobierno central aceptase ejecutar el rescate sin la participación de la Junta de Andalucía, que lo había bloqueado al no querer participar por no contar con garantías jurídicas para prestar 20 millones de euros. Incluso después de que el 8 de enero el consejo de la filial operativa Abenewco 1, que era el mismo que se destituyó en noviembre en la matriz, dimitiese precisamente porque consideraba inejecutable el rescate.
Los todavía consejeros de Abengoa han retrasado al máximo legal posible su destitución, convocando la junta general extraordinaria hasta el 3 ó 4 de marzo. En ese tiempo, lo único que habían logrado hacer es formular las cuentas de 2019, aunque sin auditar todavía, para solventar el incumplimiento que heredaron de Urquijo y sus consejeros.
Ante la imposibilidad de ejecutar el rescate, y tras expirar las prórrogas que pactaba con el Banco Santander, sin que conste que participasen otros acreedores, que desde el 17 de noviembre no concedieron más extensiones, los administradores solicitaron ayer concurso voluntario, pero con el objetivo declarado de salvar “a las filiales del grupo”. Esto es, con el mismo objetivo que el rescate fallido de liquidar la matriz. ¿Pero puede romperse el grupo una vez que su matriz, que es dueña del 100% de cada una de las sociedades del entramado societario, está en concurso? ¿Es ésa la verdadera intención de este movimiento previo a la destitución? ¿Puede realmente desgajarse el valor del grupo sin conculcarse la legalidad? La respuesta queda para el juez de lo Mercantil que dirija el concurso y para el administrador concursal que nombre. Sin olvidar que las decisiones las tomará el nuevo consejo que se elija el 4 de marzo.
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