La Mesa del Diálogo Social celebró su última reunión el 28 de diciembre con la presencia del jefe de la patronal andaluza y las secretarias generales de los dos mayores sindicatos de la comunidad, UGT y CCOO. Del lado del Gobierno estuvieron los consejeros con competencias económicas y el portavoz y titular de Presidencia, Elías Bendodo. Un mes después, este foro ha vuelto a reunirse, pero con cambios entre los sillones del Ejecutivo. El propio Juanma Moreno ha presidido la reunión, en la que también ha estado el vicepresidente, Juan Marín. Sólo Bendodo, Juan Bravo y Rogelio Velasco, consejeros de Transformación Económica y de Hacienda, respectivamente, han repetido en la convocatoria, aunque Bravo intervino de forma telemática. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Poco, en teoría, pero el ruido de fondo preelectoral ha subido varios decibelios animado por la convocatoria adelantada en Castilla y León, la presión de la oposición sobre la situación sanitaria y la polémica provocada por el reparto que hace el Gobierno central los fondos europeos de recuperación, muy contestado por los gobiernos regionales del PP, entre los que está el andaluz.

Juanma Moreno no ha ido a los tribunales, como Isabel Díaz Ayuso, pero no lo ha descartado cuando se le ha preguntado. Sí lo descartaron ayer los representantes de la patronal y los sindicatos y todos coincidieron en el mismo motivo. Están convencidos de que el dinero de los Next Generation es una “oportunidad” para el anhelado cambio de modelo productivo andaluz y una judicialización de ese reparto podría retrasar unos fondos que deben gastarse, como muy tarde en 2023.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, reclamó al Gobierno central “lealtad institucional” con el polémico reparto, pero dejó claro su rechazo a llevarlo a los tribunales y pidió “relativizar” los mensajes en un momento en el que la “dialéctica política manda”. Menos sutil fue la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, que aseguró que “se sabe cuándo entran los asuntos en el juzgado, pero no cuando salen”, mientras que su homóloga en CCOO, Nuria López, reclamó a la Junta un “diálogo” con el Gobierno central para impedir que el asunto llegue a un juzgado.

Esta postura de la patronal y los sindicatos andaluces es coherente con el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social que se celebró ayer en el Palacio de San Telmo. Como resultado del encuentro, el Ejecutivo andaluz pondrá en marcha en los próximos días una mesa tripartita en la que estarán los agentes sociales y que servirá para impulsar la programación de proyectos y acelerar así la ejecución de los fondos Next Generation. La Junta ya se comprometió a impulsar este organismo en la reunión del pasado 28 de diciembre, por lo que se llevó una leve reprimenda de la líder andaluza de CCOO, pero Bendodo explicó que esta mesa comenzará a funcionar “en los próximos días.

La protesta sanitaria del 19 de febrero se mantiene

La reunión entre la Junta, la patronal y los sindicatos también sirvió para abordar la situación sanitaria y el mal momento por el que pasa, sobre todo, la atención primaria. Tanto López como Castilla reividicaron el refuerzo de las plantillas y ambas reconocieron que las movilizaciones previstas para el 19 de febrero para protestar por el colapso de la sanidad pública se mantienen a pesar del buen tono que definió al encuentro de ayer en el Palacio de San Telmo.

Y ese clima de entendimiento tampoco fue excusa para que tanto Nuria López como Javier González de Lara dedicasen buenas palabras al acuerdo alcanzado por sus organizaciones nacionales con el Gobierno central para la reforma laboral, que deberá votarse en los próximos días en el Congreso. Otro tirón de orejas para el PP, que sigue en el no al citado decreto apoyado por la patronal.