El Gobierno andaluz admite que la protección de Doñana prevalecerá sobre cualquier modificación del plan de regadíos del entorno del espacio natural. Es la respuesta que ha remitido el secretario general de Medio Ambiente, Sergio Arjona, a la advertencia de la Comisión Europea sobre la proposición de ley que se tramita en el Parlamento para reordenar los cultivos de la zona del Condado de Huelva y que abre la puerta a la legalización de regadíos que pueden suponer, de facto, una mayor extracción de agua del acuífero que nutre al humedal.

La misiva, fechada el 22 de febrero, admite que es el Gobierno andaluz el responsable de aplicar la norma que acabe aprobándose en la Cámara, pero recuerda que se trata de un texto impulsado por los grupos parlamentarios y no por el Ejecutivo autonómico. La tesis del dirigente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible es que la "mera tramitación" de la norma no tiene "de manera directa ni indirecta ninguna afección" al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que esgrime Bruselas para amenazar con sanciones a España por la aprobación de la polémica proposición de ley.

Más allá de eludir su responsabilidad en el impulso de la norma, la Junta defiende que el texto no avala una mayor extracción de agua del acuífero de Doñana, ya que la ley alude a la ordenación del territorio y "no otorga concesión de agua" a los terrenos. En la respuesta a Bruselas, Jiménez explica que los derechos de agua son competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central. De hecho, recuerda también que el llamado Plan de la Corona Norte -que la proposición de ley viene a reformar- es un plan de ordenación del territorio y tampoco está directamente asociado con los derechos de riego. En cualquier caso, la Junta matiza también que las 1.460 hectáreas que, según Bruselas, se pueden regularizar gracias a esta norma, son en realidad 748,62, es decir, prácticamente la mitad. 

Lo que se destila de la carta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible es lo que venía defendido la Junta en los pronunciamientos públicos que había hecho el presidente Juanma Moreno. El Ejecutivo se desliga de la iniciativa, recuerda que no supone de forma directa un mayor uso de agua, pero desliza que es el primer paso para hacerlo, aunque la apuesta de la Junta es que los recursos hídricos que hagan posible la actividad agrícola junto a Doñana lleguen en superficie y no mediante extracción subterránea. En ese sentido, la misiva incluye una apuesta por desarrollar una serie de infraestructuras que hagan posible el cumplimiento de la ley del trasvase del Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación del Guadalquivir. Se incluyen aquí el desdoblamiento del túnel de San Silvestre y la ejecución de las presas de Pedro Arco y Alcolea, entre otras obras. 

Un nuevo "plan de acción" antes de julio de 2022

Esta carta es la primera respuesta oficial a la proposición de ley, ya que el Gobierno andaluz no había emitido el informe que suele elaborar sobre las iniciativas legislativas que parten de los grupos parlamentarios. También es la constatación de que la Junta apuesta por superar el statu quo del Plan de la Corona Norte, algo que, según la carta, supone el cumplimiento de la sentencia del TJUE a la que alude la Comisión para amenazar con una nueva denuncia por la proposición de ley que se tramita en el Parlamento por impulso de PP, Ciudadanos y Vox y que sólo contó con el rechazo de Unidas Podemos y los no adscritos e Adelante tras la abstención del PSOE. 

Sergio Jiménez, en la misiva, admite que la Junta está "en condiciones" de presentar antes de junio un nuevo "Plan de acción" que incluya medidas con "compromiso económico" y plazos para garantizar el cumplimiento de la sentencia del TJUE sobre los incumplimientos de las directivas de Aguas y Hábitats en una iniciativa en la que implica al Ministerio de Transición Ecológica. Ese plan deberá compaginarse con la ley que se está tramitando en la Cámara y contará con un estudio sobre el grado de afección de las extracciones de agua a las zonas protegidas de Doñana que ha encargado la Consejería de Desarrollo Sostenible y las conclusiones de un grupo de trabajo sobre "las relaciones entre la hidrología y la ecología de Doñana, aunque este documento no estará antes de noviembre. 

Tras conocer la carta, el portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha acusado a Juanma Moreno de "engañar" a los agricultores, ya que considera que la carta demuestra que el Gobierno andaluz es "es plenamente consciente" de que la proposición de ley es "inviable jurídicamente". "Quieren seguir adelante con este atentado medioambiental para después echar balones fuera", reitera el líder de IU andalucía, que considera una "frivolidad" que la Junta "siga aireando unas expectativas que no va a poder cumplir, porque no hay agua suficiente y porque supondría la condena definitiva a la reserva natural más grande de Europa".