La bibliotecaria amenazada y acosada por una usuaria hasta el punto de perseguirla y esperarla en el portal de su vivienda. La que estuvo a punto de ser agredida físicamente y sacada de la biblioteca escoltada por algunos testigos hasta que la montaron en un coche en un garaje desconocido y la llevaron a casa. El puñetazo que recibió una funcionaria municipal que prestaba servicio en la sede del distrito Cerro-Amate tras mediar en una disputa entre dos usuarios. La irrupción a la hora del cierre de una persona bajo los efectos de sustancias tóxicas en el registro municipal de un distrito de la ciudad y el consecuente riesgo para la integridad física de la única empleada en ese momento en el edificio al tener que expulsarla.

Las trabajadoras sociales municipales que tuvieron que dejar de asistir a su centro de trabajo tras ser amenazadas por un usuario con una catana. El educador de los servicios sociales municipales amenazado de muerte. O los bomberos que son agredidos por llegar a un aviso minutos más tarde de lo que entienden los alertantes. 

Son sólo algunos ejemplos de lo que viven, con más frecuencia de lo que cabe imaginar, los trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla. Son historias personales, y reales, en anónimo, por miedo a nuevos ataques, de empleados agredidos que han vivido estas y otras situaciones delicadas en sus propias carnes, en su puesto de trabajo o a consecuencia del mismo.

Sede del distrito Cerro-Amate

"Podemos hablar de una agresión a un empleado público municipal por semana o incluso más de una. Aunque eso es lo que nos llega, porque la mayoría de estas situaciones de acoso, insultos o agresiones se han normalizado y no se denuncian o se callan por miedo a más ataques", afirma el delegado de CSIF por Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Ruiz García.

"Hay situaciones, como las que se viven en los puestos de trabajadores sociales o educadores sociales, a los que llegan personas con complicaciones y circunstancias desesperadas, que las acaban pagando con el trabajador que está allí atendiéndolos y ejerciendo su función sin prácticamente seguridad o personal de vigilancia y que, sólo en el mejor de los casos, reciben como reacción por parte del Ayuntamiento su aislamiento en un pasillo, por ejemplo, mientras la persona agresora sigue siendo atendida como si nada", añade rotundo.

Desde el sindicato han emprendido una campaña de denuncia y visibilización de una problemática en aumento y ante la que lamentan la "falta de implicación" del propio Ayuntamiento y la "dejadez" de cara a la protección de sus empleados. La organización sindical asegura que lleva años denunciando situaciones de inseguridad y agresiones "sin recibir respuestas desde el Consistorio ante numerosos casos que quedan impunes", sostiene, por su parte, el secretario de la sección sindical en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román. Apunta a la existencia de "numerosas agresiones" que no se llegan a contabilizar, "porque ni llegan a denunciarse" y exige al Ayuntamiento que dé respuestas a las "numerosas reclamaciones" que desde el sindicato se han dirigido durante años a los responsables del gobierno municipal por estas agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones. "No estamos hablando de un caso aislado, es una problemática continua y habitual para este colectivo", recalca Román.

Dicha organización quiere que estos casos tengan el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, ya que consideran que es el responsable último de lo que les pueda pasar a sus empleados en su puesto de trabajo o a consecuencia del mismo. Por ello, le exige, por un lado, "que denuncie las agresiones y no tenga que hacerlo el propio empleado"; y, por otro, "que ponga un letrado al empleado agredido para que no le cueste el dinero al trabajador ir a juicio". Entre otras medidas piden también actuaciones del tipo órdenes de alejamiento y atención psicológica en casos necesarios. "Es el propio Ayuntamiento de Sevilla quien debe personarse como parte demandante a la hora de denunciar a las personas agresoras y no el propio empleado agredido por su cuenta, evitando así significarlo y señalarlo", explica Rafael Román.

Testimonios en primera persona

María (nombre ficticio) pone voz a esas situaciones violentas sufridas por los empleados de oficinas o servicios municipales. Trabaja en una biblioteca pública de la ciudad y desde hace varios meses, con más intensidad desde después del verano, es víctima de continuas agresiones por parte de una usuaria del centro. Su caso se encuentra en vía judicial a la espera de ampliar la denuncia tras su llegada al Juzgado en un proceso impulsado por ella misma. Su testimonio da prueba de la "inseguridad" que sufre en su puesto de trabajo y de la "desprotección" por parte de la empresa para la que trabaja –el Ayuntamiento de Sevilla– y máxima responsable de su integridad física. "Voy a llevarla a juicio, pero vaya por delante que, aunque este acoso y agresiones las he sufrido en mi puesto de trabajo, todo ha corrido de mi tiempo y de mi dinero. Y no es un problema personal. Esto me lo he encontrado en mi puesto de trabajo y tiene que ser, en este caso, la Administración local la que responda por ello. Esto no puede funcionar con denuncias personales", lamenta. 

Cuenta que todo empezó "con un comportamiento un poco impertinente" de una usuaria habitual. "Reclamaba mi atención y la de mis compañeros aún cuando estábamos ayudando a otros usuarios. Luego siguió llamando por teléfono o, incluso, empezó a dejarse aquí el bolso u otros obsequios personales para tener que volver a venir en el momento en el que ya estábamos con la biblioteca cerrada", sostiene. "De ahí pasó a reclamarme una atención más personal, con alusiones a mi propia vida íntima y bajo insultos insinuados, por llamarlo de alguna manera", añade la empleada agredida, que reconoce que, durante mucho tiempo se resignó y consideró que dar quejas de estas situaciones podrían "no significar un problema para nadie". "Son cosas que te suenan raras y que te hacen estar en alerta pero por la multitud de perfiles que atendemos y que pasan por estas instalaciones lo das por normalizado", añade.

No obstante, la situación se agravó hasta el punto de que esta misma usuaria llegó a seguirla a casa y, una vez conocida la dirección de su vivienda, empezó a merodear por la zona, a desayunar en el mismo bar que ella y a asistir a lugares a los que asisten amigos u otros familiares. "Me ha mandado cartas a casa y me ha llegado a dejar flores en mi portal, postales y folios pegados por todos lados con mensajes. Ese día me fui a la Policía y denuncié por acoso", afirma.

Junto a su compañera, la agredida destaca el "apoyo" recibido por parte de la jefatura del servicio municipal que presta, pero, coinciden en que el problema "es más amplio". "Se le han abierto expedientes de expulsión, nos han llegado a cerrar la biblioteca por miedo a represalias al estar una sola empleada trabajando, pero el problema no es que se actúe en un momento determinado, es que trabajamos con una puerta abierta para todo tipo de público, sin recursos, sin una protección y sin indicaciones en un protocolo de actuación que respalden nuestras actuaciones", lamentan.

"Al final, te ves atado de pies y mano porque tú estas desarrollando tu trabajo en tu puesto laboral y no puedes poner en riesgo al resto de los que están allí para defenderte, pero es que, al mismo tiempo, ves cómo te vas metiendo en un verdadero problema porque no tienes recursos para reaccionar ante las intenciones del agresor y estás totalmente desprotegida por parte de la empresa para la que trabajas que se supone que debe de velar por su seguridad o darte cierto respaldo", apostillan la empleadas públicas que, aseguran esta situación continuada en el tiempo les ha afectado a nivel emocional.

Es uno de los últimos incidentes, pero hay más. Trabajadores del Registro Municipal de uno de los distritos de la ciudad han puesto decenas de reclamaciones por la ausencia de un control de acceso con el que quedan "vendidos" a todo el que quiera entrar. "Hubo un día en el que, estando sólo una única persona trabajando, y al momento del cierre, llegó una persona ebria que nos exigía que le teníamos que dar una vivienda. La tomó a insultos y amenazas con la empleada y sólo salió del edificio al hacer el amago ésta de llamar a una seguridad que no existe, con el consecuente temor a que la estuviera esperando escondida por algún sitio a la salida", relatan los empleados en anónimo. Con anterioridad, recuerdan otros afectados, "se produjo un enfrentamiento entre dos usuarios del distrito Cerro-Amate que esperaban para realizar trámites en las instalaciones y la trabajadora tuvo que mediar entre ellos y finalmente fue ella la que fue agredida". El caso se dejó ir. Aunque se dio traslado al Ayuntamiento de Sevilla, no se llegó finalmente a poner una denuncia en Comisaría "por miedo a represalias y dificultar aún más su labor diaria en el centro". "Estamos muy expuestos por esta falta de medios, por la impunidad que acompaña a estos delitos y por la pasividad de las instituciones", denuncian algunos de los agredidos.

"Faltan personal, protocolos y seguridad"

Según apunta Rafael Román, y así ha sido expuesto al Ayuntamiento de Sevilla, mediante un escrito registrado en la delegación de Seguridad Ciudadana, Movilidad y RRHH al que ha tenido acceso este periódico, "todos estos incidentes tienen un denominador común". "Falta de personal, teniendo que permanecer compañeras solas en atención al público en los servicios municipales, encargándose en muchos casos de la apertura y cierre de las instalaciones, falta de personal de control de acceso, falta de vigilantes de manera continuada o falta de recursos materiales del tipo botón antipánico o cámaras de videovigilancia", recalca.

El caso es que el Ayuntamiento de Sevilla tiene un protocolo anti agresiones. Lo reconocen desde el propio sindicato CSIF y es consultable desde la web municipal, pero señalan, no obstante, que es "insuficiente" porque no llega a todos los servicios y no contempla la asistencia jurídica, que es lo que ellos reivindican. El mismo recoge, literalmente, que es un documento "destinado especialmente al personal de los Servicios Sociales, trata de suministrar una guía y herramientas para prevenir y atajar situaciones que van desde la agresión física y con lesiones hasta las agresiones verbales, amenazas o calumnias". 

Este documento, según detalla el Ayuntamiento en un enlace en su web, incorpora una serie de "medidas de diagnóstico, preventivas y de respuesta ante cualquier agresión". "En primer lugar, define un diagnóstico y un estudio, puesto a puesto, de los riesgos existentes en cada trabajo coordinado desde la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se establece una serie de medidas preventivas que incluyen desde carteles informativos al usuario hasta sistemas de distribución y de organización del trabajo y medidas de seguridad. Se especifican, además, medidas activas, es decir, un protocolo específico de cómo responder ante la agresión y que atañe tanto al agredido como sus compañeros y superiores. Por último, se incluyen las iniciativas tras una agresión o situación de riesgo, consideradas en todo caso un accidente de trabajo, y facilitando servicios sanitarios, apoyo psicológico y garantías jurídicas para respaldarle en su denuncia al usuario".

Sin embargo, según Rafael Román, en la práctica, "no existe un un procedimiento de actuación de la administración" de manera generalizada en todos sus servicios de atención a la ciudadanía y espacios públicos. Además, añade el sindicalista, "en ningún caso incluye que el Ayuntamiento deba personarse en los juzgados y prestar asesoría jurídica al funcionario denunciante ante su agresor.

Por otro lado, respecto a la vigilancia y la dotación de personal de seguridad en estos centros, trabajadores y representantes sindicales de los mismos creen que, aunque hay centros que cuentan con ello, es "escaso" y "limitado". Ponen de ejemplo la sede del distrito Amate donde tuvo lugar una agresión en un momento en el que se acumulaban varios días sin personal de seguridad. 

Desde CSIF señalan que van "a por todas". Quieren que el Ayuntamiento les dé asistencia y, si no es así, recurrir a la vía judicial por "abandono" de sus trabajadores. "Lo primero que queremos es que se vele por la seguridad de los empleados municipales y que, en caso de altercados y agresiones, no terminen tirando la toalla por inacción del Ayuntamiento, tal y como hemos visto en múltiples ocasiones. Hemos iniciado ya consultas con nuestro gabinete jurídico para ver si hay viabilidad para llevar a la vía judicial al Ayuntamiento como el responsable máximo de los trabajadores. Una agresión a un empleado en dependencia municipal tiene que ser atendida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento al haber sucedido en su puesto de trabajo o como consecuencia del mismo. Y, como trabajador público que es, el Consistorio no debe desentenderse. No vamos a dejarlo pasar", insiste Román.

Con todo, aseguran que en las reclamaciones de los últimos meses "no ha habido respuesta" por parte del actual equipo de gobierno. "Y ya son seis meses desde que llegaron al poder", por lo que han emprendido esta campaña de visibilización.