El Ayuntamiento de Sevilla tiene las manos atadas para regular el precio de las sillas de la Semana Santa

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, aseguraba en una reciente entrevista publicada por este periódico que le sorprendía que el Ayuntamiento no pudiera opinar sobre el precio de las sillas. Alés se expresaba así tras ser cuestionado sobre una nueva subida del precio de los abonos, del 8% este 2024, que en los últimos 25 años se ha incrementado hasta un 125%. El delegado señalaba que esta cuestión debería ser abordada en el nuevo convenio de colaboración que deben firmar el Consistorio y el Consejo este año. Pero lo cierto es que el Consistorio, que cede el suelo público al Consejo, no puede entrar a regular el precio de las sillas y palcos de la Semana Santa. Así lo advirtió el secretario municipal hace unos años. El gobierno municipal sólo podía tomar conocimiento de las tarifas, no decidir sobre las mismas por no explotar directamente la carrera oficial. El Ayuntamiento sólo tiene la posibilidad de subir la irrisoria tasa que paga el Consejo por la instalación.

El encarecimiento de los abonos es objeto de polémica todos los años. Para esta Semana Santa, el Consejo ha aumentado los precios en más de 8%, aunque los usuarios pagarán menos que en 2023 tras eliminarse el cobro del IVA. En cualquier caso, la subida conlleva que el asiento más caro, situado en la tribuna de la Campana, ha pasado a costar 187,32 euros. Por su parte, el palco más oneroso en la Plaza de San Francisco se sitúa ya en 962,14 euros. Por la explotación de las alrededor de las 34.000 sillas el Consejo ingresa una cantidad muy próxima a los 4 millones de euros, mientras que apenas paga 25.000 por la tasa. Una diferencia abismal en la que el delegado ha puesto el foco.

Hasta el año 2020 el Ayuntamiento tenía voz en el precio de las sillas, aunque siempre ha respetado la decisión de la junta superior del Consejo. Así se recogía en la cláusula 7 del convenio en vigor hasta ese año: "El Consejo General de Hermandades y Cofradías comunicará anualmente los precios de palcos y sillas, así como las fechas de ocupación planificadas, al objeto de que por parte del órgano municipal competente y previo los informes técnicos correspondientes, se autoricen los mismos". Por lo tanto, el Ayuntamiento llevaba a la junta de gobierno la aprobación de los precios.

La situación cambió a partir de ese momento por una advertencia del secretario municipal. Como el Ayuntamiento no explota directamente las sillas, señalaba, no podía autorizar el precio, tan sólo estaba facultado para tomar conocimiento (así se llama la figura legal) de esos precios. El Ayuntamiento podría aprobarlos si se tratara de una tasa pública o un precio público derivado de la explotación de un servicio. Como en este caso el servicio lo presta el Consejo, el Ayuntamiento no puede aprobar esos precios pese a que le chirríe que cada año se incrementen.

El convenio firmado en julio de 2020 entre el que fuera delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera; y el presidente del Consejo, Francisco Vélez, ya recoge la modificación promovida por el secretario: "El Consejo General de Hermandades y Cofradías comunicará anualmente los precios de palcos y sillas, así como las fechas de ocupación planificadas, al objeto de que por parte del órgano municipal competente y previo los informes técnicos correspondientes, se tome conocimiento de los mismos".

Los ingresos municipales por cada tramo de la carrera oficial

El delegado de Fiestas Mayores indicaba que el aumento del precio de los abonos debería conllevar aparejado un incremento de la tasa que paga el Consejo por la ocupación de la vía pública. Ciertamente el Consejo paga una cantidad ínfima por este concepto: apenas 25.000 euros. El motivo es que la Gerencia de Urbanismo aplica una importante bonificación de este tributo al considerar los beneficios socio-económicos, culturales, religiosos o turísticos de la Semana Santa.

Por cada silla y por toda la Semana Santa el Consejo pagó el año pasado al Ayuntamiento la siguiente tasa:

• En la Campana: 2,10 euros
• En la calle Sierpes, desde Campana a Rivero: 2,33 euros
• En la calle Sierpes, desde Rivero a Plaza de San Francisco, incluida ésta: 2,54 euros
• En Plaza de San Francisco (Tribuna o Palco): 3,35 euros
• En Avenida de la Constitución, hasta García de Vinuesa: 0,99 euros
• En Avenida de la Constitución (Tribuna): 1,75 euros
• En Avenida de la Constitución, desde García de Vinuesa al final: 0,75 euros
• En las demás calles de la carrera: 0,34 euros

Esta tasa se mantiene invariable desde el año 2016, cuando el Ayuntamiento, gobernado entonces por Juan Espadas, la subió un 9%. En cualquier caso, el ingreso que obtiene el Consistorio por cada asiento apenas supone el 1,2% de su precio. El año previo a esta subida del 9%, 2015, el Consejo de Cofradías pagó al Ayuntamiento algo más de 16.000 euros por la ocupación de la vía pública. Una cantidad que se incrementó en unos 5.000 euros desde 2017, cuanto entró en vigor la actualización de la tasa, que cuenta, en cualquier caso, con la gran bonificación ya comentada.

La frustrada subida del 84%

El anterior gobierno popular de Sevilla, con Juan Ignacio Zoido a la cabeza, ya intentó en su primera Semana Santa aumentar el importe de la tasa que paga el Consejo. La subida que planteaba Urbanismo era del 84%. Los técnicos argumentaban que no pasaba nada por subir tanto el impuesto, ya que el Consejo seguiría haciendo un negocio redondo porque lo que se pretendía cobrar era sólo un 3% de los beneficios que genera la carrera oficial. Además, apostillaban que las sillas no eran "artículos de primera necesidad". Finalmente, la propuesta fue retirada y la subida quedó sólo en un 6%.

Durante ese mismo mandato, el Consejo de Cofradías, siendo presidente Carlos Bourrellier, instó al Ayuntamiento a que le eximiera de pagar la tasa fiscal por la instalación de las sillas y palcos que conforman la carrera oficial de Semana Santa. Desde la institución reclamaban el mismo trato que se dispensa, por ejemplo, a las productoras que ruedan en suelo sevillano, a las que el Consistorio eximía del pago del canon por considerar que crean negocio y realizan una promoción de la ciudad en el exterior. El Consejo consideraba

que las hermandades también generaban mucho dinero para la ciudad y que, por tanto, también debían

estar libres de esa carga fiscal propuesta por la Gerencia de Urbanismo. La tasa se siguió cobrando, pero las cofradías sí consiguieron que se les aplicara una importante bonificación que se mantiene.

Está por ver qué camino toma ahora el actual gobierno de José Luis Sanz.