Tres alcaldes y ocho ediles de Villaverde son condenados por la mala gestión en la sociedad de desarrollo

El juzgado de lo Mercantil les inhabilita durante 2 y 4 años, según el caso, para gestionar bienes ajenos por una quiebra "culpable"

Sí les libra de pagar con su dinero la deuda que generó la empresa municipal

El actual regidor anuncia que el gobierno local socialista recurrirá: es un "problema heredado" que trataron de resolver

El alcale de Villaverde del Río, José María Martín (PSOE), que va a recurrir la sentencia. / D. S.

La Sección Primera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha condenado a cuatro años de inhabilitación para administrar bienes ajenos a diez concejales que formaron parte de las dos últimas corporaciones del Ayuntamiento de Villaverde del Río y que, en su mayoría, continúan en el pleno, por el concurso de acreedores de la Sociedad para el Desarrollo del Parque Industrial Regajo Hondo, que el juez ha considerado "culpable", como pedían el administrador concursal, la fiscalía y una empresa acreedora. Entre ellos, se encuentran los ex alcaldes, Evangelina Maestra (PSOE) y Santiago Jiménez (la Voz de Villaverde), todavía edil en la oposición, y el actual regidor, José María Martín (PSOE).

Sólo se rebaja la condena a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos a otra concejal, en este caso miembro del PP, porque renunció y estuvo menos tiempo en ese consejo de administración.

El juez sí les libra de responder con su patrimonio al déficit que se generó, como pedía el administrador concursal, porque se considera que no ha habido pruebas suficientes que determinen en qué medida su conducta pudo generar o agravar la insolvencia de la entidad.

En el fallo, con fecha del pasado 1 de abril y que les condenada a pagar las costas, se absuelve al propio Ayuntamiento de Villaverde del Río, que el administrador concursal consideraba administrador de hecho de la entidad.

El regidor socialista ha anunciado ya que el equipo de gobierno va a recurrir la sentencia que, aunque no afecta a sus cargos políticos, considera que es totalmente injusta en su caso, ya que llegaron al gobierno en agosto de 2015 y, en cuanto tuvo conocimiento de la situación de la sociedad, siguió los pasos que le aconsejaron los técnicos, insiste.

En la sentencia, se destacan diversas irregularidades cometidas con esta sociedad que se creó para el desarrollo local pero que terminó gestionando el servicio de ayuda a domicilio de Villaverde.

Entre otras cosas, se incumplió el deber de presentar el concurso voluntario de acreedores, que no se hizo hasta octubre de 2016 cuando en mayo de ese año un juzgado de Lora ya había embargado el saldo de cuentas bancarias por una deuda de casi 100.000 euros entre principal e intereses con una empresa, Construcciones de Obras Averconst S.L.U., acreedor de la entidad.

También se cometieron otras "irregularidades en la contabilidad", como la inclusión de cantidades como "activos" sin soporte documental alguno; la inexactitud en la presentación de documentos relativos a los acreedores, entre los que se metió a una empresa que ya había cobrado su deuda a través del plan de pago a proveedores del Ayuntamiento y se dejó a fuera a esta otra, con la que había una deuda importante.

También se les condena por el pago de facturas por suministros, como luz o teléfonos (22 líneas que al parecer se correspondían con el Ayuntamiento y no con la empresa), sin que se facilitará al administrador concursal la documentación, pese a solicitarla por diversos medios.

El actual regidor se desvincula de una "mala gestión heredada"

El actual alcalde socialista, José María Martín, que accedió al puesto en agosto de 2015 tras una cuestión de confianza que no superó Santiago Jiménez (la Voz de Villaverde), defiende su actuación con la sociedad, cuyos problemas "heredó" de otras coporaciones. En este sentido, asegura que, cuando la empresa ya tenía una deuda importante, su prececesor en el cargo cambió el objeto social (la construcción, promoción y desarrollo del suelo) para asumir el servicio de la ayuda a domicilio. Su primer objetivo como alcalde, según insiste Martín, fue evitar tener que "echar a la calle" a los cerca de 40 trabajadores, que a día de hoy siguen trabajando. A partir de ahí y según fue conociendo la situación de la sociedad presentó el concurso de acreedores, como le recomendaron los técnicos. Pero defiende que, al principio, ni siquiera recibía la documentación que llegaba al nombre del anterior regidor. "Es injusto que quienes no han participado de una mala gestión sean condenados igual que quienes sí tomaron decisiones", insiste Martín. También señala que el anterior equipo de gobierno pudo pagar con el plan de proveedores al único acreedor que tenía la empresa, pero el anterior alcalde se negó, al considerar a su vez que era una deuda de otra gestión que no compartía. Más allá de que la inhabilitación para gestionar bienes ajenos no interfiera en la continuidad de los miembros del equipo de gobierno, el alcalde socialista insiste en que lucharán por no ser condenados "injustamente a nada".