Dos corporaciones locales en pleno se sientan en el banquillo

Dos corporaciones locales en pleno de Villaverde del Río, en total 12 personas, se sentaron este martes en el banquillo del juzgado de lo Mercantil de Sevilla para decidir si fue culpable o fortuito del concurso de acreedores de la Sociedad para el Desarrollo del Parque Industrial Regajo Hondo, a la que se encomendó la gestión de los servicios de Dependencia.

Entre los doce concejales para los que se pide inhabilitación figuran el actual alcalde, José María Martín Vera (PSOE), y su antecesor Santiago Jiménez (La Voz de Villaverde).

La Fiscalía no acudió al juicio pero el administrador concursal de la sociedad municipal solicitó al juez que el concurso sea declarado culpable y que se impongan cinco años de inhabilitación como administradores para cada uno de los ediles.

En su informe, afirmó que este fue un concurso de acreedores “creado ex profeso para evitar el pago a un solo acreedor”, una empresa de la construcción llamada Averconst a la que adeudaban unos 90.000 euros, incluidos los intereses.

Los concejales parecían “empeñados en una especie de venganza casi personal para que esa sociedad no cobrase la deuda”, en palabras del administrador.

La sociedad municipal se creó en 1995 para promover el desarrollo de Villaverde del Río pero a partir de 2012 gestionó los servicios de la Ley de Dependencia y llegó a tener 45 trabajadores.

Tras el concurso de acreedores de 2016, los trabajadores pasaron a una empresa especializada en este tipo de prestaciones, a la que se traspasó la Dependencia.

En su informe, el abogado de la principal empresa acreedora afirmó que el concurso “fue hecho a posta”, pidió que sea calificado como culpable y aseguró que los concejales “hicieron un uso arbitrario de los bienes de la sociedad en beneficio del Ayuntamiento”.

El abogado del Ayuntamiento defendió que “siempre ha sido intención de mis representados cumplir la Ley Concursal” y explicó su actuación porque “se veían abocados a dejar de pagar nóminas, Seguridad Social y dejar de prestar los servicios de Dependencia”.

A su juicio, los problemas venían de mandatos anteriores pero los ahora acusados no comprobaron la contabilidad. “Se presentaron a las elecciones y, además de concejales, fueron nombrados consejeros de una sociedad que no habían creado”, explicó el letrado.