La sede y los terrenos de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir saldrán a subasta

Siete años después de que los alcaldes de los siete municipios de Sevilla y los cuatros de Cádiz que integraban la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que funcionó durante 24 años y dejó una deuda millonaria, acordaran su disolución, la liquidación ha entrado en una fase final, con la subasta de los terrenos en los que se levanta su sede, a la entrada de Lebrija y que se han segregado en dos fincas.

El expediente, aprobado por todos los ayuntamientos -según una calificación recogida en el PGOU de Lebrija, que se encuentra en revisión- está en exposición pública.

Una de las fincas tiene 10.701,88 metros cuadrados, con la calificación de sistema general para un equipamiento de uso público, que puede ser privado. Otra, con 27.302,12 metros cuadrados, está calificada como terciaria.

Según ha explicado la ex alcaldesa de Lebrija y última presidenta de la entidad, María José Fernández, que sigue siendo liquidadora junto a la interventora, los terrenos se han tasado en 1,1 y 1,5 millones de euros, respectivamente. La subasta se pondrá en marcha inmediatamente, una vez que el 21 de diciembre culmine el plazo de alegaciones.

No obstante, éstos no son los únicos fondos que faltan por recuperar. También queda que uno de los ayuntamientos que, por su peso en los estatutos y los impagos, acumulaba más deuda con la mancomunidad la abone. Se trata de Sanlúcar de Barrameda, que debe más de seis millones de euros, una cantidad que está obligado a abonar, según sentencia firme. Según Fernández, ya se ha pedido que el fallo se ejecute.

Con esa cantidad, se podrían hacer frente a los reintegros que quedan por hacer a la Junta, por una cantidad similar debido a los programas, como escuelas taller y talleres de empleo, que se cortaron en su momento. El resto de deudas con proveedores, trabajadores y entidades financieras se saldaron hace años. Según se estimó en su día, el ente dejó una deuda de unos 60 millones de euros.

María José Fernández destaca que también se está trabajando en los archivos de la Mancomunidad. Se han clasificado en "miles de cajas", conforme a las directrices de la Junta, para su traslado al archivo general de ésta, pendiente de que se habilite el espacio para ello, en un edificio de la Isla de la Cartuja. Para este trabajo se ha contratado a dos personas.

Una vez que se liciten los terrenos y se adjudiquen y estos archivos sean trasladados a la Junta, las liquidadoras habrán terminado su cometido, destaca Fernández, que señala que serán en su caso los ayuntamientos los que tenga que seguir haciendo las reclamaciones al de Sanlúcar de Barrameda.

En este sentido, recordó que el resto de consistorios, a pesar de las dificultades financieras y los ajustes que han tenido que hacer durante estos años, han hecho frente a sus obligaciones.