La sede de la extinta mancomunidad se prepara para una posible venta

Aunque el grueso de la deuda ya se ha abonado, los ayuntamientos que formaban parte de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir siguen dando pasos para su liquidación definitiva. Uno de ellos afecta a la que fue sede de sus servicios centrales, en Lebrija, un complejo con varios edificios de los cuales sólo uno está en uso actualmente, ya que alberga el Ciclo de Cocina del IES El Fontanal y las oficinas de la COAG. Ya en el PGOU de Lebrija de 2016 se modificó la calificación de los suelos de la mancomunidad, más de 38.000 metros cuadrados, de forma que la mayor parte dejaron de ser dotacionales para pasar a terciarios de cara a una posible enajenación o venta. No obstante, ésta requeriría el acuerdo previo de los ayuntamientos.

Los once municipios que formaban parte de la mancomunidad (siete de Sevilla y cuatro de la provincia de Cádiz) ya han dado su visto bueno a esa separación. Recientemente lo hizo Sanlúcar de Barrameda y el último que quedaba era el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca que, a diferencia del resto, ha optado por llevar a la propuesta al Pleno, donde se aprobó ayer. Este trámite no implica una venta inmediata o que ésta se vaya a hacer, simplemente que el suelo se separa en esas dos partes, la dotacional y la terciaria, de las que los once ayuntamientos serán propietarios mediante condominio, hasta que se tome otra decisión.

Según se recoge en el PGOU de Lebrija, la parte de suelos dotacionales tiene más de 10.700 metros cuadrados y sobre ellos se ubica el edificio que ahora está en uso. La zona terciaria es más extensa, de 27.310 metros cuadrados, y sobre ella están los otros dos edificios. Uno de ellos es un antiguo cortijo que se rehabilitó para albergar oficinas, y otro se construyó como sede central de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, cuyos componentes decidieron liquidarla en abril de 2014, ante la imposibilidad de mantener los servicios y la plantilla que había ido adquiriendo con la caída de ingresos y las deudas acumuladas. La deuda del ente, a la que están haciendo frente los ayuntamientos, llegó a ser de unos 59 millones de euros.

Todavía quedan reintegros por subvenciones que están reclamando otras administraciones, aunque se han recurrido en los tribunales, con lo que la liquidación no ha podido cerrarse.