Ya son 9 los detenidos por su vinculación con el "grupo criminal" del Consorcio de Estepa

La Policía Nacional ha dado más detalles, este sábado en un comunicado, sobre la operación policial por las irregularidades en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, por las que el número de detenidos se eleva ya a nueve personas, presuntas autoras de varios delitos contra la Administración Pública cuya investigación está ya en una fase final.

Se han intervenido "numerosa documentación, automóviles y más de 90.000 euros en efectivo", señala la Policía, que habla abiertamente de que "el líder de este grupo criminal y su socio, ambos altos cargos del Consorcio de Medio Ambiente de la Sierra Sur, ingeniaron todo un entramado empresarial, en el que sin ningún tipo de licitación pública, realizaron “auto contrataciones” con fondos públicos a diversas empresas fantasmas cuyos administradores eran familiares suyos.

Se trataría del secretario del Consorcio y el jefe de planta, José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez, que están entre los detenidos.

La investigación, iniciada en el mes de enero, tuvo una fase inicial donde los agentes verificaron la existencia de los delitos y analizaron el modus operandi, así como el grado de participación de los investigados.

Durante estos meses de investigación inicial, las diligencias practicadas por los investigadores permitieron conocer la existencia de una empresa que, a finales de 2018, habría suscrito un contrato de arrendamiento de maquinaria destinada a la recogida de residuos en los distintos municipios del Consorcio, del que forman parte 17 ayuntamientos y se encarga del tratamiento de residuos sólidos urbanos de 65.000 vecinos.

Testaferros

Dicho contrato se modificó apenas dos meses después, "de manera unilateral y fraudulenta por el directivo del Consorcio, de tal forma que se alteraba su contenido de manera muy provechosa para la empresa beneficiaria y con gran perjuicio para las Administraciones Públicas implicadas", según la Policía.

Días después se detectaron una serie de transmisiones de titularidad de la mencionada empresa beneficiaria a través de testaferros y "hombres de paja", resultando que quienes realmente figuraban como propietarios se trataba de un directivo y un jefe de planta, que todavía siguen en sus puestos aunque se les ha abierto expediente, y como administradoras sus parejas.

"Mediante este modus operandi y otra sociedad, lograron establecer un procedimiento de contratación con fondos públicos que en realidad, quedaba al arbitrio de los ahora detenidos. Lograron así un enriquecimiento mediante la autocontratación de servicios destinados al Consorcio y siempre al margen de cualquier licitación pública", relata la Policía.

Los beneficios obtenidos de este ilícito modo, habrían pasado al patrimonio particular de los detenidos mediante diversas maniobras propias del blanqueo de capitales, insisten los agentes, tales como la simulación de operaciones comerciales inexistentes u operaciones hipotecarias.

La fase final se ha venido desarrollando desde el pasado martes 16 de junio, practicándose de manera simultánea las nueve detenciones y cinco registros domiciliarios en municipios de Sevilla y Málaga. Se ha intervenido numerosa documentación, automóviles y más de 90.000 euros en efectivo, así como se ha procedido a la solicitud judicial del bloqueo de las cuentas bancarias de todas las personas y sociedades implicadas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial este pasado jueves, en el marco de una investigación realizada por el Grupo de Anticorrupción y Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal –UDEF– de la Policía Nacional en Sevilla, junto a la colaboración de agentes de la Comisaría de Antequera.

En sus puestos hasta finales de mayo

Ambos trabajadores han seguido en sus puestos todos estos meses, ya que hasta finales del mes de mayo el alcalde de Estepa y presidente del Consorcio, Antonio Muñoz Quirós (PSOE), no abrió o solicitó al Ministerio, en el que caso del habilitado nacional, expediente disciplinario.

En otro comunicado, Quirós ha puesto el acento en que la investigación sólo a afecta a dos de los 49 trabajadores de la planta (aunque son los máximos responsables) y que la Junta General del Consorcio está formada por representantes de todos los ayuntamientos, gobernados por diferentes grupos políticos.

"La toma de decisiones se lleva a cabo por votación democrática de sus miembros, los cuales son informados periódicamente del desarrollo diario de la actividad del Consorcio", insiste Quirós, aunque los representantes de otros grupos políticos subrayan que el "organismo" ha funcionado durante mucho tiempo como un "rodillo" por la mayoría absoluta socialista.

La última reunión, en la que se "detallaron los hechos ocurridos", según el alcalde, tuvo lugar el pasado 27 de febrero, 15 días antes de la declaración del Estado de Alarma y el confinamiento, si bien nada de lo que se trató en esa junta general pudo constar en acta porque el propio secretario investigado, que debía ejercer como fedatario público, no se presentó alegando la investigación judicial. Tampoco se pudo tomar la decisión de personarse en el juzgado. De hecho, el Consorcio no lo ha hecho, como perjudicado, hasta el 4 de mayo.

Muñoz Quirós resalta que han colaborado con la Ficalía y la policía en los dos registros, el último el del martes 16 de junio, para esclarecer, según admite, "un entramado empresarial, en el que sin ningún tipo de licitación pública, se realizaron auto contrataciones con fondos públicos a diversas empresas fantasma".

El 21 de mayo abrió expediente disciplinario al jefe de planta, adoptando, como medida cautelar, la suspensión provisional de empleo y sueldo de este trabajador.

El 22 de mayo, se solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que iniciara expediente disciplinario también contra el secretario, para poder adoptar su suspensión provisional de empleo y sueldo como medida cautelar.

El presidente del Consorcio asegura que ha contactado con los alcaldes de los diferentes municipios y componentes del Consejo de Dirección para convocar, cuanto antes, una reunión en la que se tratarán todos los hechos.