El juzgado vuelve a rechazar el ingreso en prisión provisional del secretario del Consorcio de Estepa-Sierra Sur

Irregularidades en la gestión de residuos

IU había presentado un recurso, aludiendo a la posible destrucción de pruebas de la que alertó también la Udef

Mañas, que superó la edad de jubilación pero cuenta con permiso para trabajar hasta los 70, sigue siendo el encargado de informar y revisar los contratos

Una vista del vertedero que forma parte de la planta de tratamiento de residuos del Consorcio Estepa-Sierra Sur, en el que José Antonio Mañas sigue siendo secretario. / Víctor Rodríguez

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa ha vuelto a rechazar, en un auto emitido el 5 de marzo, el ingreso en prisión provisional de José Antonio Mañas, que sigue ejerciendo como secretario del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, a pesar de haber sido detenido y estar investigado en la causa que se instruye por el desvío de fondos de esa entidad, mediante contratos supuestamente fraudulentos y que él mismo debía revisar, a la empresa Magno Ambiental del Levante, que controlaba junto al jefe de planta, el también investigado Manuel Ibáñez, éste sí suspendido de forma cautelar de empleo y sueldo por la entidad.

El juzgado ya rechazó esa petición que hicieron los abogados de IU y el PP, personados en la causa, en otro auto el 18 de enero, si bien la federación de izquierdas había presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación, ahora desestimado en el juzgado aunque irá a la Audiencia, insistiendo en el riesgo de reiteración delictiva y destrucción de pruebas. La propia Udef ha advertido de ello,

Se da la circunstancia de que al ser Mañas un habilitado de carácter nacional y un puesto que depende en última instancia del Ministerio de Hacienda, como responsable de Función Pública, esta administración también ha rehusado intervenir para apartarle considerando que el asunto ya está judicializado.

Esta paradoja -que el principal investigado por las graves irregularidades siga y no pueda ser apartado de una forma u otra del puesto en el que, supuestamente, las cometió- se produce además cuando Mañas ha superado incluso la edad de jubilación, pero tiene un permiso para seguir ejerciendo hasta los 70 años.

Desconfianza y recelo en los 17 municipios por la situación

El actual presidente del Consorcio y alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, ha asegurado, en las ocasiones que se le ha preguntado por la situación del secretario-interventor, que dado que Mañas debe seguir informando de cualquier contratación o trámite, intenta revisarlos con el asesoramiento de la Diputación. No obstante, la continuidad de Mañas como secretario está generando una enorme desconfianza entre los alcaldes de los 17 municipios integrados en este consorcio de recogida y tratamiento de residuos, que da servicio a 67.000 habitantes de la Sierra Sur.

La decisión del juzgado se produce después de que la Fiscalía también se haya pronunciado en contra de esa prisión provisional, porque considera que la cuestión ya quedó resuelta con las detenciones practicadas en junio de 2020 y que no queda acreditado el riesgo de destrucción de pruebas "cuando todo el material probatorio relacionado con los hechos ha sido incautado y está pendiente de análisis por la Policía Judicial". La Fiscalía también recuerda que en otro auto del 26 de mayo se denegó la suspensión de funciones de Mañas, al creer que corresponden a la administración. También descarta el riesgo de fuga.

Por su parte, el titular del juzgado número 2 de Estepa, en ese último auto se remite a los argumentos del anterior y destaca que el recurso "parece centrarse más en censurar la gestión" de la presidencia del Consorcio y en "denunciar irregularidades en la contratación, pasadas y a su entender previsiblemente futuras" por la continuidad de Mañas como garante de la legalidad en el ente que en razonar los motivos del recurso a la prisión provisional y recuerda entre las "finalidades" del artículo 503 de la Ley de Enjuciamiento Criminal no se encuentra fiscalizar los mecanismos de contratación de ningún ente público.