Tanto ha tensado el PP la cuerda del control judicial que ha terminado provocando un motín entre un nutrido grupo de jueces del CGPJ. Hay que recordar que el órgano de gobierno de los jueces -que nombra a su vez a los jueces de la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia- lleva cuatro años vencido y su renovación bloqueada. La actitud del PP, que se repite en este ámbito desde que gobernaba Zapatero, alienta de forma implícita a los jueces rebeldes, que lo serán si pasan de las filtraciones a los hechos. Eso es que dentro de dos días, cuando vence el plazo que concede la ley, se nieguen a cumplir con su obligación y no elijan a los dos miembros del TC. La irresponsabilidad política institucional y constitucional siempre tiene consecuencias nefastas. Los propios jueces vuelan libres y se sienten moralmente autorizados para amotinarse cuando ven que el principal partido de la oposición, que seguro que volverá a gobernar de nuevo España algún día, bloquea la renovación del órgano, a lo que le obliga la Constitución, el respeto a los procedimientos democráticos y algo llamado ética política. E incluso, le obliga ese imaginario que llamaríamos juego limpio.

Un bloqueo de cuatro años

Es sencillo: el PP no desbloquea el CGPJ después de cuatro años porque no renuncia a controlar la justicia cuando no gobierna y lo hace impidiendo que la correlación de fuerzas -porque se trata de eso- en el Consejo no respete la representación parlamentaria actual, lo que vale a no respetar la voluntad popular y el significado del voto popular en todas sus consecuencias. Es de temer que mientras haya sumarios abiertos como Gürtel o Púnica, en los que se somete a juicio diversos y graves actos de corrupción cometidos en administraciones gobernada por dirigentes populares, no va a mover ficha. La confianza en que Feijoo y su ponderada mesura e institucionalidad recuperara la normalidad institucional ha sido un espejismo. En esto no caben falsas equidistancias. El PP no cumple con su obligación hace cuatro años y lo hace en defensa de sus intereses propios. El resto es enredar y querer confundir a la opinión pública con un supuesto reparto de responsabilidades. Lo que trata de impedir con la última maniobra, es que, como ocurre siempre, la mayoría del TC sea correlativa con la del gobierno, lo que favorece una interpretación determinada de los asuntos constitucionales.

Es cierto que el Gobierno ha pegado dos zarpazos en la ley: remiendos que también tienen su coste institucional. La prohibición de que el Consejo siga eligiendo jueces estando en funciones y la exigencia legal de que antes del próximo martes elijan a dos de los miembros del TC. Pero no conviene confundir las causas con las consecuencias del bloqueo.

Jueces que eligen jueces

La propuesta del PP de que los jueces elijan a los jueces es interesante y digna de un debate serio. Pero, que sepamos, se necesita un cambio legal. Y los cambios legales se hacen en el Parlamento. Y para eso rige el juego de mayorías y minorías. Para cambiar el sistema de elección de los jueces o para ser una nación independiente como pretenden muchos catalanes. Mientras, lo que toca es actuar conforme a la ley. El imperio de la ley es para todos y para toda circunstancia.

Estos días negros para la justicia el PP se aferra a esa propuesta apelando a que los políticos no metan las manos en la justicia. Se puede emplear más cinismo aún, pero es difícil. En todo caso, ¿qué jueces son más fiables que el Parlamento democráticamente elegido para elegir a otros jueces? ¿los que se amotinan y desafían la ley? Este atrincheramiento ideológico de algunos miembros del consejo deja los argumentos del PP como propuesta de saldo. Una baratija. Están convirtiendo esa posibilidad en un sistema falible y contaminado en origen. La UE ya ha reclamado a España que desbloquee los órganos judiciales conforme a las leyes vigentes -obviamente no podía decir otra cosa- y que después proceda a acercar su sistema al que rige mayoritariamente en Europa y en el que los jueces tienen más peso en la elección de sus colegas. El PP recuerda que la UE insta a cambiar el sistema, pero desoye la primera parte: que primero se desbloquee el órgano con la ley actual. Ignoro cómo serán los jueces europeos, pero con algunos que estamos viendo en España es para pensárselo dos veces.

¿Da igual quién juzga según qué casos?

La justicia va a salir muy mal de esta crisis. Ya lleva plomo en las alas, pero el daño es tan profundo que quizás sea catártico. Veremos. Funcionalmente, esta anomalía mantiene decenas de vacantes sin cubrir y un retraso monumental en muchas sentencias. Pero lo que es realmente preocupante es que hemos asumido con naturalidad el lenguaje político para hablar de la justicia. Ya nadie duda de que el órgano de gobierno se mueve por bloques, por banderías ideológicas. ¿No debería darnos igual qué juez juzga un caso, igual que debería darnos igual que nos opere un cirujano u otro? Después de este espectáculo bochornoso será difícil recuperar la confianza en la justicia a según qué niveles.

Han saltado por los aires las garantías que establecen la Constitución y las leyes para garantizar la independencia de la justicia. Se ha socavado la distancia necesaria para que el poder judicial ponga coto a los otros poderes. Y se han arrojado serias dudas sobre la imparcialidad de muchos juzgadores.

Muchos jueces que echan más horas que un reloj en juzgados de toda España estarán asistiendo atónitos a este espectáculo muy propio del Madrid político. Mientras, el presidente del Consejo y del TS, Carlos Lesmes, amenaza con dimitir. Debió hacerlo hace cuatro años. Por lo visto el límite de su dignidad y su ética venía con una prórroga de cuatro años. Para unos, Lesmes es un héroe al estilo de Zola en su Yo acuso. Para otros, un traidor que está negociando a hurtadillas la presidencia del TC. De esta no sale nadie bien parado. Una desgracia que nos aleja de la idea de nación moderna que anhelamos.

Fin de la discriminación de las empleadas de hogar

La segunda noticia de la semana es el fin de una discriminación histórica: las empleadas de hogar (el 95% son mujeres) van a tener derecho a cobrar paro una vez que dejen de trabajar, gozarán de la misma protección legal que el resto de trabajadores, el Fogasa asumirá las indemnizaciones en los casos de insolvencia por parte de los contratadores y los despidos tendrán que estar justificados. Este colectivo ha sufrido como pocos la injusticia de no haber sido considerado seriamente como un empleo homologable. Sin contratos, sin derechos, ni indemnización ni paro. En febrero el tribunal de Justicia de la UE estableció que las empleadas domésticas españolas estaban sometidas a un régimen discriminatorio contrario a la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social. A partir de ahí había poco margen para no corregir la situación. Aun así, los sindicatos calculan que hay al menos 200.000 empleadas de hogar trabajando sin contrato. Sigue habiendo tajo. Y en cualquier caso esta reforma debería abrir también una reflexión colectiva sobre el papel, la relevancia y la consideración social de estas trabajadoras.

Otoños, patriarcas y elecciones

El senador peronista argentino Antonio Cafiero acuñó una frase ingeniosa para caracterizar al presidente Fernando de la Rúa, de bien ganada fama de soporífero: “No hay nada más aburrido que un domingo de lluvia, sin fútbol y con De la Rúa como presidente”. Podríamos parafrasearlo: no hay nada más aburrido que un debate en el Senado entre un presidente del gobierno y un líder de la oposición sin intención alguna de entenderse en nada. Pedro Sánchez fue más explicativo, con un contenido geopolítico y se centró en dos cosas: en explicar las medidas para combatir la emergencia energética y en tratar de abrir vías de agua en la credibilidad del líder de la oposición. Feijoo fue directo al estado general de cosas, buscando el hueco de los libros de texto y las cosas de la cotidianeidad, y exhibió la portada de un plan energético que al día siguiente aún no se había hecho carne. Es bueno que la política vuelva a las instituciones con la presencia del presidente del gobierno, quien, en cualquier caso, ha debido tomar nota de que tiene enfrente a un rival más bragado, con los codos afilados, más presidenciable y con más credibilidad que su antecesor. Por lo demás, el tufo electoral se coló en la cámara alta y allí va a seguir hasta que concluya este ciclo legislativo.