LA política española vale una perra gorda. Que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se sienten a hablar equivale a que uno de los dos se lleve la perra gorda: diez céntimos de las antiguas pesetas con la efigie de un león pasado de romana al que el pueblo confundía con una perra entradita en carnes. Diez días ha tardado Feijóo en aceptar sentarse con Pedro Sánchez. Y lo va a hacer poniendo condiciones: marcando la agenda de la reunión y el sitio, que será el Congreso de los Diputados y no la Moncloa, lo que evidencia el no reconocimiento de quien ocupa la sede de la presidencia del Gobierno.

Tardar diez días en aceptar una reunión con el presidente es una anomalía democrática y es desmentirse a sí mismo respecto a lo que afirmaba que haría cuando no era líder de la oposición: hacer lo contrario de lo que se dice no es patrimonio exclusivo de Sánchez, un maestro consumado sin duda. Si no hubiera atendido la llamada del presidente –como pretendía hasta que lo ha aflojado la presión– después de quejarse amargamente de la falta de diálogo es una paradoja sarcástica; pero seguir sin admitir que nuestro sistema funciona eligiendo al presidente del Ejecutivo sumando los votos necesarios en el Congreso y no siendo el más votado en las urnas es más grave. Es una desviación constitucional, un parapeto para perdedores y un mal ejemplo de pedagogía democrática. Entregado a esa tesis, promovida por los sectores más radicales de su partido y de la sociedad, una teoría falsa que desembocó en violentas manifestaciones en la calle Ferraz, el líder del PP se está maniatando a un destino absurdo. Los votantes se preguntarán para qué sirven sus 137 diputados si el único trabajo encomendado es el de zarandearlo todo hasta que caigan nueces.

Necesitamos un Gobierno y una oposición para que el sistema no se gripe. Ni siquiera deben estar de acuerdo en la mayoría de cosas, aunque sí en los elementos sustanciales para la reforma del Estado y la resolución de problemas acuciantes. Pero es necesario que quien controla al Gobierno acepte las reglas de juego. Lo contrario es impropio en un partido de Gobierno como es el PP.

Mucho fango

La legislatura, es obvio, se va a atascar en todos los fangos. Pero este es el peor: sin admitir la legitimidad de quien gobierna no hay normalidad posible. Se alimenta a la bestia antisistema, se tensiona innecesariamente a los ciudadanos y se falta a la verdad. Obviamente saben lo que hacen. Es una decisión estratégica –errónea e inadmisible–, no un error de interpretación. Mucho está durando ya ese posicionamiento que no le va a dejar avanzar por el camino de confrontar sus ideas de país, sus propuestas y sus valores frente a las del Gobierno.

La agenda

En realidad, nadie esperaba grandes acuerdos de la reunión del viernes. El clima enrarecido en origen y vuelto a enrarecer tras entregar Pamplona a Bildu, lo hace imposible. De la reunión sale un acuerdo a propuesta de Feijóo para que la Comisión Europea supervise las negociaciones para renovar el CGPJ y el sistema de elección futuro. Una rareza, con lo poco que le gustan al PP los mediadores. Y salen varios noes: no a parar la ley de amnistía, no a parar el acuerdo con Bildu en Pamplona, no a destituir a Bolaños como ministro de Justicia porque no se fían de él, no a renunciar a comprar el 10% de Telefónica y no a renunciar al nombramiento del presidente de la Agencia Efe. Y un sí a la reforma del artículo 49 de la Constitución –que ya tuvieron pactada PSOE y PP en la anterior legislatura– para eliminar el término "disminuidos" y sustituirlo por "personas con discapacidad". Era una agenda pensada para el no y para ratificar que con el Gobierno es imposible entenderse.

La financiación

Pero antes de los noes, la agenda ha sido la segunda batalla. No hay que alarmarse por que el líder del PP quisiera introducir otros temas en la agenda, que a propuesta de Sánchez incluía tres asuntos prioritarios: renovación del CGPJ, sistema de financiación autonómica. A Feijóo debería preocuparle sobre todo pactar las bases para la reforma del sistema de financiación: el PP gobierna 11 comunidades además de en Ceuta y Melilla, solo o con Vox, la mayoría de ellas infra financiadas. Sería de ilusos pensar que será fácil, pero si levanta la vista de la fábrica de ruidos de la M-30 escuchará que es eso lo que están demandando sus presidentes, cuya gestión y éxito político dependerá, además de sus habilidades y mayorías, de su gestión y su gestión dependerá en buena parte del dinero contante y sonante. El ruido no ayuda a controlar la acción del Gobierno. Y cuantas más veces diga Abascal que alguien querrá ver a Sánchez colgado de los pies, más votos para el PSOE. Por ahí corre el curso.

Sánchez, más despabilado

La agenda alternativa de Feijóo era en realidad un intento de trasladar una sesión de control del parlamento a la reunión con el presidente: ley de amnistía –ya en marcha– y otras iniciativas que ya están aprobadas y no necesitan pactar consenso alguno porque forman parte de la médula de la diferencias: la crítica y la oposición ya la hizo el PP en la cámara baja. Es absurdo utilizar una reunión de ese nivel para presentar de nuevo sus posiciones respecto a las subidas de impuestos, los planes de ayuda para la inflación, la moción de censura de Pamplona o de "la condonación de deuda y del 100% de los tributos a determinados territorios".

Ha estado más listo Sánchez. Podía haber tirado de la prerrogativa presidencial de no admitir condiciones y haber anulado la convocatoria por incomparecencia e inaceptación del rival. Feijóo habría salido más descompuesto en esa foto: de hecho, la presión y no el convencimiento le ha podido para aceptar con condiciones esa reunión diez días después. La pregunta sigue siendo si el PP va a cambiar de estrategia. Si la legislatura dura cuatro años se le va a hacer muy largo. Cuando cambie igual es tarde. Muchos ciudadanos, pese a las dudas legitimas que les genere este Gobierno y sus decisiones, terminarán confiando en quienes hacen más que en quienes solo chillan y tratan de hacer descarrilar al Gobierno.

A Sánchez le convenía la reunión aun con condiciones. Sea como sea, los Gobiernos ganan en la normalidad, en la estabilidad y el dialogo. Proyectan lo mejor de sí mismos aunque la reunión sea infructuosa. "Para usted la perra gorda" le ha dicho el presidente a Feijóo, poniéndole precio de la política española actual.

Blindaje de país

Adquirir el 10% de Telefónica no parece exactamente política chavista. Chaves lo que hizo fue expropiar e intervenir 1.440 empresas privadas en Venezuela en 13 años. El Gobierno lo que va a hacer es blindar una empresa con 383 millones de accesos totales, presencia en 38 países, más de cien mil empleados, una facturación de 40.000 millones y un impacto de 46.000 millones en el PIB para que no sea controlada por un Estado como es Arabia Saudí –a través de su operadora estatal STC+ que está desempeñando un nuevo papel en el nuevo orden económico aprovechando el rol menguante de EEUU y su inagotable capacidad de invertir dinero en cualquier sector estratégico.

El país saudí es una dictadura cuya Constitución es el Corán y el monarca el dueño y señor de cada decisión y nombramiento. No hay parlamento y los partidos y los sindicatos están prohibidos. Arabia Saudí es algo más que un inversor y su posición en Telefónica no es un movimiento que pueda juzgarse exclusivamente con la doctrina liberal del libre mercado. Es más, las mismas voces hoy críticas con lo que denominan "ocupación del sector público y privado" son las mismas que recriminaron al Gobierno la entrada del capital saudí hace unos meses. Extraña posición del PP, que se siente obligado a ir a la contra de todo, al tratar de mantenerse entre el rechazo al blindaje de la compañía y su apoyo tácito a la entrada de dinero controlado por un país como Arabia Saudí. Es todo demasiado esquizofrénico. No se pude hacer política que sirva al bien común cerrando los ojos a lo que ocurre en el resto del globo. El presidente de EEUU, Joe Biden, le ha prohibido a Nvidia, líder mundial en computación de inteligencia artificial, venderle un solo chip a China. El proceloso mundo que habitamos es demasiado complicado, y el control tecnológico en la sustancia de todos los riesgos, como para no garantizar cierta soberanía y jurisdicción sobre los recursos críticos para la seguridad nacional y la autonomía de país.

España, rara avis

Telefónica es una empresa de referencia global. Y su oferta de servicios es crítica. Especialmente por las conexiones, el acceso a la información y los programas de infraestructura integral de información para la Defensa, que sirve de base a los servicios de información para garantizar la seguridad de las comunicaciones entre las Fuerzas Armadas y el ministerio. Es clave en materia de ciberseguridad, en el sostenimiento tecnológico de la administración del Estado y en la instalación de cables submarinos.

El trabajo profesional de sus consejos y equipos, que dispusieron de una bolsa de dinero muy abundante por el monopolio estatal de los teléfonos, ha colocado hoy a la firma en un lugar de privilegio: quien controle la tecnología controlará el futuro. ¿Debe renunciar España a tener un pie en ese conglomerado? No parece razonable. España era casi la excepción entre los grandes países de su entorno: Alemania (el 30,4% de Deutsche Telekom), Francia (el 23% de Orange, que es la antigua France Telecom) o Italia (que tiene el 9,8% de Tim, que es la antigua empresa estatal y va a adquirir además el 20% de la red fija de Telecom) además del resto de los países europeos más relevantes tienen una importante participación en sus telecos. Países, como se sabe, con larga tradición expropiatoria e intervencionista. Lo que viene siendo chavismo a la europea. Cuenta Marta Peirano, periodista especializada en entender cómo operan las tecnologías y el poder cuando se cruzan, que la Telefónica se ha convertido en bizcochable para los saudíes por "su vulnerabilidad" ya que ha perdido valor de mercado durante los diez últimos años tras vender casi la mitad de su negocio de fibra rural, la fibra óptica en Latinoamérica y el 17% de su filial británica de torres a un fondo de inversión.

Ahora el Gobierno tiene la oportunidad de no rematar mal la operación: solo tiene que hacer lo contrario que Aznar cuando vendió el 21% del Estado en 1996 y no tratar de poner a un amiguete de pupitre al frente de la empresa ni alterar el normal comportamiento empresarial de Telefónica.