El Gobierno da luz verde a la ley de protección animal para luchar contra el maltrato

Madrid/El Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros al anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los animales.

Con esta norma, "pionera", según la ha descrito la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se establece en España un marco común en todo el territorio nacional con el objetivo de poner fin al maltrato, abandono y sacrificio animal.

La ley, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, modifica el Código Penal introduciendo multas de hasta 200.000 euros y penas de prisión en casos de maltrato o asesinato de animales.

Esta norma incluye, entre otras novedades, el sacrificio cero (salvo por motivos sanitarios y eutanásicos), el ya mencionado endurecimiento de las penas de maltrato, la lucha contra el abandono y la prohibición de comercializar animales en tiendas de mascotas y su uso en espectáculos donde puedan sufrir daños.

"Uno de cada tres hogares españoles tiene un animal y con esta norma el Gobierno da respuesta y demuestra estar en sintonía con el sentir de una sociedad española en la que los animales son un miembro más de la familia", ha dicho Rodríguez.

La ministra, que ha indicado que ya en algunas comunidades autónomas existían regulaciones en este sentido, ha incidido en que con esta ley se instaura un marco legal común en toda España.

El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero, incluye en esa protección contra el maltrato a todos los animales vertebrados (por ejemplo, jabalíes).

La normativa lucha además contra el abandono al exigir que todos los animales de compañía estén identificados y que la cría solo pueda hacerse mediante criadores registrados.

En los últimos meses, algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, han rechazado esta ley por considerar que "invade" competencias que son exclusivas del gobierno regional. También las asociaciones de cazadores se han mostrado en contra por considerar que, de facto, supone prohibir la caza.