Pilar Cernuda
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Madrid·Bruselas/La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus asumió este lunes que fueron las "autoridades españolas" quienes espiaron a políticos independentistas catalanes, a 18 de ellos con autorización judicial, aunque puso en duda la proporcionalidad de las escuchas.
"Sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se admitieron en la comisión de Secretos Oficiales (del Congreso de los Diputados), se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas", señaló el informe con las conclusiones de la comisión, tras más de un año de trabajo
Además, la comisión ha pedido este lunes una investigación completa del uso de este programa de vigilancia en España, a la que se pueda sumar Europol, además de iniciar la reforma del marco legal del CNI, como anunció hace un año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así lo recoge el documento de recomendaciones a España sobre ciberespionaje con el programa de la empresa israelí NSO,tras estudiar durante 14 meses la situación en Estados miembros como España, Grecia, Chipre, Polonia y Hungría. El texto ha sido aprobado en comisión el lunes e irá ahora al pleno de la Eurocámara antes del parón del verano.
En las recomendaciones, los eurodiputados piden una investigación "completa, justa y eficaz" de todos los presuntos casos de espionaje con Pegasus, incluyendo los denunciados por la investigación del centro Citizen Lab, que apuntó al ataque a los dispositivos móviles de 65 dirigentes independentistas, además del uso de este software contra Sánchez y miembros del Gobierno, tras el supuesto espionaje de Marruecos. Reclaman que los hallazgos de la investigación sean públicos y sugieren que cuente con la participación de Europol.
Aunque el marco normativo en España "se ajusta a los requisitos establecidos por los tratados", los europarlamentarios ven necesarias "algunas reformas, y la aplicación en la práctica debe ajustarse plenamente a los derechos fundamentales y garantizar la protección de la participación pública".
Igualmente, el Parlamento Europeo recoge el guante del presidente del Gobierno que en mayo del año pasado anunció la reforma del marco legal del CNI para reforzar las garantías de control y asegurar el respeto a los derechos políticos e individuales de las personas y pide iniciar dicha reforma.
Frente a la queja del independentismo catalán por la falta de avances en los procesos judiciales por supuesto espionaje a dispositivos móviles, la Eurocámara insta a que las investigaciones en España "concluyan sin demora de manera imparcial y exhaustiva".
El informe general sobre el uso de Pegasus incluye también un capítulo centrado en el caso español, donde se recalca que existe un "patrón claro" en la cibervigilancia relacionado con el independentismo catalán.
"La mayoría de las interceptaciones del Catalan Gate coinciden y están relacionadas con momentos de relevancia política, como la admisibilidad de las leyes de desconexión por el Parlamento catalán y las causas judiciales contra separatistas catalanes, las concentraciones públicas organizadas por Tsunami Democràtic y la comunicación con separatistas catalanes que viven fuera de España", reza el texto.
Asimismo, hace referencia a las investigaciones del centro Citizen Lab para subrayar que "todos los presidentes de Cataluña desde 2010 han sido blanco de programas espía durante o después de su mandato".
Pese a que no queda acreditada la autoría de los seguimientos, el texto apunta que siguiendo una serie de parámetros relacionados con los casos de espionaje, como la adquisición de esta tecnología por parte de órganos estatales, "se asume que la vigilancia de los objetivos catalanes fue llevada a cabo por las autoridades españolas".
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