Sánchez anuncia nueva ley de secretos oficiales y reforma del control del CNI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una reforma de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para aumentar su control, así como una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la vigente, del año 1968.

Sánchez ha hecho estos anuncios en el Congreso durante su comparecencia para dar cuenta del 'caso Pegasus' de espionaje, donde ha reivindicado el sistema que rige el funcionamiento de los servicios de inteligencia pero ha adelantado su voluntad de aprobar "avances normativos" acompañados de "mayores compromisos presupuestarios".

En este sentido, ha anunciado una "adaptación" de la ley que regula el CNI, del año 2002, para adaptarla a los nuevos retos, sobre todo los derivados de las nuevas tecnologías, "mientras sigue cumpliendo su misión de servicios a la seguridad nacional y defensa de los intereses nacionales y el ordenamiento constitucional". Se trata, según ha apuntado, de mecanismos de control democrático.

Además, ha vuelto a prometer la reforma de la ley de secretos oficiales, ya incluida en los planes normativos del Gobierno de los dos últimos años. Sánchez ha asumido que esta medida es "fundamental e impostergable" para adaptar la norma a "los principios democráticos, constitucionales y los mejores y mayores estándares internacionales".

En su comparecencia, Sánchez ha defendido la legalidad de todas las actuaciones del CNI y ha asegurado que España cuenta con una legislación "garantista" para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, con controles políticos, económicos y judiciales de los servicios de inteligencia.

"El CNI se rige por la ley, su intervención está en todo momento alineada por la Constitución", ha insistido subrayando que el sistema español es "incluso más garantista" que el de otros países similares, permitiendo un "equilibrio" entre los derechos de los ciudadanos y la "lógica" defensa de la seguridad nacional.

Pese a todo, ha apostado por "avances normativos" para el CNI, además de un aumento de su presupuesto, para seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo. "Reforzar las garantías de control a la vez que poder asegurar el máximo respeto por los derechos individuales y políticos de las personas", ha apuntado.

El objetivo del Gobierno, según ha dicho el jefe del Ejecutivo, es trabajar para "renovar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro", aumentando las capacidades de los servicios de inteligencia españoles frente a otros servicios de inteligencia "hostiles", especialmente en el ámbito del ciberespacio.

También ha celebrado la constitución de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para que la directora del CNI pueda acudir "con normalidad" y dar cuenta de su actuación, aunque sin citar en ningún momento la destitución de Paz Esteban al frente de los servicios de inteligencia después de haber comparecido en el Parlamento.

Sánchez dice que desconocía el espionaje a independentistas y cuestiona la metodología de Citizen Lab

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alegado hoy que el Gobierno "no conoce y no decide sobre las decisiones operativas del CNI" para dejar claro así que desconocía el espionaje a líderes independentistas llevado a cabo por el centro.

En este contexto, ha señalado también las "dudas razonables" de la metodología del informe de The Citizen Lab que apunta al espionaje de 65 independentistas, limitándolo a solo 18 y señalando que la gran mayoría de las intervenciones "lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de los miembros del Gobierno". También ha vuelto a defender su apuesta por el diálogo en Cataluña y a ofrecer a la Generalitat la continuidad de este en la Mesa de Diálogo.

Durante su comparecencia hoy en el pleno del Congreso para dar cuenta de las intervenciones telefónicas del Centro Nacional de Inteligencia tras estallar el 'caso Pegasus', ha justificado, no obstante que los servicios secretos las llevaran a cabo tras la crisis que supusieron, entre el 2015 y 2020, el procés, la declaración de independencia y los sabotajes como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. "La crisis supuso una enorme preocupación para la seguridad nacional, de ahí que los servicios propusieran la intervención y el juez la aceptara", ha precisado el jefe del Ejecutivo.

Pero ha querido dejar claro también que "el Gobierno no conoce y no decide sobre las decisiones operativas del CNI". Añadiendo que esto pudo ocurrir con otro gobierno, pero "jamás", ha recalcado, con el suyo. "Les garantizo que no pasará", ha apostillado Pedro Sánchez justificando esta afirmación en que es la esencia de la democracia y también la limitación del poder Ejecutivo y del "sometimiento a la más estricta legalidad".

Por el contrario, ha apuntado que esos momentos tan "duros y traumáticos" que vivió la sociedad catalana y española "son tiempos pasados". No obstante, ha precisado que no está diciendo que el conflicto de Cataluña esté superado --"nada más lejos de la realidad", ha exclamado-- porque queda mucho por delante. Pero se ha mostrado convencido de que su Gobierno ha devuelto el asunto "al territorio del que nunca debió salir".

En este punto ha puesto en valor su apuesta por el diálogo que comprometió en su discurso de investidura y por la mesa de negociación abierta con Cataluña.

En cuanto al informe publicado por la plataforma The Citizen Lab, que denunciaba el espionaje a 65 independentistas catalanes, ha apuntado las "dudas razonables" sobre la metodología y ha señalado que el propio informe reconoce la imposibilidad de atribuir de manera concluyente las operaciones de hackeo a una entidad específica.

En este contexto, ha dejado claro que el propio informe del Defensor del Pueblo, ha señalado que la intervención telefónica del CNI se limitó a 18 dirigentes y no a 65 como dice el informe de la entidad canadiense, y todos ellos bajo la estricta legalidad con autorización judicial.

Por lo tanto, ha señalado que frente a las especulaciones, la conclusión es que la gran mayoría de los móviles infectados que recoge el informe de The Citizen Lab "lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de los miembros del Gobierno". "Esa es y no otra la realidad", ha apostillado.

Dicho esto, se ha comprometido con lo que ha señalado como un "principio democrático constitucional fundamental" y es que cualquier persona que haya sido intervenida su comunicación, sin la preceptiva autorización judicial, "ha sido víctima de un delito y tiene el derecho y toda la solidaridad del Gobierno de España para averiguar la verdad y restablecer sus derechos fundamentales".