Un Constitucional de mayoría progresista estudiará las reformas del Poder Judicial, la cuota del 25% de castellano o el aborto

Madrid/Un Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista estudiará los recursos contra las reformas que atañen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al propio TC, contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas o contra la ley del aborto.

Con la entrada de los candidatos del Gobierno -el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez- y del CGPJ -el magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa y la magistrada jubilada María Luisa Segoviano-, cambia el tablero de mayorías en el TC. Hasta ahora, en el tribunal figuraban seis magistrados del bloque conservador y cinco del progresista. El nuevo escenario cambiará para favorecer al ala progresista, que conseguirá reunir siete magistrados. Los conservadores se quedarán con cuatro.

Con este cambio, el foco está puesto en la respuesta que dé el TC a los recursos presentados por Vox y PP contra las dos reformas operadas en los últimos años sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La primera, de marzo de 2021, prohibió a un CGPJ caducado -como el actual- hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales, mientras que la segunda, del pasado julio, devolvió al Consejo su poder para designar a sus dos candidatos al TC.

La primera reforma fue impugnada tanto por Vox como por PP. Ambos recursos fueron admitidos a trámite pero el fallo sigue pendiente. En la misma situación se encuentra el recurso popular contra la segunda modificación. Algunas voces habían urgido al TC a resolver estas impugnaciones para despejar dudas en el contexto de la crisis generada en torno al CGPJ, si bien fuentes de la corte de garantías subrayan la necesidad de mantener al TC al margen del ruido político.

A final del año, PP y Vox recurrieron también dos enmiendas incorporadas en la proposición de ley que deroga el delito de sedición y reforma el de malversación, por las que se rebajaba la mayoría con la que el CGPJ elige a sus dos aspirantes al TC y se eliminaban las barreras para que los dos candidatos del Gobierno pudiesen tomar posesión sin esperar a los dos del Consejo.

El Constitucional, tras dos plenos extraordinarios en apenas una semana, admitió a trámite el recurso del PP y las medidas cautelarísimas que incluía, suspendiendo la tramitación parlamentaria de ambas enmiendas, lo que supuso excluirlas de la propuesta legislativa, que finalmente quedó aprobada sin ellas el pasado 22 de diciembre.

El recurso de los de Santiago Abascal, aún pendiente de que se admita o no a trámite, es mucho más amplio porque se dirige no sólo contra esas dos enmiendas sino contra el conjunto de la proposición de ley, por su forma de tramitación parlamentaria, exprés y sin informes de los órganos consultivos -CGPJ, Consejo Fiscal, Consejo de Estado-.

Suspensión cautelar en las Cortes generales

El recurso popular contra dichas enmiendas dio lugar el pasado 19 de diciembre a una decisión inédita: la suspensión urgente de la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Nunca antes, en sus más de 40 años de historia, el tribunal había frenado un debate y una votación en el Parlamento nacional.

Estas enmiendas contenían una reforma de la LOPJ y de la Ley Orgánica del TC (LOTC) destinada a desbloquear la renovación del propio tribunal. Fue el pasado 12 de junio cuando expiró el mandato de cuatro de sus 12 magistrados -Pedro González-Trevijano, Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares-, el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ, con dos cada uno.

El objetivo de la citada reforma era, por un lado, rebajar las mayorías para que el Consejo elija a sus dos aspirantes a Constitucional y, por otro, remover los obstáculos para que los dos nominados por el Ejecutivo -Campo y Díez- pudieran tomar posesión como magistrados del TC sin esperar a la dupla del CGPJ.

La votación de la reforma laboral

Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado popular, que se sumó por error suyo a los síes.

Tanto Vox como el PP sostienen que la decisión de Batet de no permitir que Casero votara de forma presencial para enmendar su equivocación supuso "hurtar la voluntad popular". Posteriormente, un informe de los letrados del Congreso determinó que el voto telemático del diputado fue válido, descartando un error informático y apuntando así al fallo humano.

El TC también ha admitido pero no resuelto las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, que limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados, respectivamente, en inmuebles de administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o transportes.

El Constitucional tiene igualmente sobre la mesa los recursos de PP y Ciudadanos contra la ley catalana que sortea la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que reafirma la obligación de que al menos el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano. Vox también recurrió pero su impugnación no se admitió a trámite por un defecto formal.

Aborto, eutanasia y Ley Celáa

En el plano social también hay varias decisiones pendientes. La corte de garantías admitió los recursos de PP y Vox contra la ley que regula la eutanasia, que permite practicarla a pacientes que lo soliciten y que tengan un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

A la espera de la decisión del TC, Vox alegó que la ley es inconstitucional porque, a su juicio, el Estado tiene como "primera obligación" defender la vida, no puede convertirse "en cómplice de la muerte", mientras que el entonces PP de Pablo Casado expuso que, con "125.000 fallecidos por coronavirus", en junio de 2021 no era el "mejor momento para abordar" este tema.

También se aguarda la respuesta del Constitucional al recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso implantar un sistema de plazos, al que después se ha sumado un recurso de Vox contra la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, sigue pendiente la respuesta a la impugnación de Vox contra la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Los de Santiago Abascal reprochan que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban "educación afectivo sexual", una medida que -dicen- "incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos".

Tampoco hay resolución sobre los recursos admitidos de Vox y PP contra la nueva ley educativa, la Lomloe, también conocida como Ley Celaá -la ministra que la impulsó-. Casado calificó la norma como "un atentado contra la libertad" y contra la calidad y unidad del sistema educativo. En concreto, afeó que ataca al castellano como lengua vehicular en toda España, que permita "pasar de curso con más asignaturas suspensas" y que impida elegir centro educativo.

Por otro lado, el Constitucional todavía debe resolver los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y contra la pérdida del escaño. La Fiscalía se ha mostrado a favor de concederle el amparo por esto último, pero no por la condena.