Pilar Cernuda
¿Llegará Sánchez al final de la legislatura?
El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al proyecto de reforma de la Ley del Aborto, que ha enviado a las Cortes y cuyo objetivo es blindar la interrupción del aborto en la sanidad pública.
Pero también regula otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como las incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social.
Cuando la ley entre en vigor las jóvenes de 16 y 17 años ya no necesitarán el consentimiento para interrumpir su embarazo de forma voluntaria, por lo que se suprime el requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la ley vigente de 2010.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Igualdad, Irene Montero, ha resaltado que el derecho a decidir sobre su propio cuerpo forma parte de un derecho fundamental, el de la salud.
Estas son las claves del proyecto que el Gobierno envía a las Cortes:
- La sanidad pública será la red de referencia para abortar.
- Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.
- Los centros donde puedan abortar las mujeres estarán lo más cerca posible a su domicilio en función del método que elijan (quirúrgico o farmacológico).
- Se eliminan los tres días de reflexión y las mujeres se podrán tomar el tiempo que necesiten para decidir el aborto.
- El proyecto contempla la atención durante el proceso de posparto y también que haya acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.
- La ley establece el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer, en cuyo historial clínico debe constar que padece este problema.
- La nueva norma incluye asimismo el derecho a la incapacidad temporal en la semana 39 del embarazo y también por aborto.
- Para acabar con la pobreza menstrual se repartirán gratuitamente productos de higiene femenina como tampones, compresas o copas menstruales en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, organismos públicos, etc...
- El proyecto amplía el acceso gratuito de la píldora del día después de los hospitales y centros de salud a los centros de nueva creación de salud sexual y reproductiva.
- Las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social, después de que la sanidad pública dejara de financiar varias de ellas en 2013 tras años incluidas en el catálogo.
- La educación sexual estará presente de forma obligatoria en todas las etapas desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones se basen en el consentimiento y se prevengan enfermedades de transmisión sexual.
- La ley considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España, y se prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas.
- Se creará una línea telefónica para informar de todos los derechos incluidos en la norma.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al Consejo General del Poder Judicia (CGPJ), de "no haber hecho su trabajo", pues no ha emitido en los plazos que marca la legislación el informe preceptivo aunque no vinculante sobre el proyecto de ley del aborto que este martes aprueba el Consejo de Ministros
"No se puede paralizar un proyecto porque el CGPJ no hace su trabajo y no cumple con los plazos establecidos para emitir informes sobre proyectos que les remite el poder Ejecutivo", ha reprochado la ministra en una entrevista en RNE en la que, sin embargo, ha señalado que cuando este órgano "haga su trabajo" ese informe se incorporará en la tramitación parlamentaria que se iniciará en los próximos meses.
No es la primera vez que la ministra de Igualdad lanza duras críticas al órgano de gobierno de los jueces por los retrasos en la emisión de informes preceptivos a iniciativas de su departamento, como la ley trans, sobre la que el CGPJ se pronunció en abril cuando, según dijo Montero, debería haberlo hecho en enero.
En el caso de la reforma de la ley del aborto, el Consejo de Ministros aprobó en mayo el anteproyecto y este martes da luz ver a la iniciativa antes de iniciar el trámite parlamentario, sin que se haya incorporado en estos meses los informes del CGPJ y del Consejo Fiscal.
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