Sacyr abre una investigación interna y dice que colaborará con la Justicia

Sacyr ha abierto una investigación interna para verificar que no ha habido actuaciones irregulares tras la macrooperación que está llevando a cabo la Policía Nacional en numerosos ayuntamientos por posibles amaños en la contratación de servicios y en la que estaría implicada una empresa del grupo.

La compañía anuncia además que en función del resultado de la investigación interna tomará las medidas oportunas y recalca que colaborará con la Justicia en todo lo que sea necesario para aclarar el caso.

Además, concreta que dispone de un Código de Conducta asumido por todos sus trabajadores.

En un comunicado, Sacyr subraya también que, a través de su filial Valoriza Medioambiente, adquirió la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial, en octubre de 2016 a sus anteriores propietarios y que cuenta con una plantilla de 31 trabajadores.

En 2017, Aplicaciones Gespol tuvo una cifra de negocio de 1,2 millones de euros repartida en adjudicaciones de pequeño volumen económico cada una en razón de su actividad, apunta Sacyr.

Asimismo, destaca que desde su adquisición por el grupo Sacyr, Aplicaciones Gespol ha obtenido adjudicaciones por un importe global total de 1,5 millones de euros, con una media aproximada por contrato de 5.000 euros.

La operación llevada a cabo por la Policía Nacional afecta a numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León y en el marco de la misma se prevén unas 60 detenciones por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.

Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Se trata de la Operación Enredadera que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), que ha declarado secretas las actuaciones. Además, fuentes cercanas a las investigaciones han explicado que las pesquisas se iniciaron en este juzgado y se extendieron después a municipios de otras provincias españolas.