Golpe a una red de contratos viales fraudulentos saldado con 39 detenidos

Madrid/Barcelona/La Policía Nacional desarrolló una macrooperación en decenas de municipios españoles contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas, que en el momento del cierre de la edición de este periódico se saldada con 39 detenidos, entre ellos Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos, y el jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga.

De los 39 detenidos, 18 pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, del que parte toda la investigación, y otros cinco a uno de Astorga (León), que abrió una pieza separada, informaron fuentes policiales. El resto será puesto en libertad. Ése es el principal balance de la operación Enredadera, dirigida por esos dos juzgados con la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo desde primera hora de ayer por la UDEF de la Policía Nacional.

A falta de que se conozca el balance definitivo, entre los arrestados, además de Ruipérez, que se ha convertido en el primer alcalde de Ciudadanos detenido por corrupción, está el empresario José Luis Ulibarri, ya implicado en el caso Gürtel.

Pero también los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto (Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) o la concejal de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa.

Trascendió la detención de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que anunció una investigación interna sobre lo ocurrido.

Los agentes, además de las detenciones, realizaron 92 registros y 21 requerimientos de documentación en ayuntamientos, sociedades y despachos.

La operación salpica a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación indicaron que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando gobernaba el PP, que dio por un "procedimiento negociado sin publicidad" una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática, luego Gespol.

Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con una finalidad sólo recaudatoria. La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y a los policías locales.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas señalaron que otra de las operaciones usadas era inflar de manera desproporcionada el precio de estos contratos.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia y Teruel.

También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones, (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León); y Vélez-Málaga.

Además, por orden del juzgado, la Policía requirió documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño. También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid); La Cistérniga (Valladolid); El Puig y Gandía, de Valencia; O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

Según Sacyr, desde que adquirió Aplicaciones Gespol (2016), esa empresa ha obtenido adjudicaciones por un importe global total de 1,5 millones de euros, con una media aproximada por contrato de 5.000 euros.

De acuerdo con la documentación, sólo el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada adjudicó por concurso público desde 2014 tres contratos por valor de más de 300.000 euros a Aplicaciones Gespol.