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SEVILLA/Abengoa evita la quiebra, al menos durante dos semanas. El consejo de administración que preside Gonzalo Urquijo –reunido para comprobar si se puede restablecer el equilibrio patrimonial, al encontrarse en causa de disolución– tomó este martes la decisión de estirar la agonía ante la perspectiva de que el acuerdo con la banca, acreedores, proveedores y administraciones cristalice en la reestructuración financiera que necesita para no ir a liquidación.
La nueva fecha marcada en rojo es la del 27 de julio, pero la dirección de Abengoa advierte que ésta tiene que ser definitiva, por el daño que la falta de liquidez está haciendo al negocio, hasta el punto de comprometer definitivamente la viabilidad si no se cierra en un corto plazo.
En una información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores remitida sólo seis minutos después de cerrar los mercados, la multinacional sevillana fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares, enfrió la rumorología y situó de nuevo la situación en la más optimistas de las previsiones para este martes: lograr más plazo para que los acuerdos con el Gobierno, la Junta de Andalucía, la banca, otros acreedores y proveedores con los que mantiene deudas se hagan realidad y se evite el concurso de acreedores al que estaría abocada en caso contrario.
Las cuatro medidas que contempla el Plan de Negocio Actualizado, que en realidad es la tercera reestructuración financiera que plantea tras el preconcurso que presentó en 2015, y del que salió al año, en noviembre de 2016, siguen siendo necesarias, todas y cada una de ellas, para evitar la quiebra.
En concreto, esas cuatro medidas son obtener una nueva línea de liquidez con entidades financieras que ya son acreedoras por importe de 250 millones de euros, 300 millones de euros en nuevas líneas de avales revolving, modificar los términos y condiciones de los diferentes tramos de deuda sin descartar quitas y renegociar los pagos a proveedores con deuda vencida y a otros acreedores.
Esos 250 también estarían avalados en gran parte por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Gobierno andaluz contribuiría con hasta 20 millones, también como avalista. Esto es, las administraciones son las primeras que se han involucrado para evitar una quiebra de una empresa que tiene deuda bruta de 5.948 millones de euros –creció un 5% en 2019, según la información facilitada a la CNMV por la compañía– y un negocio que no da para levantar esa losa, según admitió Urquijo ante analistas e inversores.
La política pretende también con ello que la caída de Abengoa provocase una sangría en el empleo, porque pese a haber prescindido en un lustro a cerca de 10.000 personas, aún conserva 14.025 empleados en todo el mundo, de los que 2.500 están en España y en su inmensa mayoría en Andalucía y en Sevilla.
También con la banca ha habido avances y lo que hace tres semanas parecía casi imposible, ahora se ve factible, pero no está cerrado un acuerdo que asegure la liquidez.
La CNMV se vio obligada este martes a suspender la cotización de las acciones de Abengoa en la Bolsa española poco antes de las dos de la tarde ante la especulación que había en torno a sus títulos, porque la rumorología financiera veía más cercano el acuerdo de lo que lo está. Las acciones de la multinacional andaluza en el momento de la suspensión subían más del 56% en el caso de los títulos de la clase A, que son los que tienen más derechos de voto, y un 63%, los de la clase B.
Estos rumores se vieron espoleados por las declaraciones de representantes sindicales que avisaban de que las negociaciones iban "por buen camino", como así es, pero que se interpretaron por una parte del mercado y algún medio de comunicación como que el acuerdo se haría público esta tarde. Nada de eso.
La propia multinacional que preside Gonzalo Urquijo lo dejó claro en la comunicación a los mercados remitida a las 17:36 horas. Hay avances, pero no acuerdo.
La comunicación señala que el consejo fue informado de los avances de las negociaciones sobre los citados cuatro "pilares de la operación", que siguen desarrollándose "de forma favorable" y que cuentan ahora con "apoyos relevantes pendientes de materializarse con la documentación definitiva".
Ante esas novedades y tras haber recabado los oportunos asesoramientos internos y externos, el consejo estimó que, en las actuales circunstancias, "se deben agotar todas las alternativas dirigidas a la continuidad del negocio del grupo".
Eso sí, los gestores de Abengoa están cada vez más preocupados porque la agonía no cristaliza en acuerdo y advierten de que se agota el tiempo, por más que este martes diese una nueva patada hacia adelante al balón. "El consejo quiere recalcar que la ausencia de liquidez y avales están afectando de manera severa al negocio haciendo muy difícil su viabilidad si no se cierra la operación en el corto plazo", avisa literalmente en la información privilegiada hecha pública al cierre del mercado.
Ciertamente, la empresa no ha abonado al completo las nóminas de junio y tiene un desequilibrio patrimonial de casi 400 millones, que certifica que sin el auxilio financiero, no podrá evitar la causa de disolución en la que formalmente se encuentra desde diciembre.
Conscientes de que la resolución, sea el tercer rescate financiero en un lustro o la quiebra tras 79 años de historia, tiene que llegar cuando antes, los integrantes del consejo de administración se emplazan “a tomar la decisión definitiva en una sesión el próximo 27 de julio”.
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