Abengoa decide hoy si vuelve a estirar la agonía o se declara en quiebra

Abengoa marcó hace dos semanas la fecha de hoy en rojo. Es el día que, según comunicó al mercado tras no cumplir con el requisito de entregar las cuentas de 2019 en plazo (el 30 de junio), fijó para decidir si iba a la quiebra o sacaba adelante su tercera reestructuración financiera en cinco años.

El auxilio financiero aún es posible, según señalaron ayer fuentes tanto de la banca como de la política, los dos ámbitos que todavía pueden rescatar de la liquidación de la liquidación a la empresa fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

“La operación es muy compleja”, admiten todas las fuentes consultadas, que señalan que cada parte está pendiente de que las otras den su beneplácito para encajar todas las piezas del rompecabezas y que no desaparezca la que fue la mayor empresa andaluza y cuya quiebra sería de las mayores de la historia empresarial de España y con unas consecuencias sobre el empleo en Andalucía –sobre todo en Sevilla– devastadoras.

A cierre de 2019, Abengoa conservaba 14.025 empleados, de los que unos 2.500 radican en España, la inmensa mayoría en Andalucía. A ese impacto directo hay que sumar al menos otras 10.000 nóminas indirectas.

En las dos semanas de alargue de la agonía que el consejo de administración se dio a final de junio se han multiplicado los contactos para lograr la cuadratura del círculo que necesita el órgano que preside Gonzalo Urquijo.

Respecto a la ayuda política, las administraciones parecen dispuestas a prestar su ayuda, que rondaría los 70 millones. La parte principal vendría del ICO, y de la Junta, que haría lo propio con cerca de 20 millones.

En el caso del Gobierno andaluz la complejidad es mayor, porque no cuenta con ayudas que encajen jurídicamente en esa cuantía. Aun así hay voluntad, siempre que todas las partes –Gobierno, banca y otros acreedores y proveedores– acepten participar en el rescate.

Es más, la ayuda andaluza necesitaría de autorización parlamentaria. Ya ha habido varios contactos con los grupos políticos para facilitarlo, tanto desde la empresa como desde el Gobierno de Juanma Moreno.

Las fuentes políticas ven difícil que hoy se produzca una resolución, porque quedan todavía varias piezas que encajar.

La fundamental sigue siendo un acuerdo con el pool de bancos, que lidera el Santander, pero en el que también están Caixabank, BBVA, Bankia, Bankinter y Credit Agricole, y que aportarían 180 millones, avalados en un 70% por el ICO.

Fuentes de la banca son más optimistas y consideran aún posible que el auxilio financiero que reclama Abengoa pueda lograrse. “Pero con más tiempo”, precisan de inmediato. Prácticamente descartan que hoy pudiera cerrarse.

Además de los 250 millones de nuevo dinero que la empresa busca, necesita otros 300 millones en avales para poder seguir operando en el mercado de la ingeniería y la construcción, y, también muy complejo, aportar compromisos de que acreedores y proveedores aceptan quitas sobre la deuda que mantienen. A cierre de 2019, la deuda bruta de Abengoa es de 5.948 millones de euros –creció un 5% en el ejercicio, según la información facilitada a la CNMV por la compañía– y un negocio que no da para levantar esa losa, según admitió el propio Urquijo ante analistas e inversores.

Esto lleva al consejo de Abengoa a la disyuntiva de volver a estirar la agonía u optar hoy mismo por la quiebra.

El tímido avance de las negociaciones y la disposición política prestar la ayuda para evitar la pérdida de una de las empresas más relevantes de Andalucía pero también de España ya provocó ayer un signo de confianza de los mercados de que la historia de Abengoa no terminaría hoy tras 79 años de existencia. Las acciones de la compañía del tipo A, que son las relevantes en la toma de decisiones en el consejo de administración, se revalorizaron en la sesión de ayer de la Bolsa de Madrid un 14,44%. También las de tipo B mejoraron su cotización, un 2,70%.

La dirección que preside Urquijo debe optar por señalar una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que se dé más plazo ante la posibilidad real de llegar más adelante a un acuerdo o, como señaló el 30 de junio “de no haberse concretado con grado suficiente la probabilidad de éxito de las actuaciones previstas, adoptará las medidas que legalmente procedan”. Esto es: la liquidación. La que evitó entre 2005 y 2006 en una situación peor que la de ahora.