Abengoa trata de limitar el concurso a la matriz para poder romper el grupo

Sevilla/Desde el mismo 22 de febrero, cuando a las 19:58 Abengoa S. A. comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había solicitado en los juzgados mercantiles de Sevilla concurso voluntario, desde la compañía, a la vista de las informaciones de todos los medios que señalaban que la deuda total del grupo ronda los 6.000 millones de euros, un portavoz trataba de convencer de que el concurso sólo afectaba al pasivo de la matriz, aunque el principal activo de ésta son las filiales creadas en cadena para dar garantías a los acreedores –Abenewco 2 y Abenewco 2 Bis– y Abenewco 1, la filial operativa en la que, mediante el vaciamiento de la matriz, se han concentrado las filiales que ejecutan los negocios, las patentes y el empleo.

El interés de Abengoa porque en las informaciones se cifrara el concurso en algo más de mil millones de euros, que es el pasivo de la matriz, no es casual. Al contrario.

Los actuales administradores de Abengoa presentaron concurso el día 22 con un objetivo a corto plazo y con otro a medio plazo.

A corto, paralizar su destitución y bloquear el acceso del principal accionista, la sindicatura Abengoashares, al control de la multinacional. Los anteriores administradores, el consejo que presidía Gonzalo Urquijo, ya lo habían logrado en noviembre, cuando vetó la votación de la elección del consejo de administración que entonces encabezaba Marcos de Quinto. Y una segunda con la cooperación necesaria de los consejeros actuales, Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva Smith –cuñada del ex directivo de Coca-Cola–, a los que convencieron en horas de que no siguieran los mandatos de los accionistas que les habían elegido y les traicionaran. La traición se consumó el mismo 22 de diciembre en el primer consejo tras la elección. El tercer consejero, Jordi Sarrias, que no ha sido reemplazado, dimitió el 4 de enero en desacuerdo con los otros dos.

Ante la certeza de que el 4 de marzo serían destituidos (había millones de votos de accionistas ya emitidos telemáticamente en un porcentaje superior al apoyo que le prestarían la banca y otros acreedores), solicitaron el concurso voluntario y pidieron como medida cautelar que se suspendiese la junta general al menos hasta que hubiese administrador concursal. El juez, contra pronóstico y en contra de la jurisprudencia, atendió la petición y suspendió la junta. La suspensión está recurrida desde el 2 de marzo, pero el juez, en vez de resolver de inmediato, dado que la junta estaba convocada para los días 3 y 4, no admitió a trámite el recurso hasta ayer y ha abierto un plazo de cinco días hábiles para que Abengoa alegue, tras el cual correrá otro plazo idéntico para que resuelva. Mientras, el bloqueo permanece. Y no se sabe hasta cuándo.

A medio plazo, el objetivo de los actuales administradores de Abengoa es lograr una rápida tramitación del concurso limitado exclusivamente a la matriz, con el objetivo de lograr que Abenewco 1, y de acuerdo con el Gobierno de la nación, sea considerada una unidad productiva y, por tanto, un activo susceptible de enajenar y separar de la matriz. Esto es, el mismo objetivo que tenía el tercer rescate fallido, que internamente denominan Vellocino.

Para lograrlo antes de que los minoritarios accedan –si es que alguna vez lo consiguen– a controlar el grupo, se han asegurado de anunciar una nueva negociación de la refinanciación de Abenewco 1 y han pactado con los proveedores del perímetro de esa sociedad que no ejecuten bienes antes del 31 de marzo, aunque la más que probable prórroga de la obligación de tramitar concursos necesarios hasta final de año también lo impidiese.

Esa hoja de ruta depende de lo que decida el juez y el administrador concursal, que debe ser elegido entre la terna que hoy propondrá la CNMV, al ser una empresa cotizada. El principal candidato entre las big four de la consultoría es EY, que precisamente acaba de condonar 477.000 euros al grupo Abengoa para no tener conflictos de interés y poder optar a ser el administrador concursal.

Pero también de los acreedores de la matriz, que tiene un pasivo que supera los 1.007 millones de euros según las cuentas de 2019 –en agosto, en una presentación, Urquijo lo cifró en 1.016 millones–, porque una vez personados pueden pedir que se declaren concursos conexos en las filiales con valor, esencialmente en Abenewco 1, para evitar que esa separación apenas llegue para pagar al administrador concursal –una minuta que se mide en millones de euros– y poco más, con lo que al carecer de más activos valiosos, perderían toda la deuda al liquidarse la matriz. Lo mismo que les pasaría a los accionistas, que perderían definitivamente toda su inversión.

La matriz sólo tiene tres sociedades participadas, dos de ellas al 100%. Una es Abenewco 2 –que es dueña unipersonal de Abenewco 2 bis, y ésta posee el 100% de Abenewco 1–. La otra es Centro Tecnológico Palmas Altas, S.A, de la que posee el 99,95% como participación directa y el 0,05% como indirecta. Esa sociedad es la dueña de Palmas Altas, la sede del grupo, está también concursada y su activo principal embargado por las entidades financieras que prestaron el dinero para construirla y por el Ayuntamiento de Sevilla por deudas del IBI. Ese bien va a ser enajenado en ese concurso. La Junta de Andalucía la comprará para instalar allí la Ciudad de la Justicia Sevillana, pero lo que pague irá a parar a esos acreedores que ya tienen embargado el inmueble.

La tercera sociedad es Aman EL Baraka S.A., en la que Abengoa SA participa directamente en un 70% e indirectamente en un 30%, es una empresa marroquí que construye la desaladora de Agadir. Esta sociedad se incluyó en el patrimonio de la matriz en 2019.