La crisis de Abengoa deriva en una lucha por el control de sus filiales
Sevilla/La crisis de Abengoa, que sigue pendiente de ejecutar la operación de rescate financiero que anunció el 6 de agosto pasado, ha derivado desde el pasado martes, cuando fue destituido el presidente de la matriz histórica, Gonzalo Urquijo, y su consejo de administración, en una lucha por hacerse con el control de las filiales y, por tanto, de todo el grupo.
De momento, Urquijo y los otros seis integrantes del consejo de administración destituido en Abengoa S. A. –Josep Piqué, Manuel Castro, José Luis del Valle, José Wahnon, Pilar Cavero y Ramón Sotomayor– siguen gobernando el grupo porque aún integran el consejo de Abenewco 1, la sociedad filial que posee los principales activos, es titular de los negocios y genera el empleo del grupo.
Urquijo logró que así fuera al impedir en la junta del martes el nombramiento de un nuevo consejo de administración en la matriz, al imponer que no se contaran los votos emitidos en el punto quinto del orden del día para que Marcos de Quinto, Verónica Vargas Girón, Eva Ballesté Morillas, Pedro Flores Domínguez-Rodiño, Margarida Smith, Jordi Sarrias y Juan Pablo López Bravo fuesen elegidos por la misma mayoría que decidió el cese.
De no haberlo impedido, éstos tenían previsto convocar de inmediato una junta universal de Abenewco 1 para destituir también en esa sociedad filial al consejo depuesto en la matriz.
El movimiento de Urquijo, que será impugnado ante los juzgados de lo Mercantil de Sevilla, ha obligado a los minoritarios a buscar fórmulas para consumar la toma de control del grupo. La opción que barajan y que formalizarán en breve es presentar listas alternativas al consejo de tres miembros que la dirección propuso un día antes de su cese, al convocar otra junta general de accionistas extraordinaria para el 21 o el 22 de diciembre. Serán dos listas, una con sólo tres miembros y otra con los mismos siete que no se permitió en la junta del martes pasado.
Las tres personas propuestas desde la dirección que preside Urquijo son Francisco Prada, Joaquín García-Romanillos y Alejandro Sánchez-Pedreño, especialistas en concursos de acreedores y liquidación de empresas, que entronca con la confirmación hecha el pasado lunes también de que Abengoa S. A. se encamina a la quiebra porque no ha logrado las adhesiones para que los proveedores con deuda vencida acepten convertirla en préstamos participativos. Según la información que trasladó a los accionistas, sólo 28 millones de los 153 que se adeudan han consentido. Eso llevaría a la matriz a un concurso por 125 millones y supondría su liquidación, con lo que ni siquiera tendría opción a ser accionista muy minoritario de la nueva Abengoa que encabezará Abenewco 1 si se ejecuta el rescate firmado en agosto y que sigue bloqueado porque la Junta de Andalucía no reconoce un compromiso formal para aportar 20 millones de euros y se sigue negando a participar por falta de garantías jurídicas e instrumentos legales para hacer una aportación de ese montante sin concurrencia en igualdad de condiciones.
Bendodo reitera que llevan meses esperando el plan de viabilidad
El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, reiteró ayer que la Junta de Andalucía lleva meses esperando el plan de viabilidad de Abengoa, ya que sin este requisito no se pueden conceder ayudas, e insistió en que siguen buscando las fórmulas legales y los instrumentos que permitan prestarle una ayuda financiera. En el Pleno del Parlamento, y en respuesta a una pregunta del PSOE, Bendodo, que sustituyó al consejero de Hacienda, Juan Bravo, enfatizó de nuevo que ni Abengoa ni ninguna otra entidad financiera que participa en la operación para salvar de la quiebra a la ingeniería andaluza explica por qué esa ayuda de 20 millones de la Junta es “esencial en una operación de 540 millones”, por lo que se preguntó si “hay algo detrás”, aunque confió en que no haya extraños intereses.
El Gobierno central insiste en que el ICO no participará sin la Junta de Andalucía
El Gobierno central reiteró ayer a este diario que no participará en la operación de rescate si no lo hace también la Junta de Andalucía. Para que el contrato firmado en agosto se lleve a cabo, la partipación del Estado es vital, porque el ICO pone la mayor parte de la financiación, al aportar o avalar 176 de los 230 millones ya asegurados, además de garantizar desde Cesce la nueva línea de avales de hasta 300 millones. El Ejecutivo dePSOE y UP parece no estar dispuesto a que el Gobierno autonómico de PP y Cs no entre en el rescate y si éste provoca en el futuro derivadas políticas o judiciales, esos partidos que son oposición en Madrid puedan reprochárles actuaciones como las que han acabado en procesos judiciales en Andalucía con el PSOE mientras gobernó en laJunta.
La posible quiebra de la matriz es justo lo que temían los minoritarios agrupados en Abengoashares y motivó la rebelión que supuso el cese parcial de Urquijo el martes.
Los accionistas contrarios al plan de rescate no son los únicos actores en esta guerra por el control de las filiales. También los acreedores están estudiando las consecuencias de convertir deuda y hacerse con el control de las dos filiales interpuestas que hay entre Abengoa S. A. y Abenewco 1, que son Abenewco 2 y Abenewco 2 bis.
Fuentes conocedoras de las negociaciones cruzadas que ahora mismo libran esa batalla, confirmaron a este diario que todos los instrumentos convertibles que afectan a las tres filiales son ahora mismo susceptibles de ejecutarse para transformar la deuda en acciones. Y no sólo por impago.
Pero ni el proceso es sencillo –exige una serie de trámites que chocan con el poco plazo que hay hasta el 21 o 22 de diciembre– ni inocuo para los intereses de los acreedores.
Además de las dificultades formales, los mismos acreedores que se niegan a extender el plazo de ejecución del rescate, varios fondos de inversión –entre ellos destaca KKR– son en principio contrarios a convertir en acciones de Abenewco 2 bis las deudas del SOM (Senior Old Money).
El Banco Santander, que lidera el pull de entidades financieras acreedoras –Bankia, Crédit Agricole, Caixabank, BBVA y Bankinter– también estudia la conversión, pero declinó hacer comentarios a este diario. Otras fuentes consideran que es más proclive a ejecutarlas y cegar cualquier posibilidad de que lo minoritarios tomen el control de las filiales a partir del 22 de diciembre.
Además, el riesgo de que todo el grupo acabe entrando en concurso frena a ambos grupos de acreedores, porque la conversión de la deuda en acciones los convertiría en los nuevos dueños de las filiales. Lograrían eliminar el control por parte de los accionistas minoritarios, pero en caso de quiebra serían propietarios y no sólo acreedores, una posición que prefieren evitar.
Entre los acreedores también hay discrepancias sobre el proceder de Urquijo. Algunos de ellos han contactado ya por ello con representantes de Abengoshares.
Y mientras se libra esa batalla por el control de las filiales corren los plazos del contrato de refinanciación. No sólo está cumplida la última prórroga dada para que la Junta de Andalucía aportase los 20 millones desde el pasado martes, sino que cada vez está más cerca el 6 de diciembre, fecha en la que se cumple el plazo de cuatro meses que el contrato fija para que se haya ejecutado esta reestructuración financiera y societaria.
Las negociaciones para encontrar una salida que permita salvar al grupo fundado en Sevilla en 1941 deben determinar si se acepta otra prórroga más, si decae el contrato de agosto o si se pacta con los minoritarios un nuevo rescate que no liquide la matriz histórica.
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