IC acusa también a Urquijo de ejecutar un rescate distinto al aprobado en Abengoa

Sevilla/Al anunciar la solicitud de un complemento al orden del día de la próxima junta general ordinaria de Abengoa, fijada para el 15 de noviembre en primera convocatoria para el 16 si ese día no se reúne el 25% del capital social, Inversión Corporativa desveló que desde julio pasado presentó una ampliación de la querella que se instruye en los juzgados de Sevilla contra el consejo de administración de la cotizada que presidió Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e integraron Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps.

La empresa con los accionistas históricos de la empresa fundada en Sevilla en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares, pide con esta ampliación de la acción penal que la causa no se centre sólo en la segunda reestructuración financiera, y se extienda a la primera, la aprobada en 2017 y que sirvió para levantar el preconcurso en noviembre de 2016.

Todo ello porque los querellantes sostienen que los hechos que ponen en conocimiento de la juez serían constitutivos de un delito relativo al mercado por alteración y ocultación de información económica–financiera por administrador de sociedad mercantil cotizada, un delito de alteración del precio de valores cotizados, un delito de administración desleal y un delito societario de imposición de acuerdos lesivos para la sociedad y los socios minoritarios. Además, advierten de que existen sospechas fundadas de la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda Pública.

La querella sostiene que el consejo que presidía Urquijo desarrolló en ambas reestructuraciones “un plan preconcebido que dio comienzo ya en el año 2016”.

Una de las principales hechos que destacan es que el consejo de Abengoa ejecutó un plan de rescate completamente distinto al aprobado por el propio consejo, comunicado al mercado y ratificado por los accionistas en junta general, el que había elaborado la consultora Álvarez & Marsal.

Por contra, el plan desarrollado, que los querellantes aportan documentalmente, fue ideado, según denuncian, por la empresa estadounidense Houlihan Lokey, la mayor liquidadora del mundo y que jugó un papel relevante desde la declaración del preconcurso de 2015. Ese año fue contratada por los bonistas de Abengoa ante el riesgo de impago. También asesoró a los acreedores de Abengoa durante su primera reestructuración financiera, la ejecutada en 2017, al agrupar alrededor del 40% del pasivo cotizado –unos 1.500 millones de euros–, esencialmente gestoras y otros grandes inversores con posiciones de más 100 millones de euros, como BlackRock, AIG, Invesco, D.E. Shaw o Varde y Centerbridge. De igual modo, ejerció de asesor de KKR durante el último intento de reestructuración fallido (el llamado Vellocino) en Abengoa durante 2020.

Según la querella, al aplicar un rescate distinto al aprobado, Abengoa no recibió los 1.169 millones de euros del New Money, además de nuevas líneas de avales por importe de 317 millones de euros adicionales.

Lasampliación de la querellase dirige además de contra el consejo presidido por Urquijo contra Christian Anders Digemose, ex vicepresidente de Houlihan Lokey, directivo y ejecutivo de ABG Orphan Holdlo y Stichting Seville, la estructura ajena a Abengoa creada en Luxemburgo y Holanda, respectivamente y que recibió el dinero de la refinanciación, además de controlar las garantías de los principales activos del grupo Abengoa en ese momento, Atlantica Yield y la planta mexicana de cogeneración A3T.

Los querellantes sostienen que del plan finalmente ejecutado, el de Houlihan Lokey, “no fueron informados los socios, y no fue aprobado por la junta” general.

La ampliación de la querella afirma que ese plan ejecutado “no sólo resulta totalmente distinto al aprobado, sino, lo que es más grave, mucho más perjudicial para la sociedad Abengoa y para sus accionistas no acreedores, quienes se veían gravemente perjudicados en beneficio de las entidades financiadoras”.

“En ejecución del plan preconcebido, los investigados, en primer lugar, diseñaron y ejecutaron una compleja estructura societaria, que resultaba del todo punto innecesaria para llevar a efecto la primera reestructuración, y que sólo tuvo por finalidad, de un lado, distanciar Abengoa de sus negocios (en beneficio de las entidades financiadoras) y, de otro y fundamentalmente, garantizar una total y absoluta opacidad, haciendo imposible, o en todo caso muy difícil sin auxilio judicial, tomar conocimiento de sus titulares reales (buscando una pretendida impunidad, conscientes de la ilicitud de su conducta)”, afirma la querella.

En concreto, según denuncian los investigados interpusieron dos sociedades entre Abengoa y todos sus negocios (Abenewco 1 y Abenewco 2), interpusieron otras dos sociedades más, adicionales a las señaladas en el punto anterior, entre Abengoa y el proyecto A3T (A3T Luxco 1 y A3T Luxco 2); y, finalmente, interpusieron otras dos sociedades más, adicionales a las señaladas entre Abengoa y Atlantica Yield (Acil Luxco 1 y Acil Luxco 2).

De esta forma, la querella sostiene que los investigados provocaron “un total distanciamiento de Abengoa (matriz) respecto de sus negocios”. Y además precisan: “Y, por si ello no fuera suficiente, además, como supuestagarantía de pago entregaron una sociedad Luxemburguesa (ABG Orphan Hodlco la titularidad de las acciones de A3T Luxco 1 y ACIL Luxco 1 (constituidas ad hoc), lo que suponía que ABG Orphan Hodlco, ajena a Abengoa, podría adoptar a su antojo las decisiones que considerara oportunas sobre los principales activos de Abengoa”.

Además, los querellantes se refieren también a que se constituyó, como desveló este diario, una fundación holandesa denominada Stichting Seville, dueña 100% del capital social de ABG Orphan Holco, ambas dirigidas por Digemose.