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Terramar Capital extiende su oferta por la filial de Abengoa hasta el 15 de junio

El comisionista, que ha cobrado de la cotizada en vez de aportar dinero, sigue esperando a que la SEPI decida si concede la ayuda de 249 millones de euros

Guillermo Ramos, de EY Abogados, autorizó el pago a Terramar para que extendiera la vigencia de su oferta. / A. G.

Sevilla/Abengoa SA comunicó en la noche de este martes que Terramar Capital LLC, el comisionista estadounidense que tiene presentada una oferta por el 70% de su filial Abenewco 1, ha extendido la vigencia de la misma hasta el próximo 15 de junio.

En una información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cotizada sevillana confirmó dos minutos antes de las nueve de la noche de este martes la extensión de la vigencia de la oferta que denomina vinculante, aunque está condicionada a una serie de requisitos. El principal es que el Gobierno de España apruebe la concesión de una ayuda de 249 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La confirmación de la extensión de la oferta se produce casi cuatro días después de que expirara la anterior prórroga el pasado 15 de junio y de que, un día antes de ese Viernes Santo, este diario informase de que Terramar Capital ha cobrado 383.900 euros del grupo Abengoa, precisamente por haber extendido la vigencia de su oferta, después de que la última vez que la modificó le pusiera fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2021. Entre los cambios en la oferta se incluía que la empresa californiana –que opera desde Delaware por estar suspendida en California– ya no aportaría ni un euro de financiación antes de que el Gobierno del Reino de España no apruebe la ayuda de 249 millones.

Una vez cumplido esa fecha de caducidad, Abengoa aceptó en enero pasado pagar a Terramar Capital para que el comisionista estadounidense mantuviese vigente su oferta por la filial Abenewco 1.

Previamente a aceptar el pago, como adelantó este periódico el pasado 18 de marzo, Abengoa había accedido a garantizarle a Terramar Capital el cobro futuro de esos casi 384.000 euros, correspondientes a la mayor parte de la cláusula que tenía comprometida en caso de que su oferta resultase fallida y no comprase el 70% de la filial Abenewco 1.

Dicha garantía consistía en el depósito de esa cantidad en una cuenta escrow a nombre de Terramar Capital. Sin embargo, en el último momento de la negociación, el comisionista californiano se negó también a renovar su oferta en enero si no podía disponer libremente de esos fondos. La cuenta escrow permitía a Terramar retirar los fondos condicionados al cumplimiento de de un hito contractual, en este caso, que no compre Abenewco 1.

Pese a que el depósito de este dinero en la citada cuenta escrow era jurídicamente irreversible, a Terramar no le valió tener asegurado su cobro y exigió disponer libremente del dinero en una cuenta sin restricciones y de su titularidad en Estados Unidos.

Como ya había ocurrido con la cuenta escrow, el depósito de la citada cantidad se produjo finalmente, con la autorización del administrador concursal, EY Abogados, de acuerdo con grupo de directivos y consejeros de la filial afín a los acreedores y que siguen controlando la compañía, pese a que los accionistas coparon el consejo de administración de la cotizada.

El pago no fue aprobado ni por el consejo de administración de Abenewco1, ni tampoco por el consejo de administración de Abengoa SA, aunque es válido porque los derechos políticos están en poder del administrador concursal, en virtud del régimen de sustitución que está vigente en el concurso de acreedores de la matriz.

Terramar Capital cobró esos casi 400.000 euros de liquidez cuando aún se adeudaba la paga extraordinaria de diciembre a los trabajadores del grupo.

Fuentes conocedoras del trámite de la ayuda estatal señalaron que en el pago a Terramar ha causado malestar y ha aumentado las dudas que genera la oferta del comisionista estadounidense, que se suman a su trayectoria en EEUU, donde tiene un historial de reproches de tribunales de bancarrota, o al hecho de que la Secretaría de Estado de California haya suspendido su actividad, aunque sigue operando desde Delaware.

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