IC lleva a la juez el ‘rescate Terramar’ porque consuma los delitos denunciados en Abengoa

Sevilla/La representación legal de Inversión Corporativa (IC), la empresa que las familias fundadoras de Abengoa SA usaron como instrumento para gobernar la cotizada hasta 2015, acaba de llevar la operación de rescate de la empresa vinculada a la oferta de Terramar Capital LLC ante la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de los de Sevilla, Reyes Flores Canales, que instruye la querella presentada contra el consejo de administración de la compañía que presidió Gonzalo Urquijo e integraron Manuel Castro, José Luis del Valle, José Wahnon, Ramón Sotomayor, Pilar Cavero y Josep Piqué, porque esa operación financiera supondrá la consumación de los delitos denunciados en esta causa penal.

La operación financiera ligada a la oferta de Terramar está pendiente de que el Gobierno autorice la solicitud de una ayuda pública de 249 millones de euros, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

IC ha hecho esta solicitud mediante el registro de un escrito, el pasado 3 de junio, en el citado juzgado en el marco de las Diligencias Previas 1937/2020, abiertas a raíz de la citada querella contra los mencionados ex administradores de Abengoa por la indiciaria comisión de un delito relativo al mercado por alteración y ocultación de información económica-financiera por administrador de sociedad mercantil cotizada, un delito de alteración del precio de valores cotizados, un delito societario de negativa de información a un socio, y un delito societario de imposición de acuerdos lesivos para la sociedad y los socios minoritarios, delitos que IC sostiene se habrían cometido con ocasión de la segunda reestructuración financiera de la compañía, ejecutada en 2019.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla también informó hace meses que los hechos denunciados en la querella serían indiciariamente constitutivos, a priori, de un delito de administración desleal, un delito contra el mercado, un delito societario, y un eventual delito de estafa. En un segundo informe, el Ministerio Público añadió que había indicios de un delito de alteración del precio de las cosas, por la venta de acciones tras la primera reestructuraciones a parte de los actuales accionistas minoritarios.

El escrito de los representantes legales de IC recuerda que “se denunciaba en la querella que, con motivo de la denominada segunda reestructuración, los investigados introdujeron una nueva sociedad subsidiaria, llamada Abenewco 2 bis y, en lo que a este escrito interesa, emitieron varios bonos convertibles: los Bonos Convertibles A3T, y bonos obligatoriamente convertibles en Abenewco 1, Abenewco 2, y Abenewco 2 bis”.

Agregan los letrados de IC que aprobar esos instrumentos convetibles “de facto suponía que la matriz Abengoa perdía el control sobre el 100% de sus filiales a cambio de nada”, algo que ratifican los los informes periciales aportados a la causa.

La representación legal informa a la magistrada que “acertaron en todo” al formular esas acusaciones, porque a finales de mayo han “tenido conocimiento de lo que es, en rigor, la definitiva y total consumación del delito”.

Los querellantes se refieren a la información privilegiada que, con fecha 25 de mayo de 2022, la sociedad Abengoa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que adjuntan al escrito, informa de “cambios en la estructura de capital”. Porque con ello se comunica al órgano regulador bursátil “lo que constituye la consumación del delito” porque la citada información privilegiada afirma: “Por último, la operación contempla cambios en la estructura de capital mediante la implementación del Acuerdo de Reestructuración, principalmente mediante la conversión en capital de determinados instrumentos de deuda convertible vigentes y suscritos en ejercicios anteriores como el Mandatory Convertible Abenewco 1, Senior Old Money y Junior Old Money. Dichos instrumentos serán convertidos en acciones de las sociedades emisoras (Abenewco 1, Abenewco 2 bis y Abenewco 2, respectivamente)”.

La misma comunicación a la CNMV, según informa IC a la magistrada, añade: “A raíz de dicha conversión, los acreedores titulares de los referidos instrumentos pasarían a titular íntegramente, directa o indirectamente, el capital de las sociedades emisoras y la sociedad matriz Abengoa SA quedará totalmente desvinculada de Abenewco 1”.

Esto confirma, a su juicio, todo lo que denunciaron en la querella hace dos años, y coincide con las conclusiones del perito respecto al verdadero objeto de la reestructuración financiera aprobada en 2019.

Por ello, IC pide a la jueza que acuerde, tras conocerse que el rescate vinculado a la oferta de Terramar tendría esos efectos, “el impulso de la presente investigación penal mediante la práctica de las diligencias de investigación que tenemos solicitadas, y aquellas otras que resulten pertinentes y relevantes para el esclarecimiento de los hechos, solicitando que se fije fecha a fin de recibir declaración a los investigados, con citación de las partes”.

La representación legal deja en manos de la Fiscalía y la magistrada la potencial adopción de medidas cautelares que impidiesen lo que denominan la consumación de los delitos, al no pedirlas expresamente.

La petición a la juez es muy relevante porque la conversión de esos instrumentos convertibles de deuda en capital que arrebatarían a Abengoa SA la totalidad de sus negocios y filiales se producirá simultámente a la concesión de la ayuda solicitada a la SEPI por las filiales que gestionan las verticales del negocio. Según varias informaciones de medios económicos editados en Madrid, los informes de los asesores de la SEPI advierten de las dudas legales que genera el proceso para romper el grupo mediante los instrumentos de deuda convertibles en capital.

Precisamente ayer, el consejo de administración de Abengoa hizo público un comunicado en el que desautorizaba un nuevo paso dado por la administración concursal, ejercida por EY Abogados y los consejeros que defienden la consumación de esta nueva reestructuración financiera, precisamente porque se oponen a que la matriz pase de tener el 100% del grupo al 0%, además de que los nuevos propietarios serían en su totalidad extranjeros: Terramar y un grupo de fondos de inversion liderados por KKR.