Felipe Benjume Llorente, presdiente de Abengoa entre 1991 y 2015.
Felipe Benjume Llorente, presdiente de Abengoa entre 1991 y 2015. / M. G.

Sevilla/El auto dictado ayer por el Tribunal de Instancia Mercantil pone fin a la historia de Abengoa, que duraba 81 años y medio. El 4 de enero de 1941, los ingenieros del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, fundaron en Sevilla, junto con tres amigos y otros familiares, Abengoa SL –después transformada en sociedad anónima–, con un capital social de 180.000 pesetas (1.082 euros). Esa empresa se transformó en la mayor multinacional andaluza. Y esta semana, tras siete años en el filo del alambre y recibiendo hachazos de los acreedores, ese imperio ha colapsado. Quedan sus filiales, que serán vendidas, aún no se sabe si juntas o por separado.

Abengoa fue la denominación que eligieron sus fundadores, acrónimo que nació de unir apellidos: José Manuel Abaurre (A), Javier Benjumea (BEN), Fernando Gallego (G), Antonio Ortueta (O), y Ricardo Abaurre (A). Si bien el enorme desarrollo de la empresa, que llegó a ser una de las grandes del Íbex 35, fue obra de Javier Benjumea y José Manuel Abaurre.

Cuando la fundaron, pretendían fabricar un contador monofásico de cinco amperios, pero desistieron ante los problemas de aprovisionamiento que sufría la España de la posguerra. El proyecto fracasó, pero no la empresa. En un contexto de reconstrucción del país tras la Guerra Civil, a partir de 1943 Abengoa se dedicó a reparar motores para otras grandes empresas –Cruzcampo o Renfe, entre ellas– así como a elaborar proyectos y ejecutar montajes eléctricos.

En su primer decenio, Abengoa fue creciendo hasta expansionarse por toda Andalucía y logra llevar su negocio a una facturación superior a 45 millones de pesetas (270.456 euros). Esa expansión se hace nacional durante su segundo decenio, hasta 1960. En una España desarrollista, la empresa consolida su creciente actividad y lleva el negocio hasta los 827 millones de pesetas (4.970.371 euros).

A partir de la década de los sesenta empieza su salto a los mercados internacionales, primero en América Latina y de ahí al resto del mundo. Al cumplir 25 años, en 1966, la facturación alcanza ya los 4.880 millones de pesetas (29.329.391 euros).

En los últimos decenios bajo la batuta de los fundadores, en los años 70, 80 y 90, del siglo pasado, el grupo no para de crecer: crea filiales especializadas y la multinacional hace de la innovación su santo y seña. Antes de que la segunda generación tome el mando, el negocio rebasa los 52.396 millones de pesetas (314.906.303 euros).

Javier Benjumea Puigcerver, uno de los cinco fundadores de Abengoa.
Javier Benjumea Puigcerver, uno de los cinco fundadores de Abengoa. / M. G.

1991 es un año clave. Javier Benjumea Puigcerver deja la dirección en manos de sus hijos, Felipe y Javier Benjumea Llorente, en principio de forma colegiada. En esta nueva etapa Abengoa pone todo su interés en el desarrollo y en la innovación, en tecnologías de la información, las energías renovables, los biocombustibles y la desalación de agua. Al filo del fin de siglo la cifra de negocio supera los 144.000 millones de pesetas (865.457.431 euros).

En el nuevo milenio y hasta 2015, la empresa siguió creciendo y reorganizó de sus líneas de negocio. Pero la apuesta por desarrollar las energías renovables y los biocombustibles por todo el mundo trae consigo un fuerte endeudamiento. Entre 2006 y 2012, la deuda se multiplica por seis y empieza a ser demasiado grande.

Las agencias de calificación avisan varias veces de ello. Para entonces Felipe Benjumea ya es presidente único del grupo. Para hacer frente a esta situación se venden filiales como Telvent o Befesa y saca a bolsa en EEUU una sociedad con sus principales activos en concesión (Abengoa Yield). También se alía con EIG Global Energy Partners y promete nuevas desinversiones en ámbitos como el biofuel.

Mediado 2015, sale su entonces consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, y Abengoa se enfrenta a multitud de operaciones a corto que hicieron dudar de la viabilidad del grupo. Benjumea intenta en verano una ampliación de capital, pero el Banco Santander fuerza en septiembre su destitución.

En noviembre de 2015 entra por primera vez en preconcurso. Tras defenestrar a otros dos presidentes –José Domínguez Abascal y Antonio Fornieles–, los acreedores sitúan al frente del grupo a Gonzalo Urquijo, que pilota la compañía durante cuatro años, en los que se levanta el preconcurso y se ejecutan dos reestructuraciones.

Esas reestructuraciones no cumplieron lo que prometieron al mercado. Al contrario, el dinero nuevo de la primera –1.169 millones– fue a parar a activos adjudicados a alguno de ellos –en concreto el proyecto A3T de México al Banco Santander–, mientras generaba 400 millones de intereses y comisiones para esos mismos acreedores, que también fueron cobrando por las ventas a bajo precio de Atlantica Yield o el negocio de biocombustibles, con grandes plusvalías para los compradores.

En 2017, esos acreedores vendieron de inmediato sus acciones (95%), mientras se reconocía en Reino Unido que el rescate no daba viabilidad. Tanto, que al cabo de un año largo, en la segunda reestructuración, se les dieron nuevos instrumentos de deuda a cambio de muy poca liquidez que les permiten quedarse ahora con el 100% del grupo. Era 2019 y su presidente, Urquijo, decía que Abengoa resurgía cual Ave Fénix.

Llegó 2020 y se ocultó durante meses la marcha financiera de la empresa –lo que supuso una multa de la CNMV–, que no se supo hasta que era inimpugnable en la jurisdicción Mercantil la segunda reestructuración y que hacía falta una tercera que consumaba una suerte de concurso encubierto sin tutela judicial. Ese tercer rescate, denominado Vellocino, fracasó. El Gobierno lo apoyaba, pero si la Junta de Andalucía participaba.

Para bloquear el control de los accionistas, los actuales ejecutivos que mandan en la empresa –que no son los consejeros de la matriz– pidieron en 2021 el concurso de la cotizada, lo que ha deteriorado muchísimo más a la empresa y ha impedido que el Estado diese la ayuda pública solicitada de la mano de un comisionista estadounidense, Terramar Capital LLC, que el Gobierno negó el martes, tras no aprobarlo el lunes en consejo de ministros. El jueves se preconcursaron las 27 principales filiales.

Ayer la historia terminó con la empresa disuelta por orden judicial.

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