La venta de bienes de Patrimonio generará unos 70 millones a la Junta
Presupuesto 2019
Hacienda espera más ingresos por enajenaciones de otros entes de la Administración
Está en el aire que las ventas totales alcance los 320 millones previstos para 2019
La Junta ha previsto para este año el ingreso de 320 millones de euros por la venta de parcelas, viviendas, apartamentos, plazas de garaje y, en general, un variado tipo de locales de las que es propietaria. (Con el catálogo desactualizado, a la Administración se le atribuyen unos 12.000 activos inmobiliarios.)
En esta enajenación de bienes hay tres consejerías implicadas: Fomento, Economía y Hacienda, cuyo titular, Juan Bravo, confía en obtener 70 millones a cambio de vender medio centenar de activos de Patrimonio. Fuentes del mercado inmobiliario, sin embargo, ponen esa ganancia en cuestión, al igual que las aportaciones restantes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (Fomento) y la Empresa Pública de Gestión de Activos (Economía).
En entredicho queda también el consejero de Hacienda. Que descuadren los números no desencadenará una catástrofe contable --lo que teóricamente entre por la enajenación de bienes representa un 0,9% de los ingresos completos de 2019--, aunque sí quizá una cana a Bravo. Su cálculo pende de la alegría con la que pujen los mercados en las subastas.
Se le presenta a Bravo una oportunidad para demostrarle al Parlamento que, tal como dicta el hilo musical en San Telmo, puede gobernarse de otro modo; en el caso de Hacienda, que pueden espigarse fuentes de otros ingresos en lugar de acudir al flanco de los impuestos.
La venta de bienes por la bajada de impuestos
Es el mensaje del Gobierno de PP y Cs, que no se lo pensó y aprobó pronto y por decreto la "bajada masiva de impuestos", es decir, según dijo entonces el consejero, 11 millones menos en entradas. La "revolución fiscal", unido al difícil destino de los 400 millones trecemesinos del IVA y al exigente 0,1% de límite deficitario, aconseja a la Junta no descuidar un pelo las salidas y fijar a hierro las entradas, al menos las comprometidas.
No va a ser fácil concretar los 320 millones, afirman fuentes del sector agrario. Las dificultades son de diversa naturaleza. En relación a los bienes de la Dirección General de Patrimonio, de cuya venta la Consejería de Hacienda anticipa de forma "conservadora" unos 70 millones mediante subasta, el tiempo, los precedentes y los trámites se dilatan en verano como el metal.
Los obstáculos
Agosto, a medio gas, aconseja una publicación del expediente de subasta de enajenaciones no más lejos del 16 de septiembre. Sólo así permitiría a la mesa de contratación estudiar las ofertas antes del mes de diciembre y no perderse en el siguiente ejercicio.
Que en tres años, 2016, 2017 y 2018, la Junta haya ingresado por la enajenación de bienes unos magros 3,1 millones de euros debe de ser un escaso estímulo para un Gobierno andaluz que espera dar entrada a una cantidad cien veces más voluminosa en un año.
Un plan ambicioso si se miran los precedentes, pues no fue rareza en subastas anteriores el resultado desierto: dos convocatorias de 2011 y una de 2014 no encontraron comprador para 18 parcelas, plazas de garaje y sótanos que Hacienda confía vender ahora.
Problema añadido para cumplir con los 320 millones de ingresos, dice una voz del mercado de compra y venta de activos, es la situación judicial y administrativa de varios de esos inmuebles. Ejemplos son el edificio de Correos de Málaga o la Antigua Residencia de Tiempo Libre de Cádiz. Aunque la Consejería informa de que "ahora es cuando se está acelerando" sus tramitaciones, sobre el primero pesa un embargo de la Diputación y el segundo está a la espera de la decisión de la Justicia.
No son pocos los bienes incluidos en la lista que dependen además de un cambio de la calificación urbanística. Y de los planes generales parece que empieza a hablarse, pero queda otra gran batalla que librar contra el procedimiento administrativo. Y el de los PGOU no es menor al año.
Cádiz y Málaga, los objetivos
La Residencia de Tiempo Libre de Cádiz y el edificio de Correos de Málaga son quizá los dos bienes más importantes dentro del catálogo de más de 50 inmuebles que Patrimonio va a subastar próximamente. De la valoración que ambos obtengan en la futura venta dependerá en buena medida que cuadren las estimaciones de ingresos que la Junta espera en el Presupuesto de 2019.
Los dos inmuebles tienen un carácter emblemático y disfrutan de un amplio interés por parte de los inversores, aunque los dos cuentan con obstáculos para su inmediata enajenación debido a cuestiones de índole diversa. Pese a ello, desde la Junta confían en que es "ahora cuando de verdad se están acelerando los trámites" necesarios para su venta.
La antigua Residencia de Tiempo Libre
El caso del edificio gaditano, que será destinado para uso hotelero mayormente tras el cambio de calificación producido en el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), contiene aún en el bajo recintos hosteleros, con cuyos propietarios tiene un litigio judicial la Junta desde hace varios años.
Aunque desde la Consejería de Hacienda aseguran el inicio de un procedimiento de recuperación de oficio, no está completamente asegurado que llegue a tiempo para el inicio de la tramitación de la subasta, que se espera no más tarde de septiembre.
Se trata de un inmueble de unos 20.000 metros cuadrados construidos y cuyo valor catastral en 2019 ha sido de casi 16 millones de euros, aunque la Consejería ha informado de una tasación de unos nueve millones.
Edificio de Correos
El edificio de Correos de Málaga es una veta en la mina inmueble de Patrimonio. Con más de 14.000 metros cuadrados y tasado en unos 19 millones de euros por la Consejería, el verdadero problema de esta largamente ansiada enajenación es la calificación del suelo. Hasta que no haya cambio del PGOU, su uso no podrá ser otro que administrativo.
Al inmueble malagueño le pesa además la rémora del precio. Aunque tasado por Hacienda en 19 millones, el valor por el que fue adquirida la Administración andaluza en el procedimiento de reintegro de la Deuda Histórica fue de unos 30 millones. Fuentes del sector inmobiliario lo estiman en unos 25 millones. El problema es que, a partir de 20 millones, la operación de una venta pública ha de ser aprobada mediante una ley.
Una operación cercana a los polémicos 300 millones de 2014
No es la operación de subasta de 2019 la primera ni la última vez que una administración recurre a la venta de bienes patrimoniales para atender peticiones de interés público o sencillamente para dar entrada a unos millones necesarios que equilibren las cuentas.
El caso de los 320 millones de euros que la Junta de Andalucía espera recaudar por la venta de activos antes de acabar el año se acerca a la operación que la Administración llevó a cabo en 2014, una operación no exenta de polémica, tal como adelantó entonces este periódico.
La entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, firmó un procedimiento por el que la las arcas andaluzas ingresaron 300 millones que mitigaron los recortes obligados por las leyes de estabilidad financiera y presupuestaria.
A diferencia de la fórmula actual –la subasta pública–, la Junta decidió entonces vender 70 inmuebles a la empresa estadounidense WP Carey por la vía de sales and leaseback, es decir, la venta y el posterior arrendamiento. De ese modo, la Junta pasó de casera a inquilina, en un proceso que la compañía norteamericana definió de "atractivo".
Naturalmente. Fue toda una ganga. La Administración andaluza, por contrato, tiene comprometido el alquiler de los inmuebles vendidos por 20 años, con un coste anual de 23,6 millones de euros. Después de dos décadas, por tanto, Andalucía habrá abonado a la WP Carey 472 millones. Eso supone 172 millones más que el precio de la adquisición. Todo un negocio.