Uno de cada tres menores de 17 años tiene sobrepeso en Andalucía

“El entorno es obesogénico”. Con ese palabro describe Begoña Gil uno de los principales motivos que provocan que uno de cada tres menores andaluces presente sobrepeso. La directora del Plan Integral de Obesidad Infantil de la Junta alude así a la enorme cantidad de situaciones que inducen a que una niña prefiera comer un dulce a un melocotón o que un adolescente se quede en casa jugueteando con el móvil antes que salir a jugar un partido de fútbol.

Esos factores y varios más confluyen para que Andalucía sea la tercera región de España con un mayor proporción de menores de dos a 17 años con un peso superior al debido, sólo por detrás de Murcia y Canarias, si no se tienen en cuenta las dos ciudades autónomas.

Concretamente estos niños y adolescentes son el 33,4% del total, según la Encuesta Nacional de Salud en España (ENSE), recogida en el informe Malnutrición, Obesidad Infantil y Derechos de la Indancia en España realizado por el Comité Español de Unicef en colaboración con la Gasol Foundation.

De todas las estadísticas disponibles, la mencionada encuesta es la única que recoge diferencias entre autonomías, pero todas indican que el sobrepeso en menores es un problema en España. Y Andalucía parte de una situación peor que la media. Si se atiende al mapa regionalizado se hace patente que las comunidades con peor renta son las que presentan peores datos, con la excepción de Baleares, con tasas superiores a la media estatal –28,5%– a pesar de su alto PIB per cápita.

El riesgo del bajo nivel socioeconómico

Unicef detecta “una creciente evidencia que sugiere que el estatus socioeconómico de la familia es un factor de riesgo para la obesiad infantil”. La mencionada Encuesta Nacional de Salud Pública revela que el porcentaje de niños con obesidad en familias cuyo principal ingreso procede de una persona no cualificada (36,6%) es mucho mayor que en las familias sustentadas por alguien con un puesto directivo (20,5%).La brecha es mucho mayor en el apartado de obesidad, con el 15,4% frente al 5,4%.

La propia Begoña Gil habla de una “epidemia de obesidad infantil”, aunque reconoce avances. “No estamos en una fase crecimiento, sino de estabilización”, apunta antes de valorar positivamente las medidas que lleva a cabo la Administración regional en la materia. Entre las iniciativas señaladas por la directora del Plan de Obesidad Infantil de la Junta, destaca el seguimiento médico de “más de 25.000” de los menores diagnosticados con exceso de peso en las consultas especializadas del servicio publico sanitario andaluz,

La Consejería de Salud y Familias, Unicef y la Gasol Foundation coinciden que lo primordial en esta materia es trabajar en la promoción de hábitos saludables para luchar contra ese entorno “obesogénico”. En ese apartado se pueden incluir medidas como la formación de sanitarios y profesores o el plan de frutas en las escuelas que, en 2016 llegó a más de 396.000 niños y que, en muchos casos, permite que esos menores tengan acceso a unos productos que no consumen en sus hogares.

A estas iniciativas hay que añadir el fomento del ejercicio físico. “Tienen que ir andando o en bici al cole”, señala Gil, quien reconoce que para ello hay que mejorar el urbanismo de las ciudades y de los itinerarios hacia los centros educativos.

“Generalmente, los niños saben lo que deben y no deben comer, pero presionan mucho para consumir alimentos ultraprocesados porque se los venden muy bien”, apunta Begoña Gil, que considera a esos productos hipecalóricos y con gran contenido en azúcar como uno de los grandes enemigos de la salud alimentaria de los menores andaluces. Esta realidad se alía con el bajo precio que suelen tener estos productos, sobre todo si se los compara con alimentos más saludables.

Para atajar este inconveniente, Gil propone una política a nivel nacional para “incentivar y abaratar” el consumo de estos productos y “encarezcan” los más perjudiciales, como, por ejemplo, los refrescos azucarados. Según la responsable del Plan de Obesidad de Andalucía, “se pueden buscar vías” para gravar estas bebidas, como hizo Cataluña en 2017, así como “subvencionar” los alimentos saludables. “Ahora mismo hay en discusión qué medidas podrían ponerse en marcha”, explica.