Infraestructuras hidráulicas pendientes: el agua que falta en Andalucía

La tierra cuarteada ocupa casi la totalidad de las 258 hectáreas del embalse de Colomera, en Granada, convertido en un paisaje desolado en el que solo perviven 3,5 hectómetros cúbicos de agua de los 40 de capacidad que tiene el pantano. Este presenta un peor porcentaje de llenado de Andalucía (8,71%), símbolo de lo que ocurre en el resto de la comunidad autónoma, donde el conjunto de los embalses solo almacenan el 25% del agua que podrían acumular (casi 12.000 hectómetros cúbicos en total). Es la imagen de la sequía que avanza a marchas forzadas, en una situación cada vez más acuciante ha llevado a que partidos y agentes sociales alcen la voz para reivindicar (una vez más) la ejecución de obras de emergencia y del largo listado de infraestructuras hidráulicas pendientes en la región. Un catálogo que va del bombeo del Bocachanza en Huelva a las desaladoras en Almería y que contiene actuaciones del Estado y de la Junta de Andalucía.

Esa lista por ejecutar será la protagonista del primer Pleno del Parlamento andaluz la próxima semana. PP y PSOE llevan a la Cámara andaluza sendas iniciativas sobre la sequía y obras pendientes y han recopilado sus prioridades. Los primeros reclaman las obras dependientes del Gobierno central; los segundos incluyen infraestructuras de ambas administraciones. La reivindicación no difiere mucho de la que vienen haciendo desde hace años fundamentalmente los regantes, pero también los colectivos de usuarios y los agentes sociales.

Una provincia agrícola, Huelva, acumula algunas de las infraestructuras con solera más destacadas, de las que dependen no solo la supresión de las captaciones del acuífero de Doñana y la estabilización de los cultivos del entorno del parque, sino la consolidación y ampliación en otras zonas de la provincia en planes que suman lustros de antigüedad. Ahí se enmarca el desdoblamiento del túnel de San Silvestre (entre los embalses de Chanza y Piedras), destinado a dar más agua a los regantes del Condado de Huelva. Declarado de interés general del Estado, este mismo jueves el Gobierno aprobó el proyecto constructivo, valorado en 73,5 millones y espera que puedan iniciarse las obras en 2023. Desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) son muy críticos con la Declaración de Impacto Ambiental porque limita el transporte de agua a 10 metros cúbicos por segundo aunque el proyecto sea de 20.

El largamente reclamado trasvase de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir para acabar con la sobreexplotación de los acuíferos en Doñana también sigue pendiente. La ley del trasvase prevé que el caudal a trasvasar pase de 5 a 20 hectómetros cúbicos (los regantes piden 40), pero están por definir todas las obras de transportes y almacenamiento.

Una de las grandes obras hidráulicas de la anterior planificación hidrológica, la presa de Alcolea, que regularía por primera vez el río Odiel, quedó paralizada con su ejecución al 22%. Hace cinco años Sacyr paró las obras por diferencias con la sociedad estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España) y desde entonces no se ha retomado la construcción de un pantano de 246 hectómetros cúbicos de capacidad, destinado a dar mayor garantía al sistema hídrico y surtir a los regadíos a través del canal de Trigueros.

El PP suma a ese listado de obras pendientes en Huelva la presa de Pedro Arco, en el río Piedras, y la duplicación de los bombeos del Bocachanza, que permita incorporar más agua del río Guadiana al sistema hidráulico onubense. Y el PSOE reclama a la Junta la ejecución de obras declaradas de interés general de la comunidad autónoma: el aumento de capacidad de regulación de los depósitos del sistema Huelva y la mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, zona que ya está sufriendo restricciones por la sequía.

En la Cuenca del Guadalquivir, el proyecto más adelantado es el de la modernización del riego del arroz. La idea es transportar agua dulce desde Peñaflor hasta la zona arrocera a través del recrecimiento del canal del Bajo Guadalquivir. El proyecto se ha desglosado en cinco fases y ahora mismo está pendiente de licitarse la primera de ellas, previsiblemente antes de final de año. Se trata del recrecimiento de 31 kilómetros del canal entre Peñaflor y El Cuenco (en el municipio de Carmona). Posteriormente se harían las tuberías y las tomas en la margen izquierda (12.000 hectáreas) y derecha (24.000). El objetivo final es evitar la salinidad del río que dificulta el riego.

El recrecimiento del Agrio, que como tal figura en los planes hidrológicos desde 2014, es ahora cuando parece empezar a andar. En agosto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) adjudicó la redacción del proyecto con un plazo de 18 meses. Este elevará de 20 a 60 hectómetros cúbicos la presa para dar servicio a la zona de Villamanrique y Aznalcázar y reducir el uso de aguas subterráneas. Y se dotará asimismo de recursos al parque de Doñana cuando lo necesite a través del Guadiamar (el Agrio es afluente de este río).

El PSOE suma al listado de actuaciones pendientes en la provincia de Sevilla varias obras de la Junta de Andalucía: la mejora del abastecimiento en alta al núcleo de Burguillos y a la Sierra Sur y el proyecto de abastecimiento a la Sierra Morena sevillana.

Presente en los planes hidrológicos desde 2009, el proyecto de Cerrada de la Puerta, entre las provincias de Jaén y Granada, es el más importante en la CHG por su dimensión (289 hectómetros cúbicos) y porque abastece al régimen general, es decir, a la mayoría de regantes. Paliaría en buena medida el déficit hídrico existente (entre 300 y 400 hectómetros cúbicos). El secretario general de Feragua, Pedro Parias, lamenta que aunque había un anteproyecto del embalse, la normativa europea exige elaborarlo de nuevo, al tener que hacer un estudio de alternativas en el que se justifique que no hay otra solución más que la ejecución del embalse. En una situación similar está San Calixto (entre Córdoba y Sevilla), presa en el río Genil cuya función principal sería reducir el riesgo de inundación de Écija y Palma del Río. Pese a que están en los papeles, estos proyectos tienen todos los visos de seguir en el cajón mucho tiempo.

La presa de Rules, que recoge las aguas de los arroyos de Sierra Nevada y la costa tropical, ya estaba terminada en 2009. Beneficiaría a la comunidad de regantes de la zona del Guadalfeo, unas 12.000 hectáreas, que ahora tienen que bombear agua del río o usar agua subterránea para regar. El Gobierno acaba de anunciar que en breve se licitará la primera de las nueve conducciones previstas, que reclaman los regantes y el PP.

En la provincia de Granada también hay un conjunto de obras de abastecimiento pendientes de ejecutar (y exigidas por el PSOE): la conducción a la Costa Tropical, la mejora del abastecimiento a los municipios de la Contraviesa, conducción desde los pozos de la Vega de Granada o las obras de emergencia para el abastecimiento del sistema de Cubillas Colomera desde la Ronda Sur (las dos primeras competencia de la Junta y las dos segundas del Estado).

En las Cuencas Mediterráneas se reivindica la presa de Gibralmedina, que debe dar garantía de agua al sistema del Campo de Gibraltar y a la Costa del Sol Occidental, no solo para regadío, sino también a la industria y para consumo humano. Actualmente, el proyecto está en redacción, lo cual, según Feragua, es un hito, porque los gobiernos anteriores de la Junta no habían iniciado ningún gran proyecto hidráulico desde que asumieron la demarcación hidrográfica del sur en 2005.

La desaladora de la Axarquía y la ampliación de la instalación de la Costa del Sol Occidental, las obras de encauzamiento del río Guadalhorce y del Guadarranque o la mejora de la garantía de abastecimiento a los núcleos de la comarca de La Janda son otras actuaciones que reivindican los partidos. Y el PP reclama la aprobación por el Consejo de Ministros del trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera, para garantizar el suministro de agua potable necesario para el consumo humano en la zona.

El listado de obras reclamadas para otra provincia agrícola, Almería, es largo. El PP lleva al Parlamento andaluz la ampliación de la desaladora de Carboneras, la reparación y ampliación de la desaladora del Bajo Almanzora, la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías y las instalaciones de energía renovables que garanticen un precio sostenible del agua desalada. También la conducción para agua desalada de la Venta del Pobre a Tabernas, para garantizar el abastecimiento humano y la sostenibilidad del regadío y la conducción de agua desalada a Adra desde la desaladora del Campo de Dalías. El PSOE reivindica además la garantía de abastecimiento en alta de agua desalada en el Poniente Almeriense, obra de la Junta de Andalucía.

Los regantes suman al listado de actuaciones importantes la modernización de la zona regable del Rumblar. Son 5.500 hectáreas y es la única gran comunidad de regantes con el riego sin actualizar, en Andújar.

Estas y otras obras serán analizadas en el próximo Pleno del Parlamento. Aunque la lucha por mejorar la situación hídrica de la comunidad autónoma no se queda solo en obras: el PP reclama que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe un nuevo decreto de sequía con una dotación importante y que se aumenten los fondos europeos destinados a las infraestructuras hidráulicas, así como la bonificación del agua desalada y la activación de la doble tarifa eléctrica. Y el PSOE, que el Gobierno de Juanma Moreno apruebe el reglamento del ciclo integral del agua de uso urbano en Andalucía, que fue impulsado en la legislatura 2012-2018.