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La Ley que llevará la Policía Local a todos los municipios mayores de 5.000 habitantes comienza su tramitación

La norma plantea un mínimo de cinco efectivos por localidad y la posibilidad de que los pequeños pueblos se asocien para crear sus propias policías

Los grupos parlamentarios no presentan enmiendas a la totalidad, pero muestran sus discrepancias

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Efectivos de la Unidad Ciclista de la Policía Local de Málaga. / Javier Albiñana
Raquel Montenegro

26 de octubre 2022 - 19:11

En Andalucía hay 9.700 policías locales para 8,5 millones de habitantes. Un número escaso que aumentará notablemente cuando se apruebe la Ley de Policías Locales que este martes ha iniciado su tramitación en el Parlamento de Andalucía. La norma establece la obligación de que todos los municipios con una población mayor o igual a 5.000 habitantes cuenten con un cuerpo policial local, con un mínimo de cinco efectivos, algo que tendrá que cumplirse en el plazo máximo de dos años tras la aprobación de la Ley.

Esta es una de las principales novedades de un texto que también prevé que los municipios con menos de 5.000 vecinos puedan crear sus propios cuerpos, con la posibilidad de asociarse entre ellos (cuando sean limítrofes) en el caso de que no puedan hacer frente al servicio. Además de contar con un mínimo de cinco efectivos, la ley prevé que las patrullas cuenten preferentemente con más de un agente o se realicen en colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha sido el encargado de presentar la nueva norma, que ya llegó al Parlamento en la legislatura anterior (pero decayó al adelantarse las elecciones y disolverse la Cámara). En la ocasión anterior, el PSOE presentó una enmienda a la totalidad que no ha repetido en aras del diálogo, según ha explicado después.

Entre sus nuevas prescripciones también destaca la reducción de categorías, de forma que se elimina la de superintendente en la escala técnica y la de intendente mayor pasa a denominarse intendente principal. Con esta medida se consigue "alcanzar la homogeneidad en las escalas", teniendo cada una de ellas dos categorías. En concreto, la escala técnica consta de las categorías de intendente principal e intendente; la ejecutiva, la de inspector y subinspector, y la escala básica, la oficial y policía.

Asimismo, se establece el derecho de los policías locales "a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo", para lo que "se aplicará la normativa general de prevención de riesgos laborales en todas aquellas funciones que no presenten características exclusivas de actividades de policía, seguridad y servicios operativos".

Beneficios sociales, mejoras en el sistema de movilidad laboral o en el régimen disciplinario son introducidos asimismo en una ley que quiere ser “la más avanzada de España”. Y que aborda también el formato de acceso a los cuerpos de Policía Local, con la posibilidad incluso de que los ayuntamientos soliciten a la Consejería de la Presidencia que convoque y realice los procesos selectivos de varios municipios de forma conjunta. Los cursos que se imparten en los centros especializados se renuevan, como formación en materias que han ido cobrando relevancia con el paso de los años, como el absentismo escolar, la diversidad, la violencia de género o la mediación.

“Se trata de un trabajo serio y riguroso”, ha remarcado Sanz, que ha contado con la participación de sindicatos y municipios y ahora será completado con las aportaciones de los grupos políticos durante su tramitación parlamentaria, a quienes ha ofrecido diálogo. Sanz ha apostado por incrementar el número de agentes, reconociendo que la cifra actual es insuficiente pero destacando el esfuerzo realizado por los ayuntamientos para aumentarla. “En solo 3 años, y pese a los efectos de la pandemia, Andalucía cuenta hoy con casi 1.000 policías locales más. Y ahora se van a sumar 180 efectivos más a finales de este año”, ha señalado.

Los grupos

El PSOE asegura que comparte la necesidad de actualizar la ley, pero advierte que la norma que ha llegado hoy al hospital de las Cinco Llagas “no le gusta”. “Este proyecto no convence a ninguno de los actores que participan en el mismo”, ha asegurado la parlamentaria socialista Irene García, también presidenta del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

“Esta ley pone en jaque la estabilidad económica de los ayuntamientos”, ha asegurado García. La socialista ha apuntado lagunas de carácter jurídico, ya que la creación de cuerpos de policía local “pasa a ser obligatoria, pasamos de libre disposición municipal a imposición”. Y si se legisla una imposición, ha remarcado, “¿no parece razonable que la comunidad autónoma financie?”. Más cuando los ayuntamientos ya están ejerciendo “prácticamente dos tercios” de las competencias atribuidas a la Policía adscrita a la Junta de Andalucía.

A esta pregunta le ha contestado la diputada popular María Isabel Sánchez, quien ha recordado a García que las policías locales son competencias propias de los municipios, pero también ha recordado que se introduce como competencia de la Consejería de la Presidencia el establecimiento de programas de colaboración con los ayuntamientos y la habilitación de medidas de fomento para la dotación de recursos destinados a los cuerpos de la Policía Local.

Tanto Vox como Por Andalucía han reclamado que las patrullas sean obligatoriamente de un mínimo de dos personas, no solo una opción. El diputado de Vox Benito Morillo ha considerado que la norma “nace coja” porque “no se ha tenido en cuenta a los sindicatos profesionales” y ha advertido de lagunas como "las comisiones de servicio, o la segunda actividad". También ha anunciado que solicitarán un plan autonómico de prevención del suicidio policial.

El portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha recordado la necesidad de tener en cuenta en una policía moderna realidades como la ciberdelincuencia y la necesidad de las nuevas tecnologías y ha confirmado que su grupo presentará enmiendas parciales a este proyecto de ley durante su tramitación.

El proyecto de ley continuará ahora su tramitación en la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

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