La Junta de Andalucía da luz verde su reforma fiscal y no descarta nuevas rebajas de impuestos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde este martes a la sexta reforma fiscal del Ejecutivo de Juanma Moreno, un “revulsivo” con el que busca rebajar la presión sobre las familias y empresas andaluzas pero con el que también se lanza a la captación de grandes contribuyentes con la eliminación del impuesto de Patrimonio. Probablemente no será la última: la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, no descarta próximas rebajas. IRPF y Transmisiones Patrimoniales aún tienen margen, asegura.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, había anunciado el contenido de la reforma durante el Foro Joly de ayer lunes. El cambio se produce en tres vertientes: la deflactación del IRPF al 4,3% en los tres primeros tramos de renta y de los mínimos personales y familiares, con efecto en la declaración de este ejercicio 2022; la supresión del canon del agua en 2023, y la bonificación al 100% del impuesto de Patrimonio.

Esta última medida es la que más reacciones ha despertado, con posiciones encontradas entre comunidades autónomas y el rechazo del Gobierno central. Los contribuyentes andaluces dejarán de pagar el impuesto de Patrimonio desde este 2022 gracias a la bonificación de la Administración autonómica (al ser un tributo cedido, no puede eliminarlo). “Estamos convencidos de que nos va a hacer aumentar la recaudación y ser más competitivos”, ha asegurado España al explicar el cambio en el gravamen. Este es “un impuesto obsoleto”, que dentro de la OCDE solo mantienen Noruega y Suiza y que “frena la economía, provoca la huida de posibles contribuyentes”.

En Andalucía pagan ese tributo casi 19.000 personas, aquellos que tienen un patrimonio por encima de 700.000 euros (300.000 euros de la vivienda habitual están exentos). Se gravan sus posesiones en todo el mundo, quedando exentas las participaciones o acciones en empresas. El patrimonio medio declarado en Andalucía es de 2,7 millones de euros y la cuota media abonada de 5.000 euros. La bonificación de este impuesto costará 95 millones de euros a las arcas andaluzas, pero desde la Junta prevé no solo recuperar sino también superar los ingresos perdidos gracias a la captación de nuevos contribuyentes para otro impuesto personal, el IRPF, y también con el IVA. “Eliminar patrimonio es un revulsivo fiscal no solo para evitar huida de capitales, sino para que vuelvan a Andalucía muchos que se han ido”, ha aseverado.

La planificación de la Junta se basa en que hay un porcentaje de grandes contribuyentes que no establecen su residencia oficial aquí por el elevado impuesto a abonar y que estarían dispuestos a ser vecinos andaluces si se elimina. Pasarían por tanto a pagar el IRPF en suelo andaluz, una cuantía muy superior al otro tributo. Como ejemplo, la Administración autonómica remarca destaca que de los veinte mayores contribuyentes de patrimonio, la mitad ya no estaban en 2020, una decisión que relaciona con la situación impositiva aunque, reconocen los técnicos de la Junta, no hay forma de averiguar si esa fue la razón de su salida. Al cambiar de residencia, se perdieron 3,8 millones de euros de impuesto de Patrimonio y 29 de IRPF (a repartir al 50% entre el Estado y la Junta).

“Al final bajando los impuestos se recauda más. En el anterior gobierno se tocó Sucesiones y Donaciones, bajó el IRPF y recaudamos 1.100 millones de euros más”, ha remarcado la consejera. Se deben a la incorporación de 280.000 contribuyentes al padrón, que aportaron 800 millones del impuesto de la renta. ¿Llegaron esos nuevos pagadores por la bajada impositiva aplicada en la legislatura anterior? No se puede comprobar, reconoce el Gobierno andaluz, pero se muestra seguro de que “la bajada ha contribuido”.

La deflactación del IRPF es otra de las medidas estrella del Gobierno, ya anunciada por Juanma Moreno en su discurso de investidura. Esta medida beneficiará a todos los contribuyentes, pero de manera especial a los que tienen rentas medias y bajas, asegura el Gobierno andaluz. El 82% de los contribuyentes andaluces tributa dentro de los tres primeros tramos del IRPF, que son los que se van a deflactar. La intención de la deflactación es evitar, por una parte, que un incremento salarial, que en ningún caso podrá compensar la fuerte subida de la inflación, implique una mayor tributación para el contribuyente. Y, por otra, mantener fuera de la tributación la parte de la renta destinada a cubrir las necesidades básicas que, también por la inflación, es mayor de lo que ha sido en años anteriores.

La deflactación de los primeros tramos del IRPF tendrá dos consecuencias directas. Por un lado, los contribuyentes con rentas más bajas van a seguir tributando dentro del mismo tramo, aunque su salario aumente; y por otro, aquellos contribuyentes que no vean incrementado su salario, con independencia de su nivel de ingresos, tributarán según un tipo medio efectivo más bajo que hasta ahora.

También se amplían en la misma proporción (4,3%) los mínimos personales y familiares por los que no se tributa en el IRPF. Hay que recordar que, desde 2019, el Gobierno andaluz ha reducido el número de tramos del IRPF y bajado los tipos impositivos de cada uno de ellos, y ha introducido deducciones en la parte autonómica del impuesto que no existían (por nacimiento de hijos, familias numerosas, gastos educativos, donativos a organizaciones ecologistas, residencia en zonas con problemas de despoblación, adquisición o alquiler de vivienda...), además de la deflactación contemplada en el nuevo decreto ley.

Con esta medida, ha destacado España, Andalucía pasará a ser la segunda comunidad fiscalmente más competitiva dejando aparte el régimen foral (el País Vasco estaría por delante). Supondrá un ahorro para los contribuyentes de 124 millones de euros.

En cuanto al canon del agua, no se cobrará a partir de enero de 2023, lo que supondrá dejar de ingresar 140 millones de euros. Pero eso no afectará a la ejecución de infraestructuras hidráulicas, ha asegurado la consejera, recordando que “están en marcha más de 1.500 millones de euros en obras hidráulicas” y que “el gobierno del PSOE recaudó más de 700 millones de euros y gasto solo 170”.

La eliminación del impuesto de Patrimonio y el aumento de la competitividad que supone para Andalucía respecto a otras comunidades autónomas ha generado una oleada de declaraciones a lo largo del día. Entre ellas, las del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ha abogado por un sistema impositivo centralizado (el Gobierno ha puntualizado que es una opinión personal). A este respecto, la consejera ha recordado que “la Constitución habla de competencias de las comunidades autónomas”, entre ellas los impuestos. Y ha advertido que el Gobierno socialista “no tiene por qué interferir en que el nuevo Gobierno andaluz haga una bajada continua de impuestos”. La consejera ha aprovechado también para lanzar un guante al Gobierno: que deflacte el IRPF a nivel nacional, ya que tiene las competencias para modificar la tabla de retenciones y eso posibilitaría aplicar la reducción en el salario mensual.