La Junta denunciará a Montero por el IVA pero desconoce si hará uso de las "migajas"

El Gobierno andaluz presentará un contencioso para reclamar los 536 millones de euros

La relajación del déficit permitiría ampliar el gasto inversor en 320 millones de euros en 2020

La consejera Rocío Ruiz y Elías Bendodo, este lunes en San Telmo.
La consejera Rocío Ruiz y Elías Bendodo, este lunes en San Telmo. / EFE

La Junta de Andalucía seguirá adelante, en los tribunales, para intentar cobrar 537 millones de euros de ingresos del IVA de 2017. El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha anunciado este lunes que los servicios jurídicos ya han reunido las argumentaciones que harán valer ante Madrid. Entre otras razones, desde Andalucía se esgrimirá que el Ejecutivo central reconoció la existencia de esa merma en los ingresos de las comunidades.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido a las comunidades una relajación en los objetivos de déficit de 2020 y 2021, de modo que las autonomías podrían incurrir en un desfase este año del 0,2%, unos 320 millones de euros en el caso andaluz. Esto, que fue definido como "paliativo" por Montero, ha sido descalificado por Bendodo como "migajas", ya que su uso obligaría a solicitarlo como deuda. Por eso, el Gobierno andaluz desconoce si relajará sus cuentas, ya aprobadas, para aumentar el gasto.

A diferencia del dinero del IVA, la relajación del déficit permite utilizar esos 320 millones de euros en inversiones o en los gastos previstos en el Presupuesto. Si el dinero del IVA se obtuviese, sólo se podría destinar a amortizar la deuda. La razón por la que el Gobierno de Juanma Moreno no desea utilizar el desfase autorizado es porque ello conlleva cubrirlo con un préstamo. Otros miembros de su Ejecutivo han explicado que seguirán con las cuentas tal como las tienen planteadas, para terminar, por tanto, con un déficit cero, aunque se guardan la posibilidad de desviarse si hiciese falta.

Elías Bendodo ha anunciado que si la Junta hubiese cobrado el IVA, habría terminado el año 2019 con un déficit cero, una décima por abajo de lo previsto. Cabe concluir que, si se se ingresa el IVA, el déficit andaluz se situará en torno al 3%.

Los argumentos jurídicos del contencioso apelan al principio de lealtad entre las administraciones, a un supuesto de inactividad por parte de la central y al hecho de que el Gobierno había admitido que ese dinero se debió pagar. La ministra María Jesús Montero lo recogió así en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, pero fue rechazado por la oposición de centro y derecha y por ERC.

El Gobierno andaluz se ha reunido este lunes, es la segunda vez que lo hace tras el cambio de día de la reunión de su consejo. Bendodo ha insistido en que la Junta reclamará un aumento de su financiación de 4.000 millones de euros, que es el cálculo que realizó la ministra Montero cuando era consejera de Hacienda de la Junta. Esa cantidad es similar a la que ha propuesto el presidente Pedro Sánchez en el listado de 44 puntos que ha entregado a la Generalitat, en su llamada Agenda para el Reencuentro. "Esto es una agresión sin precedentes, Pedro Sánchez se va a Cataluña y le otorga concesiones que se calculan en 4.000 millones, y mientras se produce el festín catalán, el Ministerio de Hacienda convoca al Consejo de Política Fiscal y nos da las migajas a las comunidades", ha sostenido.

Uno de los puntos que asume el Gobierno central es volver a invertir en Cataluña una cantidad equivalente al peso de su PIB en el conjunto nacional. Esto está contenido en una disposición de su Estatuto, pero con carácter transitorio. Es similar al de la disposición del Estatuto andaluz, aunque el criterio es el porcentaje de la población andaluza en la española.

Los importes de libramientos fuera de plazo bajan un 31%

El Consejo de Gobierno también aprobado un decreto-ley para la justificación y el reintegro de los libramientos con justificación posterior. Sigue, así, las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. En un año se ha reducido un 31% los importes pendientes fuera de plazo. El pasado mes de julio, el Parlamento se pronunció sobre la necesidad de abordar esta cuestión, instando al nuevo Ejecutivo andaluz a adoptar medidas al respecto, señalando que este mandato ya había sido aprobado por el Legislativo regional en numerosas resoluciones referidas a la fiscalización de las Cuentas Generales de los años 2010 a 2016 y en otras actuaciones de la Cámara de Cuentas desde hace más de dos décadas, pero que había sido sistemática y reiteradamente ignorado por los anteriores gobiernos autonómicos, "ocasionando la prescripción de los posibles reintegros y caducidad de los expedientes iniciados".

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