La Junta se da hasta dos años para aplicar el resultado de las auditorías del sector instrumental

El Gobierno andaluz ha dado a conocer los primeros detalles de las auditorías del sector público que encargaron en octubre de 2019. Casi dos años después de encargarlas, el vicepresidente Juan Marín ha ilustrado, con pinceladas, parte de la información obtenida a partir de los 54 análisis realizados por consultoras externas y que ha resultado en 6.000 folios que, según ha dicho el número dos de la Junta, se publicará en el portal de transparencia en los próximos días. En palabras de Marín, estas auditorías son la constatación de que el sector público instrumental está "lleno de duplicidades y gastos innecesarios".

Algunas de las recomendaciones están ya en marcha, como la fusión de las entidades relacionadas con la promoción económica en la agencia Trade o la integración de las agencias públicas empresariales sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud. Pero Marín no ha dado detalles sobre cuántas de las 92 organizaciones con las que cuenta hoy el sector seguirán funcionando al final del proceso de racionalización que PP y Ciudadanos acordaron llevar a cabo en el acuerdo de investidura y que se ha convertido en uno de los asuntos con los que Vox presiona en sus negociaciones al incluirlo en el pacto de Presupuestos de 2019.

Con la información recogida en estas auditorías, que han costado 2,28 millones de euros, la Junta encargará a una organización externa la elaboración de un plan de simplificación del sector público instrumental. La redacción de este documento ya se licitó, pero su puesta en marcha está paralizada por un recurso en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, lo que ha paralizado la adjudicación. Una vez que se resuelva, "pronto", según fuentes de la Junta, esta empresa tendrá dos años para enjaretar las conclusiones de las auditorías en el citado plan, que tendrá un coste de 1,7 millones de euros y ya incluirá con detalle qué entidades se eliminarán y si hay necesidad de hacer despidos.

El objetivo de la Junta es prescindir de lo "innecesario o superfluo" y poner "punto y final" al "entramado" creado, según Marín, por los gobiernos socialistas que le han precedido para atender a una "red clientelar". El diagnóstico del vicepresidente realizado a partir de los datos de las auditorías señala especialmente a las duplicidades que se dan entre entes del sector instrumental y entre éstos y las consejerías de la Junta con el citado ejemplo de las agencias públicas empresariales sanitarias -que gestionan los hospitales comarcales- y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que serán integradas en el Servicio Andaluz de Salud en un proceso que ya está en marcha.

También es relevante el descontrol que las auditorías señalan en determinadas organizaciones a nivel laboral, con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como paradigma. Este organismo, que aglutina a más de 3.000 de los casi 30.000 trabajadores del sector público de la Junta, ha sido "una agencia de colocación para los otros entes instrumentales", dijo Marín. Se refería a que en el SAE hay trabajadores procedentes de la Faffe, de los consorcios, de los Utedlt y de otros organismos relacionados con el fomento del empleo y que acabaron integrándose en este ente en el que hay hasta 14 tipos de convenios colectivos.

Este fenómeno no es exclusivo del SAE, ya que entre las 92 entidades del sector público se contabilizan hasta 66 convenios distintos y, según el vicepresidente, provoca que haya personas que realizan las mismas funciones y tengan sueldos que van de los 18.000 a los 48.000 euros. "Se han cobrado muchos sobresueldos", ha espetado el líder andaluz de Ciudadanos tras sugerir que estas prebendas sólo las recibían personas afines a los gobiernos socialistas.

Pese al profuso diagnóstico, Marín no ha podido detallar cuáles son los pasos a seguir, más allá de alguna recomendación de las auditorías, como la integración de la Fundación Andalucía Olímpica en la Consejería de Educación y Deporte o la supresión del Parque Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor, del que se ha

constatado que no ha tenido actividad desde hace años y en sus terrenos en propiedad de 156.750 metros cuadrados no se ha instalado ninguna empresa. La estrategia debe elaborarla el citado plan recurrido, que también dará pistas sobre si habrá despidos.

"Si sobran trabajadores irán a la calle", ha señalado Marín, muy tajante. Pero ha reconocido que antes habrá que decidir si esos empleados públicos son útiles en otro organismo. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, de quien realmente dependen estas auditorías, explicó que la intención es poner a este personal duplicado a trabajar en asuntos como la gestión de fondos y eludió hablar de despidos. Sí recordó que el 50% de los empleados públicos de la Junta se jubilarán antes de 2030, lo que permitirá que parte de este personal salga de forma natural de la plantilla autonómica A ello hay que sumar una cierta obsesión con que se expulse a trabajadores que luego recurran su despido y ganen en los tribunales, lo que, según Marín, ha costado ya a la Junta 80 millones de euros.