Las auditorías del sector público se extienden al primer año de PP y Ciudadanos

Las auditorías del sector público instrumental no sólo fiscalizarán la gestión socialista de 54 entidades de la llamada administración socialista. El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, anunció ayer durante una comparecencia parlamentaria que los análisis realizados por compañías externas se extenderán hasta 2019, es decir, el primer año de gestión del Gobierno de PP y Ciudadanos, que se constituyó en enero de dicho año.

Según explicó el titular de Hacienda, su departamento ha decidido aprovechar los retrasos provocados por la pandemia de Covid-19 para incluir el pasado ejercicio en los análisis de estas entidades, aunque no habló de los plazos que tienen las empresas que han logrado los contratos para finalizar los trabajos. Los 16 lotes en los que se dividió el paquete se adjudicaron entre el 16 y el 27 de julio y, según figura en la web de contratación pública de la Junta, las empresas tienen seis meses para desarrollar su labor. Esto significa que no habrá resultados hasta enero de 2021.

Los encargados de las auditorías serán algunas de las principales firmas del sector, como PWC, Deloitte o EY, así como Accenture, Grant Thornton y una UTE formada por Cremades, Calvo Sotelo y Novotec. El trabajo se ha planteado en tres fases y, como reveló Bravo, el proceso está ya en la segunda. Fue en agosto cuando se puso en marcha la creación de los equipos de trabajo en las entidades analizadas y el nombramiento de un coordinador por cada lote desde la Intervención General de la Junta.También comenzó la toma de contacto entre las auditorías y los entes instrumentales. Los últimos trabajos han consistido, detalló el consejero, en “perfilar los memorandos” y en la solicitud de información por parte de las adjudicatarias.

“Para mejorar tenemos que medirnos y volvernos a medir”, ilustró Bravo para defender los beneficios de estos procesos fiscalizadores de las críticas de PSOE yAdelante Andalucía. La oposición de izquierdas se ha mostrado crítica desde que el Gobierno de PPyCs pactó con su socio de Vox la puesta en marcha de estas auditorías externas y defiende que hay organismos como la Intervención y la Cámara de Cuentas que podrían hacerlas sin necesidad de licitarlas. El diputado izquierdista Guzmán Ahumada lo ejemplificó sugiriendo que, según cree su partido, las auditorías pueden ser una “excusa para eliminar servicios en lugar de mejorarlos”.

Bravo, en su respuesta, descartó el Gobierno vaya a tomar “decisiones políticas” de las conclusiones de las auditorías, que defendió como “objetivas y apoyadas en la máxima información pública y privada”. Vox, que tiene en el recorte del sector público uno de sus principales caballos de batalla, aludió a “desvíos” provocados por la Administración socialista pero su diputada Ángela Mulas reconoció que “habra que ver no tanto cómo se corrige, si no tomar medidas para que no vuelva a ocurrir”.

La relevancia de los Presupuestos de 2021

La importancia de estas auditorías para el socio preferente del Gobierno andaluz es tal que se convirtieron en uno de los principales escollos de la negociación del Presupuesto de la Junta para este ejercicio. Fue el segundo acordado por Vox y el equipo de Juan Bravo y se desarrolló en un acuerdo amplio que sigue vigente y que Vox esgrime cada vez que tiene ocasión para presionar al Gobierno.

En los últimos días, la formación que dirige Alejandro Hernández en Andalucía ha mostrado su disposición a colaborar en la aprobación de las cuentas del año próximo, negociación que está ya en marcha desde julio. “Somos un partido serio y fiable”, insistió ayer el diputado cordobés a pesar de las criticas que lanzó al Ejecutivo autonómico, pues considera que, en ocasiones, “se abandona a la publicidad y a la autocomplacencia”.

La elaboración de las cuentas autonómicas para 2021 será distinta que en los dos presupuestos previos por varios factores. El primero es que el Gobierno de Juanma Moreno no necesita, al menos estrictamente, un nuevo presupuesto para acabar la legislatura. El segundo –y más importante– es la pandemia, que ha dado un vuelco a las prioridades de los ejecutivos.

Juan Bravo considera que hay consenso entre las cinco fuerzas de la Cámara en las prioridades: inversión en sanidad y educación y reactivación autonómica. Por eso en todas sus intervenciones públicas lanza el guante a PSOE y Adelante para que participen de la elaboración de las cuentas, a pesar de la dificultad de hacer coincidir las prioridades de la oposición de izquierdas con el socio preferente del Gobierno.