La derrota de ETA es, según los relatos oficiales, uno de los más grandes éxitos del Estado de Derecho fruto de la culminación del proceso de transición de las instituciones autoritarias del franquismo a las propias de una democracia liberal, homologable a las de los países vecinos.

Sin embargo, como ocurre con otros asertos consolidados acerca de la historia de nuestro último medio siglo, la realidad de los hechos se aleja bastante de la mercancía vendida para sustentar la hegemonía de los poderes dominantes tras la muerte del dictador gallego.

Jamás desarticulada policialmente, la organización clandestina nacida a fines de la década de los cincuenta a partir del colectivo Ekin, se autodisuelve en la primavera de 2018, ante una sorprendente indiferencia social. Punto final al que se llega tras un periodo de letargo iniciado con el alto el fuego unilateral proclamado en septiembre de 2010 y cuyos hitos sucesivos fueron su declaración de permanencia en enero de 2011, el anuncio del cese definitivo de las acciones armadas en octubre de ese mismo año y el teatral desarme de marzo de 2017.

Si bien es indiscutible que el perfeccionamiento progresivo de la labor de las fuerzas de seguridad y la mejora de la coordinación con las autoridades francesas pusieron crecientes dificultades en el nuevo milenio a la actividad de los comandos terroristas, no es menos cierto que estos nunca perdieron la siniestra capacidad que les facilitó atentar mortalmente en nuestro país hasta el verano de 2009.

Distanciándonos de lecturas triunfalistas, cabe pensar que todos estos acontecimientos se encuadran en un cambio de estrategia por parte de sus promotores, convencidos del agotamiento de la vía militar respecto a las importantes conquistas logradas en el plano electoral por sus múltiples tapaderas.

Efectivamente, y al amparo de la novedosa situación generada ante la inminencia de la desaparición de Franco, ETA (m) –a los llamados polis-milis los obviaremos por su rápida evolución hacia un socialismo de rostro democrático– impulsa en 1974 la fundación de un brazo partidista, EAS, que en 1977 deviene en otra formación, HASI, a la que el radicalismo de sus estatutos le impidió conseguir la legalización. No fue obstáculo ese marco de ilegalidad para el nacimiento en 1978 de la coalición Herri Batasuna, que desde su primera participación en las Generales de 1979 obtuvo una estimable representación institucional que le permitió llevar los planteamientos comunistas y secesionistas de ETA al terreno de la política cotidiana, especialmente en la esfera municipal. Lo que se perpetuó a través de marcas posteriores, tras el tardío acoso judicial a HB.

Toda una herencia asumida desde 2011 por Sortu, eje sobre el que pivota ese frente amplio de izquierdas soberanistas que constituye EH Bildu, cuya fortaleza presente no reside tanto en el resultado de los recientes comicios vascos como en su condición de aliado indispensable del PSOE para el sostenimiento de Sánchez en La Moncloa.