EL Gobierno quería que diciembre fuera un parteaguas. Una línea divisoria entre los asuntos más polémicos y el año electoral. Pisó el acelerador para aprobar las leyes más polémicas pendientes convirtiendo el último mes del año en una alocada carrera legislativa. Salieron adelante los presupuestos, la reforma de la malversación y la sedición (reemplazada por otro tipo de desórdenes públicos agravados con cinco años de prisión frente a los 15 del anterior); la Ley trans, que ha dividido al feminismo; y otras como la Ley del empleo, la del deporte o la de las startups. La idea era limpiar 2023 y su empinada cuesta hacia las municipales de mayo de elementos de suciedad. Apagar el ruido, opacar las polémicas y enfocarse en las medidas económicas y sociales.

Sin mando a distancia

El Gobierno actúa una vez más como si tuviera un mando a distancia para apagar y encender el país a su antojo. Como si marcara las reglas de juego. Hay un principio de política general que ignora: toda polémica susceptible de ser utilizada contra el Gobierno se utiliza alegre y repetidamente por la oposición con impar entusiasmo y, si es en año electoral, se multiplica por tres. Hubo un tiempo en el que los gobiernos mandaban mucho. Ahora el poder está mucho más repartido. Hay nuevos y voraces actores en la escena pública influyendo, decidiendo y agitando los debates. Un Gobierno tiene un poder importante obviamente, pero a ciertos efectos ese poder es cada vez más vicario. Para lograr el propósito de tirar una raya en la frontera del año, el Ejecutivo debería controlar la agenda, los tiempos y el relato. Precisamente, tres carencias muy acusadas en el Gobierno desde el principio de la legislatura. Es poco inteligente actuar como si se tuviera la capacidad de accionar las palancas y activar los resortes cuando la realidad, tozuda y diaria, demuestra lo contrario. De hecho, la mejor forma de haber evitado que le persiguiera la polémica y afectara a su crédito electoral era no haber aprobado la reforma de las leyes que afectan a los condenados del procés. Pero aprobarlas y creer que dándole al botón de off se acaban los problemas es una ensoñación absurda.

ERC revienta la agenda

Si Sánchez controlara la narrativa de su acción de Gobierno no existiría la grieta evidente entre las bondades de las medidas económicas del Gobierno -el blindaje social por la pandemia y la inflación-, el aprecio de los ciudadanos y la intención de voto. El control de los tiempos tampoco lo tienen. Sin una mayoría suficiente y dependiendo de un conglomerado heterogéneo y socialmente denostado de partidos para cada lance, unido a la acción de una parte de la Justicia frenando debates y teniendo en cuenta los elementos exógenos -algunos locales y otros globales- que inciden en el ejercicio político, el Gobierno no tiene capacidad real para decidir todo lo que quiere y cuando quiere. Si bien es cierto que el apretón legislativo le ha salido bien y ha sacado las leyes adelante, las consecuencias están fuera de su control. Y la deseada agenda -de qué se habla- acaba de reventársela ERC. Sólo tres semanas después de lograr la derogación del delito de sedición, los de Aragonès se van a tirar a la calle uniéndose a la manifestación convocada por Puigdemont desde Waterloo contra la cumbre hispano-francesa, que se celebrará en Barcelona.

Las consecuencias, vivas y largas

La resaca de la reforma del Código Penal no sólo no ha acabado sino que está empezando. El juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha hecho un doble movimiento provocado por la reforma: ha retirado el delito de sedición a Puigdemont al considerar que no cabe aplicarle el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, lo que contradice al Gobierno y su afirmación de que con la reforma la sedición no decaería. A cambio, Llarena le aplica la peor versión de la malversación, la que contempla el ánimo de lucro con dinero público y su uso indiscriminado, lo que podría conllevar penas de hasta ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para cargos públicos. Lo peor para Puigdemont es que por este delito puede ser extraditado en cualquier momento por Bélgica, que se mostraba renuente a hacerlo por otro tipo más político, como era el de sedición. Quien va a regresar rápido a España es Marta Rovira, la número dos de ERC, también condenada y fugada, ésta en Suiza, ya que, eliminada la sedición, sólo le queda la inhabilitación, que no conlleva prisión. Llarena, en su argumentación, ha discurrido argumentos contra la reforma aduciendo que plantea "un contexto cercano a la despenalización". Esto va a ser moneda común a partir de ahora en autos y sentencias. Pero al margen del procés, ya se están reclamando posibles ventajas para condenados en otros casos como la Púnica o Acuamed, dos casos de corrupción política. Por eso las consecuencias de la reforma están muy lejos de ser controladas.

¿El 'procés' ha muerto o estaba de parranda?

Si Pedro Sánchez y Bolaños proclaman que el procés ha muerto -aunque en realidad fue el propio Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana, el primero que lo dijo- la portavoz de ERC, Marta Vilalta, sostiene que agitarán las calles de Barcelona para demostrar que "sigue bien vivo". Es esa esquizofrenia tan de los independentistas republicanos: el presidente Aragonès asistirá a la cumbre, con flema y compostura, mientras sus huestes encienden las calles. La crisis entre Junts y ERC sólo va a traer en el futuro una competición de hiperventilados, a ver quién se queda el cetro indepe. Pere Aragonès sólo tiene 33 de los 135 diputados en el Parlament, no tiene presupuestos ni los va a tener y su ex socio de Junts le desea cuanto más males mejor. Por mucha Numancia que organice, la legislatura no llegará a su fin una vez más en Cataluña. Y por si había dudas sobre la capacidad del Gobierno de decidir sobre lo que conviene y lo que no: los líderes independentistas condenados por el procés van a solicitar al TS una sentencia absolutoria que elimine su responsabilidad penal por las condenas derivadas de aquellos acontecimientos. Quieren, al amparo de la reforma de Código Penal que elimina el delito de sedición y reforma el de malversación, que el TS suprima igualmente las penas de inhabilitación que recayeron sobre ellos, lo que les permitiría volver a concurrir como candidatos en las próximas elecciones. Y eso que ERC es socio preferente y supuestamente fiable. ¡Toma control de agenda! Andrés Malamud, citando al profesor de Oxford Timothy Power, recuerda que "en las sociedades polarizadas no existen presidentes populares". Ni que controlen la agenda, podría añadirse.

Encuestas y tiro porque me toca

En la otra casa grande de la política española, en la calle Génova, el PP enfila el año electoral aprovechando que la crisis institucional de finales de año también engorda las alforjas de Feijóo. Las encuestas detectan que el PSOE es el gran perjudicado por la reforma del Código Penal y el crítico episodio relacionado con la renovación de los órganos judiciales, incluida la paralización de un debate parlamentario en el Senado a petición del PP. Feijóo se despega de Sánchez y suma casi un 8% de votos procedentes de las filas socialistas. El PSOE tiene una doble crisis: ni moviliza ni fideliza. Dos venenos distintos y letales cuando coinciden. Tiene poco tiempo el Gobierno para invertir la tendencia demoscópica, aunque en Moncloa dicen fiarse más de otros números, los que contienen las encuestas no publicadas. En todo caso, salvo el sondeo del CIS, hay coincidencia en el resto de encuestas respecto a la ventaja de Feijóo. Vox -tercer partido más votado- consolida su situación, aunque con pérdida notable de escaños -podría perder 11- y Unidas Podemos pierde hasta cuatro. Ciudadanos es como la pedrea de la lotería de Navidad: reparte escaños para todos, sobre todo para PP y Vox.

Feijóo juega con dos barajas

El equipo de Feijóo lleva tiempo haciendo listas de perfiles de personas recuperables para la primera fila del PP. Separan los cromos por adscripciones, filias y fobias y después deciden. La parte más notable y publicitada de la operación es la recuperación de dos moderados de oro: Borja Sémper e Íñigo de la Serna. Dos aciertos incuestionables. Ambos tienen un acreditado perfil institucional, un discurso centrado y una trayectoria que confirma lo dicho. Sémper, cuajado en el durísimo frente del PP vasco cuando ETA asesinaba a diario, ha sido siempre un ejemplo de cómo convivir con los adversarios políticos sin hacer enemigos y es un paradigma de la política con mayúsculas. Gente así hace falta no sólo en el PP. De la Serna, tanto como alcalde de Santander como en su etapa ministerial, también ha exhibido comportamientos elogiables. Hace bien Feijóo en sumarlos a su proyecto. De hecho, lo necesita. En poco tiempo ha dilapidado bastante la imagen centrada con la que se bajó del Alvia de Santiago de Compostela. Entre permitir el Gobierno de Castilla y León con Vox y la entrada en el pantanoso y ayusista terreno de los exabruptos, pasando por el bloqueo de las instituciones, bien necesita un baño de centrismo. También han fichado a Ignacio Gragera, el actual alcalde de Badajoz, de Cs, que en un caso de transfuguismo será el cabeza de cartel del PP en las próximas municipales. No serán los últimos de Cs -Luis Garicano y Toni Roldán, posiblemente- en entrar en el trasmallo del PP mientras Arrimadas toca el violín en cubierta. Pero Feijóo, entre que sube o baja a la galaica manera, cose con dos agujas. Con menos alharacas ha incorporado a la campaña a Pilar Marcos, una aznarista que trabajó en FAES, fue diputada y terminó siendo la última que dio calor a Cayetana Álvarez de Toledo cuando Casado la apeó de la portavocía parlamentaria. Igualmente van a sumar los dos tránsfugas de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Es el juego de equilibrios en el PP: una vela a los moderados, otra a los restos de Cs y una tercera a Ayuso y Vox. Por si acaso, esta semana proclamó el líder del PP: "Los tibios no entrarán en el reino de los cielos y tengo muy claro que la tibieza no ha formado parte de mi biografía política". Debe ser un lío vivir así: una cucharadita para los de Vox y otra para el centro sociológico y levantarse cada mañana pensando qué toca decir en según qué sitio. La campaña se le va a hacer larga a todos.