La nueva Ley de Movilidad Sostenible que se tramita para su aprobación en 2023, tras más de 200 alegaciones presentadas, establece una nueva regulación para el transporte y la movilidad en nuestro país a requerimiento de Europa. Su máxima se resume en que “nunca más se construirán aeropuertos sin aviones y en medio de la nada” o carreteras que no estén totalmente justificadas.

Uno de los aspectos más interesantes, si se cumple efectivamente, tiene que ver con la obligación de coordinar el sistema de transporte público de las distintas administraciones en horarios y en los puntos de transbordo. Hacer realidad la intermodalidad del transporte público en todo el país. Suena demasiado bonito. Eso supone que un viajero que llegue en AVE a Santa Justa debe enlazar con facilidad con los trenes regionales o de Cercanías que necesite para seguir su trayecto. En definitiva, el compromiso de la coordinación de las administraciones para dar los servicios de transporte y movilidad en todo el territorio.

El segundo punto interesante es que se impulsarán solo los obras públicas sostenibles, es decir, aquellas que se demuestren rentables económica, social, ambiental y financieramente, y se analizará esta inversión años después. A partir de ahora será obligado mejorar “la justificación de las decisiones de inversión pública en infraestructura y de gasto en servicios de transporte”. En palabras de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, “con esta nueva ley se mejorará la gobernanza de las infraestructuras, principal destino de la inversión pública”. Eso puede afectar a la decisión del Ministerio sobre la ampliación de las carreteras solicitada por los empresarios de Sevilla y Cádiz: el tercer carril de la autopista AP-4 y completar el segundo carril en la Nacional IV en el tramo de Los Palacios a Jerez.

Otro elemento de interés es que posibilita la creación por parte de los ayuntamientos de una tasa para la circulación por las zonas de bajas emisiones. En Sevilla, el Ayuntamiento ha adelantado que no tiene intención de cobrar tasa alguna a los vehículos que entren en el casco histórico o en el casco antiguo de Triana.

Aparte de reforzar la participación ciudadana en la toma de decisión de las inversiones públicas, la futura Ley introduce los principios que deben seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción progresiva de vehículos automatizados o sin conductor en el sistema de transporte, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. Se establece una ventanilla única para facilitar pruebas en vías públicas.

Además, un documento marco orientará la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones (DOMOS).

En cifras

En España, el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) proceden del transporte, cinco puntos más que la media europea. El transporte es responsable de casi un tercio del total de emisiones GEI y de emisiones contaminantes en entornos urbanos. De ahí la necesidad de avanzar hacia una movilidad más limpia y saludable.

La Agencia Europea de Medio Ambiente estima en más de 25.000 las muertes prematuras que se producen cada año en nuestro país por la mala calidad del aire. Por ello, es imperativo avanzar hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud que contribuya, además, a mejorar la calidad de vida de las personas.

La futura ley se propone que las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: sostenibilidad, digitalización y cohesión social y territorial.