Asegura que "procede decretar que se deshaga lo mal hecho y la nulidad de cualquier acto o disposición contraria al acuerdo" de 2017

La Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla, que ordene el "cumplimiento real y efectivo" de los términos del acuerdo alcanzado en 2017 por la entidad con la Junta de Andalucía y la Fundación La Caixa, en torno al proyecto de rehabilitación y reforma de las Reales Atarazanas, declaradas bien de interés cultural (BIC), para su adaptación como nuevo centro cultural.

Se trata de una demanda ejecutiva de 16 páginas avanzada por Viva Sevilla que invoca el acuerdo a tres bandas alcanzado en 2017 por el colectivo, la Junta de Andalucía como dueña del monumento y la Fundación La Caixa como gestora del mismo, respecto al siempre controvertido proyecto de restauración del enclave para que acoja usos culturales.

Las obras de este monumento, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX; comenzaron en febrero de 2022 después de que a finales de diciembre de 2017, la Junta como titular del monumento, la Fundación La Caixa como concesionaria de su explotación y Adepa firmasen el citado acuerdo destinado a resolver la entonces enquistada situación del proyecto.

Y es que aunque el diseño inicial de la actuación, obra del arquitecto hispalense Guillermo Vázquez Consuegra, había sido aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico; el juzgado suspendió provisionalmente la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento tras impugnarla Adepa por lo Contencioso Administrativo.

Para Adepa, aquel proyecto original suponía un "crimen patrimonial" al no recuperar la cota original del monumento y contemplar "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.

SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL

No obstante, la prolongada y ardua negociación entablada entre Adepa y a Consejería de Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para lograr una salida negociada, extremo finalmente plasmado en el mencionado convenio de diciembre de 2017, mediante el cual se desjudicializaba el asunto.

El acuerdo implicaba una remodelación del diseño original de Vázquez Consuegra, mediante las aportaciones y recomendaciones de un grupo de trabajo formado por varios miembros de Adepa y técnicos de la consejería de Cultura.

Ya en octubre de 2021, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico daba su visto bueno a la reforma inicial del proyecto original, tras haber solicitado antes la introducción de diferentes aspectos en el nuevo documento técnico fruto del acuerdo de diciembre de 2017, como contemplar "la posibilidad de excavar la zona anexa al Postigo del Aceite", "retirar los tubos de inyección de los refuerzos y recalces bajo la cimentación de las pilastras" y "contemplar la posibilidad de prescindir o no" de la "nueva escalera diseñada para permitir el acceso a la zona excavada", como consecuencia de "su ubicación junto a los restos excavados de las pescaderías" y otros posibles vestigios que "emerjan".

Pero en enero de este año, Adepa alertaba de obras en el monumento merced a un nuevo diseño, que no contaría con los preceptivos informes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense ni de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, criticando además la limitación de las excavaciones arqueológicas a una sola de las dos naves inicialmente previstas y la reducción de la profundidad de la excavación, de los 4,5 metros iniciales a 2,4 metros; entre otros aspectos.

Ante ello, el consejero de Cultura, Arturo Bernal, explicaba que la excavación prevista "no podía ser acometida hasta el nivel" fijado inicialmente, al ser detectada la existencia de agua a los 2,4 metros de profundidad, extremo que "impedía cualquier tipo de actuación", además de que según sus palabras, "debajo de esos dos metros y medio ya no había nada, con lo cual no tenía ningún sentido seguir excavando".

DISCREPANCIAS ENTRE EL CONSEJERO Y ADEPA

Además, el consejero defendía que las actuaciones se ceñían en todo momento al acuerdo de 2017; mientras Adepa reclamaba esclarecer qué obras habían sido acometidas en los últimos tiempos en el monumento y bajo qué autorizaciones.

Ya en abril, la Comisión provincial de Patrimonio Histórico informaba favorablemente sobre el nuevo reformado del proyecto básico de ejecución de las obras, que según dicho órgano "incorpora modificaciones que afectan fundamentalmente a instalaciones y pequeños ajustes de distribución y que no implican afección al monumento", precisando que los cambios "más relevantes son los que afectan a cotas de excavación, alturas interiores y colocación de escaleras, que se han descrito y justificado".

El nuevo documento reformado del proyecto, según la Consejería, está además "apoyado por los informes de la intervención arqueológica y de los distintos estudios de patologías y análisis realizados".

En ese sentido, la demanda ejecutiva de Adepa ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve expone que el acuerdo de 2017 estipulaba que cualquier cambio en el proyecto estaría sujeto al "conocimiento y autorización" de todas las partes implicadas, si bien la asociación ha tenido conocimiento del nuevo reformado del proyecto "por medios ajenos" a lo acordado; avisando de un reiterado "incumplimiento" de los compromisos.

ACUSACIONES A LA JUNTA Y LA CAIXA

La entidad alerta así de que el mencionado nuevo reformado del proyecto ha carecido del consentimiento o siquiera "conocimiento" por parte de Adepa como parte implicada en el convenio de 2017, cuyos términos han sido "despreciados, vulnerados de manera unilateral, deliberada, negligente y consciente" por la Junta y La Caixa.

Ante estos "incumplimientos" que censura especialmente Adepa, expone al juzgado que "procede decretar que se deshaga lo mal hecho y la declaración de nulidad de cualquier acto o disposición contraria al acuerdo", como según asegura ha sido el caso.

De tal modo, pide al juzgado que ordene a la Junta y La Caixa para que en adelante y desde que sean requeridas, se "proceda de inmediato y en el plazo máximo de diez días al cumplimiento real y efectivo" del acuerdo de 2017, con aspectos como "la paralización de cualquier actuación o intervención que vaya en contra de lo acordado" en aquel año entre las partes.

Además, solicita toda una batería de modificaciones del último proyecto reformado, para aspectos como "excavar el fragmento del recinto amurallado hasta la cota del siglo XIII, excavar algunas de las naves, preferentemente" las numeradas como 6 y 7, "fijar un máximo de dos arcadas como acceso secundario por la calle Dos de Mayo" o "mantener la sala de mandos del edificio correspondiente al siglo XVIII".