Beca y Entero argumentan en favor de su prórroga en la plaza portuense

el puerto/El miércoles el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto debatirá la concesión de prórroga por tres años solicitada por la empresa que explota la plaza de toros, y resolverá si Tomás Entero y Juan Carlos Beca Belmonte, que forman la UTE Puertosantamaría 2014, siguen al timón del más que centenario y polivalente edificio, propiedad municipal desde 1915.

El Pleno decidirá si se marchan o no los actuales empresarios, si bien la empresa cuenta con la negativa del equipo de Gobierno, que desde que tomó posesión, por activa y por pasiva ha sostenido que hay que hacer un nuevo pliego, lo que conlleva una negativa de hecho a la prórroga y nueva licitación para la que ya hay candidatos, según dijo el concejal Quintana ayer a los integrantes del consejo consultivo sobre el coso, que ayer se mostró contrario a la prórroga, con la abstención de la Asamblea Taurina de Cádiz.

Las relaciones de la empresa y el equipo de gobierno se han desarrollado en zona hostil, hasta el punto de que la empresa interpuso una querella contra el concejal de plaza de toros como consecuencia de su intervención en el uso del edificio, contra el consentimiento del propietario para impartir una clase práctica de la escuela local de tauromaquia que regenta José Luis Galloso.

En el expediente que se lleva a Pleno para la prórroga el concejal responsable de plaza de toros, Ángel Quintana, ha recabado informes sobre la concesión o no de prórroga a los servicios municipales de Tesorería, Contratación, y Edificación y Arquitectura, tres informes que se incluyen en el expediente que va al Pleno y que abordan los incumplimientos.

Tomás Entero ha señalado a este medio que no solamente por su interés como empresarios que solicitan una prórroga, sino por su honor y prestigio profesional, que considera denostado, pelearán por esa prolongación de contrato hasta en los tribunales.

Entero hace una valoración positiva de esta temporada, aún no finalizada. Pone en valor a que han venido a la Plaza Real los mejores toreros del momento y dos grandes estrellas como Morante y El Juli en el mejor mano a mano de la temporada andaluza.

En cuanto a musicales dice que el éxito ha sido rotundo. Un éxito que se ha apuntado el equipo de gobierno, por su gestión del contratos y la oposición del Pp, porque se ha desarrollado merced al pliego que licitaron cuando estaban en el gobierno municipal.

Pero hay un punto previo en el debate y es esa querella que la empresa interpuso contra Quintana por prevaricación y ocupación ilegal de la plaza de toros. La tramitación de la querella no avanza porque, según la empresa, el Ayuntamiento no remite al Juzgado la información que éste le ha requerido.

Alega la empresa que como querellados el concejal Ángel Quintana debió de abstenerse de intervenir en el expediente de prórroga porque así lo impone la ley. Incurre en el motivo de abstención de tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado ya que la empresa es querellante y el concejal es querellado.

En el informe de contratación se señalan varios motivos para denegar la prórroga como que existen tres sanciones impuestas a la empresa por el Ayuntamiento en abril y mayo pasado. También se opone la UTE alegando que no son firmes, que están recurridas y el Ayuntamiento no ha resuelto los recursos, además de que las tres sanciones se han dictado con los expedientes caducados por haber pasado los plazos.

Además dicen que las tres sanciones no suponen acumulación de faltas muy graves ya que una de ellas es por falta grave y las otras dos por faltas muy graves. La acumulación de tres faltas muy graves sí que sería motivo para resolver el contrato.

Y en este punto la empresa vuelve a tachar al concejal Ángel Quintana ya que estiman que la falta de justificación de las tres sanciones y su coincidencia en abril y mayo pasados les mueve a pensar que se han forzado para justificar una denegación de prórroga o como respuesta a la querella.

Una de las sanciones, la impuesta el 8 de mayo por 5.000 euros, reprocha el incumplimiento por la empresa de las obligaciones de Radio y Televisión. La empresa explica que se inició el expediente sancionador el 1 de diciembre de 2016, antes de que se liquidara la cantidad debida por la UTE por ese ejercicio que fue el pasado 17 de abril de 2017. Concluyen que se les impone una falta grave por impago de una deuda cuya obligación de pago no había nacido todavía.

La segunda multa, de 13.000 euros, por no celebrar dos novilladas obligatorias, impuesta el 4 de mayo de 2017, explican que no pudieron celebrarse por causas ajenas al concesionario, ya que carecía la plaza de las mínimas condiciones de seguridad para albergar espectáculos por el problema del sistema eléctrico.

Tras la entrega de la plaza después de las obras, en junio, alertó la empresa sobre las deficiencias en el estado de la plaza y en septiembre el organismo de control (OCA) señaló 27 defectos graves que ponían en riesgo la seguridad de las personas. A raíz de ello la aseguradora de responsabilidad civil de la empresa retiró el preceptivo seguro porque la plaza no reunía las condiciones para celebrar espectáculos taurinos. Por ello asegura la empresa que no se pudieron dar esos dos festejos. Durante el invierno el Ayuntamiento reparó la instalación eléctrica.

La tercera sanción, de 13.000 euros, castiga el incumplimiento de informar los ingresos de cada espectáculo, informatizar el servicio de venta de localidades y aportar un certificado auditado por tercero ajeno al contratista, de venta de cada espectáculo.

La UTE que rigen Entero y Juan Beca Belmonte asegura que han cumplido contratando el servicio de venta de localidades con dos plataformas informáticas de ámbito nacional: El Corte Inglés y Ticketmaster.

Los empresarios alegan algo más respecto del informe negativo de Contratación: los técnicos que suscriben el informe desfavorable explican que han estado elaborando un nuevo pliego de condiciones, algo que para la empresa es ilegal ya que la decisión de elaborar un pliego nuevo no ha sido adoptada formalmente por la corporación y sin esa iniciativa esa elaboración es desviación de poder.

También nos comunica la empresa sus argumentos contra el informe del Arquitecto Municipal. El técnico no se pronuncia sobre la prórroga sino que informa del estado de conservación del edificio de acuerdo con las obligaciones del artículo 10 del pliego. Advierte la empresa que el pliego no les obliga a hacer obras nuevas sino a ejecutar las imprescindibles para mantenimiento, conservación y puesta en uso del edificio.

También cuestionan Entero y Beca que no consta la fecha de la visita de inspección del arquitecto que firma el informe, ni existe acta de la visita firmada por el arquitecto y un representante de la concesión que pudiera recoger sus alegaciones, como exige la ley.

Los argumentos en contra del informe de la empresa son que el no tiene base probatoria, que está planteado en términos genéricos y que no se les ha dado traslado para alegaciones. Hacen Entero y Beca dos puntualizaciones sobre los defectos advertidos:

Dice el informe que no se ha procedido a la impermeabilización de los tendidos, sin embargo el arquitecto municipal acordó con el arquitecto de la empresa que las goteras habidas no eran por falta de impermeabilización sino de estanqueidad, y que no debería hacerse ninguna reforma.

Que por lo que hace al resto de los desperfectos se remiten a las actas de recepción de la plaza donde consta su estado de 27 de mayo de 2014 y 23 de junio de 2016.

Sobre el informe negativo de Tesorería, los empresarios dicen que la petición de informe del concejal es claramente tendenciosa porque pide "informe de incumplimientos" y sin embargo el tesorero se limita a recoger los litigios pendientes entre el Ayuntamiento y la empresa relativos al IBI y las sanciones administrativas, todas pendientes de los recursos administrativos y judiciales a los que tienen derecho como contratistas, sin que ello suponga incumplimiento alguno.

Los recursos se refieren a las sanciones graves y muy graves que hemos relatado en esta serie de argumentos expuestos y facilitados por la empresa a este medio. La cuestión del IBI es que la empresa ha recurrido las dos últimas liquidaciones de ese tributo, por entender que no son conformes a derecho.

En conclusión, la empresa considera que ha cumplido escrupulosamente con el pliego y ha organizado los mejores espectáculos taurinos y musicales de los últimos cinco años y que en lo que no ha estado de acuerdo con el Ayuntamiento ha acudido a las vías de recursos administrativos y judiciales a las que tiene derecho.

Denuncian que durante los últimos 10 meses han sufrido una serie de iniciativas municipales con la única finalidad de ahogar económicamente a la empresa y para que no pidiera la prórroga.

Que esa actividad municipal solo responde al interés personal de algunos de sus miembros de cambiar de concesionario, y en venganza por la querella contra Quintana por prevaricación y ocupación ilegal de la plaza de toros, debiendo haberse abstenido. Dentro de esa campaña de hostigamiento enmarcan el inicio de expedientes sancionadores y se quejan de que se ha dirigido el sentido de aguaos informes técnicos habiéndose iniciado la elaboración de un nuevo pliego antes de la decisión de conceder o no la prórroga.

El miércoles se despejará la incógnita en un Pleno en el que se va a registrar muchas intervenciones en contra de la empresa y en el que intervendrá uno de los empresarios. En este siglo el Pleno solamente denegó una vez la prórroga a Justo Ojeda, tras su primer mandato, denegación que corrigió el plenario en una siguiente sesión.

Lo que sí que ha sido habitual son los litigios de la propiedad municipal con los contratistas que, desde los tiempos de Barrilaro han acabado en el Juzgado. Canorea y Barrilaro litigaron con el consistorio y se solucionó con una transacción judicial por la que estuvieron diez años más en la plaza: hasta 2.000.

La empresa de Justo Ojeda y el Ayuntamiento también tuvieron cuestiones que resolver en el Juzgado, entre ellas trascendió la de la báscula de los corrales, mejora de la que se tuvo que hacer cargo por fin el consistorio. También se resolvieron en el Juzgado reclamaciones de la explotación.