El consejo de administración de la RTVA asumirá las funciones de la Dirección en caso de vacante

Sevilla/El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto-ley que autoriza al consejo de administración de la RTVA a asumir las funciones de la Dirección General cuando esté vacante este cargo, una situación no prevista en la ley y que se ha generado por primera vez tras la anunciada dimisión de Pablo Carrasco. La norma aprobada añade un párrafo al artículo 18 de la ley de creación de la RTVA para establecer que las funciones de la Dirección General serán ejercidas por el consejo de administración, con carácter provisional, hasta el nombramiento por el Parlamento del nuevo titular.

El decreto-ley también habilita al consejo de administración para que delegue en el personal directivo de la RTVA el ejercicio de aquellas funciones que corresponden al director general, delegación que se acordará por mayoría absoluta de sus miembros y con la misma limitación temporal que tiene el consejo. En esta ocasión, el consejo de administración se reunirá el próximo viernes y acordará, con toda probabilidad, delegar dichas funciones en el actual director de Canal Sur Radio, Joaquín Durán.

En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la titular de Presidencia, Susana Díaz, ha destacado la "celeridad" con la que ha actuado el Ejecutivo para garantizar la "estabilidad" del ente público. "Estamos en una situación de extrema trascendencia porque muchas de las atribuciones de la dirección general afectan al trabajo diario", ha subrayado Díaz, que se ha referido también al impulso del proceso de negociación colectiva.

Díaz ha confiado en que el nuevo director sea elegido en el actual periodo de sesiones, que termina el 30 de junio, y ha informado de que así se lo ha trasladado al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, a quien comunicó que se abriría la ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios. "Tenemos que mantener un compromiso con el modelo de televisión pública que entre todos hemos diseñado y debemos estar al servicio de la promoción de los valores que representa la RTVA, desde la independencia, la objetividad, la neutralidad informativa y la veracidad", ha resaltado.

Según la consejera, el PP tiene la "oportunidad en Andalucía de hacer lo que no se ha hecho con Televisión Española y que el director general de la RTVA se elija por consenso". Respecto a IU, ha indicado que la voluntad del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, es "preservar la ley actual", que establece el respaldo de dos tercios de los diputados del Parlamento para la elección del nuevo director -o de tres quintos en segunda votación- lo que exige el apoyo del PP. Por ello, ha confiado en que la situación se "desbloquee cuanto antes" y que el compromiso de los grupos "sea suficientemente sólido como para proteger esta ley".

Preguntada sobre si se plantea la posibilidad de que Durán pueda mantenerse en el cargo hasta la fecha en la que expiraba el mandato de Pablo Carrasco, es decir, más de un año, la consejera ha dicho que no contempla ese escenario, sino que "en un periodo razonable sean capaces los grupos de llegar a un acuerdo", de forma que "la responsabilidad sea la bandera". Ha confiado en el compromiso de los tres grupos políticos con la ley de la RTVA, que ha calificado de "ejemplar" y de la que ha dicho que hay que "blindar".

Ha asegurado que el Gobierno andaluz va a seguir apostando por el papel de los medios públicos de comunicación y por el mantenimiento del empleo en la RTVA, un compromiso que ha dicho que ha quedado patente con la reciente firma del contrato-programa, que tiene una vigencia de tres años. Se trata, según Díaz, de una "hoja de ruta distinta" a la de los gobiernos del PP, tras lo que ha destacado el trabajo "riguroso" que está haciendo la RTVA para garantizar su viabilidad "con un esfuerzo importante de austeridad que viene a compensar la disminución de los ingresos". En este contexto, ha resaltado que la televisión andaluza es la que menos cuesta a los ciudadanos (14,5 euros por persona) frente a los 56,7 euros de la televisión vasca; los 35,9 de la gallega o los 34,5 euros de la televisión catalana. Según la consejera, la RTVA no tiene "fecha de caducidad" pues cuenta con un proyecto "viable en el tiempo" frente al "sendero de privatización" que se ha abierto en las comunidades gobernadas por el PP.